Son alrededor de 1.500 entre jubilados, jubiladas, pensionados y sobrevivientes, quienes a través de diferentes gestiones y grupos organizados han venido planteando su situación ante las autoridades del Ministerio del Trabajo, la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), e incluso la Presidencia de la República. La más reciente gestión ha sido la entrega de una comunicación en la sede central del MinTrabajo días atrás, el 19 de enero, con algunas de sus demandas, a falta de que los recibiera alguna autoridad para plantear la situación, debieron conformarse con un sello de “Recibido” en la recepción del despacho del ministro.
Es la más reciente de muchas veces que se han dirigido formalmente a algunas de las autoridades con competencia en su situación, o que han acudido a buscar que los escuchen y les den respuesta. En marzo de 2020 entregaron comunicación dirigida a Eduardo Piñate, entonces ministro, en la cual exponían su situación y, a su vez, solicitaban respuesta de otros planteamientos hechos en comunicaciones entregadas el 25/01/2019 y el 03/09/2019. El 04 de junio de 2021 enviaron carta al ministro entrante, José Ramón Rivero, con copia a Rafael Ríos, Tesorero de la Seguridad Social y también Viceministro de Previsión Social, en la misma le daban la bienvenida al ministro y explicaban, entre otras cosas, la situación de retrasos y desconocimiento de cálculos con base a aumentos recientes, en el caso de quienes cobran por la TSS.
El 21 de octubre de 2021 se volvieron a dirigir en comunicación al ministro Rivero. El 17 de noviembre entregaron comunicación dirigida a la Tesorera Nacional (MinFinanzas), solicitando diversas informaciones sobre los recursos para la Asociación de Jubilados, Pensionados y Sobrevivientes (Asomintra), provenientes de las retenciones que el ministerio hace a los jubilados y de la asignación presupuestaria para la misma, dado que no habían recibido ni la información ni los abonos en cuenta correspondientes, y además ya habían “agotado la vía institucional con las direcciones del MPPPST [Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo, NdR]”, sin obtener respuesta alguna. Sin embargo, tampoco la obtuvieron del Ministerio de Finanzas. También a mediados de noviembre, el 16, entregaron comunicación en Miraflores, dirigida al Presidente. Tampoco los han contactado.
El 23 de diciembre pasado, un grupo de jubilados y pensionados se acercó al ministerio para solicitar ser incluidos en la entrega de la bolsa navideña de alimentos, sin embargo, tal como reseñamos en su momento, ni siquiera fueran atendidos y, peor aún, les impidieron el acceso y enviaron un piquete de la policía nacional (PNB) para vigilarlos.
En diferentes misivas, la Asociación señala que la homologación salarial y del monto de la jubilación es un derecho que les viene siendo vulnerado. Los montos que reciben no toman en cuenta la escala salarial, pasos y niveles que tenían de acuerdo a los años de servicios al momento de jubilarse. “No se justifica –dicen– que toda la población [de jubilados del ministerio] devengue un salario mínimo de siete bolívares (7,00 Bs.) mensuales, independientemente del cargo con que son egresados”. Aun cuando hayan egresado con distintos niveles de profesionalización (bachilleres, técnicos, profesionales), de responsabilidad y de grados en las tablas salariales, están “igualados” hacia abajo, en el primer paso de la tabla, el más bajo.
Esto hace además que, aun cuando “la tabla se mueva”, es decir, aun cuando haya algunos aumentos en los salarios de los diferentes cargos, eso no se refleja en los montos que reciben los pensionados, lo que contraviene disposiciones legales. La homologación es un derecho amparado en artículos de la Constitución (artículos 80 y 86) y en el Artículo 14 del Decreto-Ley 1.440 (17/11/2014) sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal, el cual contempla revisar periódicamente los montos de los pensionados del sector para ajustarlos al salario actual del cargo en que se desempeñaba el trabajador o trabajadora al momento de jubilarse.
Otro de los derechos que les han quitado es el seguro de HCM (Hospitalización, Cirugía y Maternidad) y servicio funerario, una situación que padecen también los trabajadores y trabajadoras activos. Manifiestan seguir a la espera de la activación de este seguro médico, siendo uno de los problemas más graves que padece actualmente, siendo una población especialmente vulnerable en materia de salud, y está desprovista de esta cobertura, teniendo ya consecuencias trágicas y evitables: “vemos con bastante preocupación –dice una de las cartas entregadas– la cantidad de jubilados, pensionados y sobrevivientes que han fallecido por falta de atención médica”.
La fecha de la vulneración de varios de estos derechos coincide con el lanzamiento por parte del Gobierno Nacional en 2018 del plan de ajuste neoliberal, llamando cínicamente “Plan de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad”, que implicaba una política de ataques brutales contra conquistas y derechos obreros. Como parte de esa política estuvo la imposición de nuevas tablas salariales y el Memorando 2792 (emitido precisamente por el Ministerio del Trabajo) que, básicamente, daba autorización “legal” a los patronos privados y públicos, a lo largo y ancho del país, a desconocer derechos establecidos en los contratos y convenciones colectivas.
En su momento, los trabajadores y trabajadoras del propio MinTrabajo, así como muchos otros en muchas partes del país, rechazaron esos ataques exigiendo se respetara el principio de progresividad e intangibilidad de los derechos laborales. Un señalamiento que también hacen actualmente las y los jubilados del Ministerio del Trabajo.
La Constitución establece, en su Artículo 89, que “Ninguna ley podrá establecer disposiciones que alteren la intangibilidad y progresividad de los derechos y beneficios laborales… Los derechos laborales son irrenunciables. Es nula toda acción, acuerdo o convenio que implique renuncia o menoscabo de estos derechos”, y en esta disposición, además de las señaladas antes, se apoyan las y los jubilados del MinTrabajo para plantear sus demandas.
La exclusión de la bolsa de alimentos es también otro asunto de suma importancia. Al igual que las del CLAP, la bolsa que otorga el MinTrabajo tiene un contenido en realidad bastante deficiente, si se lo compara con las necesidades alimenticias básicas, sin embargo, en unas condiciones de salarios y jubilaciones totalmente destruidos, de hiperinflación en los últimos años, de generalización de la pobreza y la miseria económica, para muchas personas esa pequeña cantidad de alimentos puede hacer la diferencia entre pasar hambre o no.
Esa es precisamente la situación de muchos jubilados y jubiladas del Ministerio del Trabajo, quienes desde hace dos años fueron excluidos del listado de personas a recibir esa bolsa de alimentos, teniendo ya gravísimas consecuencias: como señalan en la carta del 21 de octubre de 2021 al ministro José Ramón Rivero, solicitan su reincorporación a la asignación de la bolsa, “ya que muchos compañeros han fallecido por falta de una balanceada alimentación”. Una realidad totalmente deplorable e injustificable.
A la lista de problemas que tiene este sector se agrega el hecho de que casi 250 de ellos no están cobrando la jubilación por el ministerio, sino a través de la Tesorería de la Seguridad Social, lo que los coloca en una situación de mayor desigualdad y vulnerabilidad, dados los retrasos en la actualización del monto o en el pago de retroactivos, en una economía marcada por la voraz inflación. “Es injusto –dicen– que los jubilados que cobramos por la Tesorería de la Seguridad Social, cada vez que el Ejecutivo Nacional decreta un aumento de pensión tenemos que estar solicitando y rogando nuestros pagos, que ellos nos cancelan en diferentes fechas, violando nuestro derecho a la igualdad”. Piden ser pasados todos a la nómina de pagos del ministerio.
Por si hiciesen falta dificultades, tienen el problema adicional de no contar con una sede para el funcionamiento de la Asociación de Jubilados, Pensionados y Sobrevivientes, ya que fueron desalojados de la sede donde funcionó esta asociación durante 18 años (edifico del INPSASEL, ente dependiente del Ministerio del Trabajo), y no han sido reubicados en un nuevo espacio adecuado.
Fueron desalojados en agosto de 2019 y reubicados provisionalmente en los espacios de la biblioteca del ministerio (Torre Sur del Centro Simón Bolívar), donde en cuatro oportunidades fueron víctimas de la sustracción de los bienes y materiales de la asociación, hechos denunciados ante el CICPC, sin que hasta el momento haya sido aclarado cómo ocurrieron, siendo instalaciones bajo custodia de la seguridad del ministerio. Una situación de prácticamente desvalijamiento de la Asociación, de la cual no han obtenido respuesta alguna por parte de las autoridades del ministerio, ni en su momento por Eduardo Piñate, bajo cuya administración ocurrieron los hechos, ni por el actual ministro Rivero.
Insisten en solicitar les sea restituido el derecho a contar con una sede, un “espacio adecuado, no solo para [el funcionamiento de] la Junta Directiva, sino para todos los jubilados, pensionados y sobrevivientes que acuden en busca de información o atención”. Actualmente, sin oficina, bienes ni equipos tecnológicos, en ocasiones esta asociación de jubilados ha tenido que realizar sus reuniones incluso en plena Plaza Caracas.
En junio de 2019 la Asociación presentó formalmente, también, una propuesta completa para lograr la restitución de sus derechos vulnerados, planteamientos y sugerencias fundamentadas en disposiciones legales. Sin embargo, no han obtenido respuestas a esta propuesta.
La situación por la que atraviesan estas jubiladas, jubilados y pensionados del Ministerio del Trabajo es verdaderamente crítica. Se mantienen organizados aún con tantas dificultades materiales en contra, dada la precaria situación económica, social, e incluso de salud, de muchos, y se mantienen exigiendo sus derechos. |
