El Gobierno dispuso el llamado a sesiones extraordinarias en el Congreso de la Nación a partir del 1° de febrero. Se anunció este martes a la tarde y será oficializada mañana en el Boletín Oficial. Entre los proyectos que se discutirán están la reforma del Consejo de la Magistratura, y beneficios para las patronales como la Ley de Desarrollo Agroindustrial, establece un plazo de 10 años para la amortización de las inversiones, y propone el recupero anticipado del IVA, un bono a futuro para la inversión en semillas.
También habrá cambios en la ley de Compre Argentino, estableciendo preferencias a la adquisición, locación o leasing de bienes de origen nacional para entidades de la administración nacional y empresas del Estado; y el proyecto de la Producción de Cannabis y Cáñamo.
Además se debatirá la Ley de Electromovilidad, con un plan de beneficios impositivos, exigencias de línea de producción y obligaciones contractuales para los próximos 10 años, la Ley de Industria Automotriz que buscará declarar al sector Automotriz Autopartista como industria estratégica estableciendo beneficios fiscales para las nuevas inversiones. Entre los proyectos económicos y productivos también están la prórroga de algunos artículos del Régimen de Incentivo a la Construcción Federal, y la ley de Promoción de la Formación y del Desarrollo de la Enfermería.
Otro proyecto que discutirá el Congreso es el proyecto de Ley Nacional de Respuesta Integral al VIH, Hepatitis Virales, Otras Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y Tuberculosis (TBC). Desde hace 6 años, decenas de organizaciones y activistas vienen presentando este proyecto.
Por las tensiones en la negociación con el FMI el Plan Plurianual no fue incluido en las sesiones extraordinarias. Alberto Fernández lo había anunciado, con un mensaje grabado, después de las elecciones del 14 de noviembre. En aquella oportunidad dijo que la primera semana de diciembre lo enviaría al Congreso y que incluiría la línea de negociación que tiene la Argentina con el Fondo.
La agenda impulsada por el Ejecutivo se definió en las últimas horas, y estuvo en manos del propio presidente, Alberto Fernández, y la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra.
Las prioridades oficiales no son atender las necesidades sociales sino que la agenda parlamentaria en su gran mayoría se centrará en discutir beneficios para las grandes patronales. En las calles, y también en el Congreso el Frente de Izquierda se prepara para denunciar cada negociado y cada ley antipopular dentro de la Cámara de Diputados.
| 
