Colombia arranca el 2022 con la competencia política hacia las elecciones presidenciales y parlamentarias del 29 de mayo. Las tres coaliciones hasta ahora presentadas, en las que se encuentran 17 precandidates, enmarcan la contienda, pues casi todos prevén poco electorado para llegar a una curul o a la Casa de Nariño.
El estallido social de lo que se conoció como “Paro Nacional” del año pasado en Colombia expuso la negativa de la presidencia de Iván Duque y los gobiernos locales para resolver las crisis producto de la pobreza, la precarización laboral, la falta de salud y educación, sumado a un pésimo manejo de la pandemia. Por el contrario, no escatimaron recursos a la hora de reprimir, asesinar, desaparecer y judicializar a los jóvenes que reclamaban un país con derechos. Las inconformidades del pueblo manifestadas a lo largo y ancho del país pusieron en vilo las elecciones del presente año, el repudio al Uribismo representado en su partido el Centro Democrático se hace notar y todos aquellos candidatos de esta tendencia no encuentran eco en los electores.
Tanto la derecha como el progresismo han buscado alianzas con otros candidatos para lanzarse en grupos y empezar la carrera electoral con consultas internas que se realizarán el 13 de marzo, día de las elecciones al Congreso. 17 precandidates presidenciales están en las listas de las coaliciones de la siguiente manera: en el Pacto Histórico, de centroizquierda, se encuentran Gustavo Petro, Francia Márquez, Camilo Romero, Alfredo Saade y Arelis Uriana. Petro es el favorito para ganar la presidencia, Márquez es una lideresa afro colombiana quien ha ganado mucha fuerza, Alfredo Saade es pastor cristiano que puso al servicio de Petro los votantes de sus iglesias, aunque ahora dispute con él las internas y Arelis Uriana es lideresa del pueblo indígena Wayú.
Por la Coalición Centro Esperanza, que dice ser de centro, pero su tendencia en la práctica es de derecha, se encuentran Sergio Fajardo ex alcalde de Medellín y ex candidato presidencial por el partido Alianza Verde, Juan Manuel Galán ex senador del partido liberal, Alejandro Gaviria académico, Jorge Enrique Robledo actual senador, Carlos Amaya político, Juan Fernando Cristo ex senador e Ingrid Betancourt que fue precandidata presidencial en 2008 y secuestrada seis años por las FARC cuando hacía campaña política.
El Equipo por Colombia está conformado por la ultraderecha, aunque los medios de comunicación intenten mostrarlos como la centro derecha. Este grupo representa la política tradicional y nefasta del expresidente Álvaro Uribe. En esta coalición están el empresario y ex alcalde de Barranquilla, Alejandro Char; Federico Gutiérrez, ex alcalde de Medellín; Enrique Peñalosa, ex alcalde de Bogotá; David Barguil, político de origen libanés y Aydeé Lizarazo, actual senadora por el Movimiento Independiente de Renovación Absoluta – MIRA, partido cristiano. A esta coalición puede sumarse los candidatos directos de Álvaro Uribe, como Iván Zuluaga. El único candidato de corte uribista que no ha manifestado hacer coalición es Rodolfo Hernández ex alcalde de Bucaramanga, conocido por su soberbia, agresividad y corrupción durante su administración.
De acuerdo con la última encuesta de percepción de Invamer Poll realizada en enero de este año, la aprobación más alta la tiene el precandidato del Pacto Histórico Gustavo Petro con el 34%. Si bien su desaprobación está en el 44% es el candidato con más chance a ganar las presidenciales del 2022. Le sigue Juan Manuel Galán del partido liberal con el 32% de favorabilidad, Humberto de la Calle con el 32%, también del partido liberal y conocido por su papel como negociador en los llamados acuerdos de paz de la Habana con las FARC. Sergio Fajardo con el 32% de favorabilidad quien no quiso hacer alianza con Petro en las anteriores elecciones presidenciales del 2018. Los demás candidatos incluyendo los de la extrema derecha están por debajo del 18% de favorabilidad como Enrique Peñaloza (18%), Alejandro Gaviria (16%), Germán Vargas (15%), Oscar Zuluaga (12%).
Entre tanto, los medios oficiales resaltan la desfavorabilidad de Petro y reviven el fantasma de las FARC para desacreditarlo. Atentados terroristas como el del pasado 19 de enero en el departamento (provincia) de Arauca, fronterizo con Venezuela, son hechos usuales que se ponen en marcha para provocar el temor de la población y luego prometer la famosa paz con los grupos armados, manzana de la discordia en la política colombiana que solo busca mantener a la derecha en el poder.
Asimismo, se conoce que la Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC) firmó un contrato con INDRA, una empresa española, para hacer el escrutinio nacional de las elecciones del 2022, en un proceso unilateral y que genera dudas sobre la transparencia del recuento de votos. Como lo advierte el diario El Espectador “la principal crítica a estos procesos contractuales sigue siendo que sirven para que la RNEC diseñe unilateralmente las elecciones en el país. No hay consultas, no hay procesos abiertos a comentarios. Se contrata de afán”.
En este mismo sentido, la página web de la RNEC presentó problemas para la inscripción de cédulas de ciudadanía faltando pocos días para que cierre la inscripción. Esto tiene que ver con los nuevos votantes, jóvenes entre los 18 y los 24 años que acudirían a las urnas por primera vez y que son de acuerdo al Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE el 12% de la población, es decir que son un segmento clave que puede definir las próximas elecciones.
No se puede pasar por alto la nueva ley de “Seguridad Ciudadana” sancionada por Iván Duque el 25 de enero que como lo menciona el diario El Espectador no es una ley novedosa pero sí propone medidas más severas que criminalizan, aumentan las penas, los delitos y el tiempo en cárcel “Los temas que más preocupan a abogados y expertos son el de la legítima defensa privilegiada, agravantes por el uso de máscaras y capuchas cuando hay afectaciones en la infraestructura, los traslados preventivos, el aumento de penas, por mencionar algunos. En ese sentido, consideran que la ley fue un proyecto que nació tras el estallido social de 2021, que movilizó a miles de personas y que tomó impulso en tiempo electoral”.
De esta ley, con la que busca afianzar a su base de derecha que pide “mano dura”, en vísperas de las elecciones, Duque destacó el aumento de penas para quien atente contra la infraestructura pública y la protección de la propiedad privada considerada según él como pilar fundamental de la democracia. Estos dos apartados de la nueva ley dejan ver claramente el interés por reprimir al pueblo si se atreve de nuevo a tomar las calles como en el Paro Nacional del 2021 o si se muestran inconformes con el resultado de las elecciones.
Es que ante la posibilidad de que el estallido social de 2021 terminara con el Gobierno de Duque, hubo un acuerdo entre las direcciones sindicales y las principales figuras políticas de la oposición de cerrar filas en torno al presidente y apoyar la instalación de una Mesa de Diálogo. Incluso Petro, aun cuando no participó directamente de esa Mesa, sí aconsejó a las direcciones sindicales para que lo hagan y luego señaló que las protestas habían ido demasiado lejos. Esto permitió que con el correr de las semanas las protestas se fueran debilitando, mientras todos los partidos sostenían a Duque e insistían en que el camino no eran las protestas en las calles sino esperar a las elecciones de este año y resolverlo en las urnas.
Ese tiempo valioso que se perdió, no solo impidió que se le torciera el brazo a Duque imponiendo las demandas de la juventud, las mujeres y los trabajadores, sino que implicó una represión y persecución a los sectores que seguían protestando que incluyó muertos, heridos y detenidos. Sobre esa sangre derramada y la persecución a las y los luchadores es que allanaron el camino hacia las elecciones de este año, y es por eso que, más allá de los resultados electorales, la lucha para obtener las demandas que quedan pendientes sigue estando en las calles.
