Rubén colaboraba para la revista Proceso y otras agencias de periodismo, una de sus actividades era darle cobertura a los movimientos sociales. En últimas semanas se encontraba en calidad de exiliado en el Distrito Federal, producto de las amenazas de muerte recibidas por parte del gobierno del priísta Javier Duarte en Veracruz.
Las otras cuatro personas asesinadas eran mujeres, cuyas identidades se han ido revelando a cuenta gotas.
Nadia Vera, originaria de Chiapas, se trasladó a Veracruz a estudiar la carrera de antropología social, era activista política, fue participe en el año 2012 del #Yosoy132Xalapa, cuando miles de jóvenes salieron a las calles en 2012 a repudiar el regreso de PRI y el ascenso del represor de Atenco, Enrique Peña Nieto a la presidencia. Apoyo al movimiento magisterial en la lucha contra la reforma educativa en el 2013, actualmente estaba activa en el movimiento por la aparición con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa y el de defensa contra las agresiones a periodistas, de la Defensoría y Estrategias Integrales para los Derechos Humanos y Territoriales.
Realizó denuncias públicas contra el asesinato a periodistas, el ataque contra los luchadores sociales, el aumento de la violencia contra las mujeres en el estado de Veracruz, y la complicidad del gobierno de Duarte ante estos crímenes. En 2012 su casa fue allanada, en el mismo año en una movilización fue detenida arbitrariamente. Al igual que Rubén, vino a la Ciudad de México desplazada por la violencia en el Estado de Veracruz.
Yesenia Quiroz de 18 años, trabajaba como maquillista y era originaria de Morelia, Michoacán.
Recientemente se revelo vía la Jornada que la tercera mujer asesinada de origen colombiano era Simone o mejor conocida como Nicole, según informan a partir de las declaraciones de algunos conocidos que vivían en el departamento de la colonia Narvarte. Y la cuarta mujer era Alejandra trabajadora doméstica proveniente del Estado de México.
Según información de las autoridades y diferentes medios de comunicación, las mujeres fueron encontradas semidesnudas, maniatadas, con huellas de violencia y tortura sexual y con el tiro de gracia. Estos acontecimientos ponen al descubierto nuevamente, la verdadera cara asesina y misógina del régimen político mexicano. Lejos de ser un evento aislado, estos hechos se dan en el marco del aumento contra la violencia a las mujeres -principalmente a las que provienen de sectores precarizados, que son trabajadoras y luchadoras sociales-, el ataque al periodismo y el robustecimiento de la represión contra los sectores que luchan. Ejemplo de ello, la militarización en el Estado de Oaxaca ante las movilizaciones del magisterio. El asesinato misógino de estas mujeres junto al asesinato de Rubén Espinosa, se escucha de nueva cuenta Fue el Estado.
Los brutales feminicidios de Nadia, Yesenia, Simone y Alejandra aunado a las terribles torturas y vejaciones que sufrieron antes de su muerte, dejan un claro mensaje de terror y disciplinamiento político para el resto de las mujeres y en particular contra las luchadoras sociales. Sobre sus cuerpos se imprimió el odio político y la saña misógina, de aquellos que como no pudieron acallar a las voces críticas y disidentes, decidieron terminar con la vida de las mujeres, para mostrar el escarmiento al que podemos enfrentarnos.
Recordemos que en el 2006 en Atenco el gobierno priísta de Peña Nieto utilizo la violación a mujeres claramente como una política de Estado, un mecanismo de represión y opresión de clase, pero puntualmente un “merecido castigo” por andar de “revoltosas” sobre las mujeres pobres que luchan y alzan la voz para defender sus derechos, lo que les pertenece.
La violencia, las violaciones y la tortura sexual, son sobre todo métodos de castigo ejemplar, apuntando a la disolución de las luchas, mostrando a las mujeres lo que es capaz de hacer el Estado si se atreven a luchar y organizarse.
Dejan una marca permanente sobre sus cuerpos, con un mensaje claro: en esta sociedad el cuerpo de las mujeres permanentemente es objeto de la presión de clase, del capital; el Estado y sus gobiernos son quienes mandan sobre las mujeres, ultrajando sus cuerpos y reduciéndolos a objetos sexuales con la represión sexual y las violaciones para quebrar por esa vía la moral.
En 2014 la organización Reporteros sin Fronteras calificó a México, como el país americano más mortífero para el ejercer el periodismo. Según cifras oficiales de 2010 a la fecha, se han registrado 31 asesinatos de periodistas y trabajadores de medios de comunicación, ejecutados principalmente por miembros del crimen organizado en contubernio con los gobiernos estatales y federal. Una tercera parte de estos asesinatos se ha cometido en el estado de Veracruz -considerado como la entidad más peligrosa para ejercer el periodismo crítico-, y en donde la violencia e impunidad, han caracterizado los tres años que lleva Javier Duarte y el PRI en el poder.
El asesinato de Rubén Espinosa es un duro golpe a la libertad de expresión y prensa crítica, y cuyos principales responsables son las autoridades encabezadas por los partidos patronales del PRI-PAN-PRD. A su nombre se suman los de Gregorio Jiménez, Regina Martínez Pérez, Irasema Becerra, Guillermo Luna Varela, Gabriel Huge Córdova, Esteban Rodríguez y los 100 periodistas y reporteros asesinados en el país, desde el año 2000.
Desde la Agrupación de Mujeres Pan y Rosas nos sumamos a la exigencia de justicia para Nadia, Yesenia, Simone, Alejandra y Rubén. Denunciamos como principal involucrado y responsable de esta nueva masacre, al gobierno del Javier Duarte quien durante su administración se ha caracterizado no sólo por la censura y ataques a los medios de comunicación independientes, sino también por su tolerancia y complicidad frente al alarmante aumento del feminicidio, las redes de trata y la militarización que tienen en Veracruz, un doloroso bastión que se mantiene en la más completa impunidad y silencio.
Denunciamos también, la responsabilidad política del gobierno de Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, que desde 2012 ha aplicado políticas represivas contra el activismo y los movimientos de protesta, alineándose a las órdenes del feminicida Enrique Peña Nieto y los mandatos del Pacto por México. No conforme con esto, el gobierno de Mancera se ha caracterizado por: su tolerancia frente al desarrollo del cáncer social del feminicidio -llevando a la Ciudad de México a los primeros lugares en feminicidio a nivel nacional-; por ignorar y/o criminalizar a las víctimas de violencia machista –como fue el caso de Yakiri Rubio-; encarcelar a las y los disidentes políticos –como lo hizo durante 8 meses con los jóvenes Jacqueline Santana y Bryan Reyes-; y proteger a los agresores y quienes se involucran con las redes de trata -como lo demostró el caso de la escoria, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre-.
El asesinato de Rubén Espinosa y los feminicidios de Nadia, Yesenia, Simone y Alejandra se dan en el marco de la política de la militarización del país, llevada adelante por los gobiernos del PRI, PAN y PRD y en subordinación directa a los intereses del imperialismo estadounidense. Las consecuencias de esta subordinación política, económica y militar se expresan en prácticamente todos los espacios de la vida cotidiana: desde la carestía y precarización de las condiciones de vida y trabajo; pasando por el aumento exponencial de la violencia, militarización, pobreza e impunidad; hasta llegar al brutal aumento del juvenicidio, feminicidio y la violencia misógina en todo el territorio nacional, que cada día nos arrebata la vida de al menos 7 mujeres.
Nos solidarizarnos con los periodistas y comunicadores perseguidos bajo esta democracia asesina del PRI, PAN y PRD. Ante este nuevo ataque a las libertades democráticas y el brutal multi-feminicidio ocurrido en la colonia Narvarte, hacemos un llamado urgente a todos los sindicatos que se reclaman opositores y democráticos, a las organizaciones sociales, feministas, populares, juveniles, políticas y de derechos humanos y la sociedad civil, a expresar mediante la más amplia movilización en las calles nuestro total repudio a la masacre y la exigencia de juicio y castigo a los responsables materiales e intelectuales. Al mismo tiempo que se conforman comisiones independientes para investigar y dar seguimiento por fuera del actuar negligente de las instituciones encargadas.
Exigimos que estos asesinatos no queden impunes, para ello se hace necesaria la renuncia inmediata y el juicio político al gobernador priísta Javier Duarte de Ochoa.
Qué el dolor se convierta en rabia, y la rabia en organización contra este gobierno misógino y represor. Por nuestros compañeros y compañeras asesinados:
¡Ni un minuto de silencio, toda una vida de lucha!
¡Alto a los asesinatos de periodistas!
¡Basta ya de tortura sexual contra las luchadoras sociales!
¡Justicia para Rubén, Nadia, Yesenia, Simone y Alejandra!
¡Alto al feminicidio y la violencia contra las mujeres!
Agrupación de mujeres Pan y Rosas México. |
