Luego de que El Estado mexicano demandara el año pasado a 11 fabricantes y distribuidoras de armas por trasiego ilegal de armas a México, las firmas armamentísticas replicaron que las leyes de su país las protegen de cualquier querella.
En el estudio presentado por la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE), encabezada por Marcelo Ebrard, aparecen firmas como Barret, Colt y Glock, entre otras, vinculadas a Massachusetts y que fueron recuperadas en México.
Desde que se presentó la denuncia, al menos 14 procuradores y 27 fiscales de Estados Unidos respaldaron la iniciativa mexicana, señaló la SRE.
Por su parte, las fabricantes de armamento alegan que las leyes de su país las blindan de cualquier denuncia por daños, a pesar de que recurren sistemáticamente a prácticas ilegales que han posibilitado el paso negligente de armas a territorio mexicano, redundando en los cientos de miles de muertes desde el gobierno de Felipe Calderón a la fecha.
De todos modos, no podemos obviar que la inescrupulosa industria de la guerra cuenta con la complicidad tanto de los funcionarios como de las instituciones militares y policiales mexicanos, que permitían el intercambio de armas por dinero y droga a cambio de sobornos, o también, y de una forma más descarnada, dejaron pasar libremente armamento como política de Estado para localizar a grupos del narcotráfico, lo cual ocurrió con la operación "Rápido y Furioso".
Por último, tampoco podemos callar que los principales responsables de dicha complicidad y que ocuparon posiciones claves en los anteriores gobiernos nacionales, siguen estando protegidos por el actual gobierno, como en el caso del General Cienfuegos. | 
