El funcionario de Kicillof vocifera sobre el fracaso de las mismas políticas que aplica a sangre y fuego en territorio bonaerense (como lo hacen sus pares en todo el país). La intoxicación masiva reventó una olla podrida que ahora el Estado quiere volver a tapar. Entre vagas propuestas de legalización y más criminalización a los sectores populares, la Bonaerense “investiga” un negocio criminal del que es parte.
Ante todo una premisa. Cada frase que dice Sergio Berni está sospechada de ser mentira. Su prontuario lo demuestra. Desde su infiltración en una huelga minera en Río Turbio en 1994 hasta su cobertura a policías bonaerenses en el caso Facundo Astudillo Castro (entre muchos otros), pasando por el “gendarme carancho” de 2014 en Panamericana contra obreros despedidos de Lear, el ministro de Seguridad es un especialista en decir lo que no es, hacer lo que no parece y callar lo que sabe.
Hasta el momento se contabilizan oficialmente 24 fallecidos y varias decenas de internados en hospitales de doce municipios del noroeste del Gran Buenos Aires. Según la Gobernación, se llegó a atender a unos doscientos pacientes. El común denominador fue el consumo de cocaína adulterada con un opiáceo que derivó en una toxicidad letal. Quienes compraron la mezcla pueden ser miles. El saldo de víctimas no es definitivo.
El hecho generó conmoción y muchos medios internacionales se hicieron eco. Las imágenes de las viviendas precarias del barrio Puerta 8 de Loma Hermosa (Tres de Febrero), recorrieron el mundo. Montado sobre ellas, Sergio Berni, propalador de incesantes declaraciones. Tantas que en 48 horas recuperó la pantalla que se le negaba tras la derrota electoral de 2021.
Hipocresía sin grieta
Decir que la política de Kicillof-Berni-Alak hacia el narcotráfico se diferencia sustancialmente de la de Vidal-Ritondo-Ferrari o de la de Scioli-Granados-Casal-Stornelli, es insultante para la inteligencia de casi 18 millones de bonaerenses. Lo mismo vale para la escasa e inconducente atención pública del consumo problemático y las adicciones de miles de personas, para quienes el Estado está presente cuando los arroja como descarte a cárceles y comisarías de toda la provincia. Chivos expiatorios de un supuesto “combate al narco” que camufla una participación estatal directa en el negocio.
Los halcones de Juntos por el Cambio corren por derecha al Frente de Todos, inventando logros inexistentes de la gestión de María Eugenia Vidal. Pero ni ellos ni sus escribas periodísticos nombran a Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero desde hace seis años, responsable político de la infinidad de precariedades que hoy se ven en Puerta 8.
En todo caso, la “política” de esta etapa de gobierno peronista es sólo un capítulo de una misma larga historia de protección a capitalistas de la ilegalidad, prohibicionismo social que garantiza esas ganancias y criminalización perversa de quienes no hacen más que decidir sobre sus cuerpos.
Familiares de pacientes intoxicados | Hospital municipal San Bernardino de Hurlingham | Foto Raúl Ferrari - Télam
Parte de esa hipocresía oficial (de todos los partidos tradicionales y sus voceros) fue puesta en cuestión durante esta semana ante una catarata de imágenes, voces y sonidos que estallaron frente a todas las pantallas. La olla pestilente que hace décadas cocina dobles discursos, violencia y muerte pareció abrirse a medida que caían como moscas decenas de jóvenes del conurbano contaminados por una mezcla química aún en estudio (posiblemente cocaína estirada con algún opiáceo como el fentanilo).
Nunca antes se escuchó en tan poco tiempo una cantidad enorme de testimonios, anécdotas y acusaciones que evidencian la permanente relación entre narcotráfico, policía, empresarios, sectores políticos y Poder Judicial. Desde exnarcos hasta familiares de víctimas del paco, desde expolicías a profesionales de la medicina, desde especialistas en salud mental a periodistas especializados, nadie dejó de mencionar la connivencia entre las “bandas” y los comisarios, los punteros, los intendentes, jueces y fiscales.
Sin embargo, pasadas las horas todo el funcionariado brega por circunscribir todo el asunto a la Puerta 8, al “Paisa” Aquino y a las pobres víctimas. Para eso, Berni es mandado a hacer. Con el apoyo inestimable de una caterva de animadores mediáticos que asiste a los hechos con una sorpresa impostora, el ministro muestra sobrecitos, camina por los angostos pasillos de la precariedad y sentencia ante los micrófonos: “en el Conurbano se venden 200 mil dosis de cocaína por día, hemos detenido a la banda más peligrosa de San Martín”.
El discurso oficial niega una “guerra entre bandas”, asegura que todo lo provocó la manipulación errática de sustancias y que el máximo responsable es Joaquín “el Paisa” Aquino, a quien lejos de buscarlo por debajo de las baldosas (tenía un pedido de captura desde hacía meses) lo encontraron sentado en ropa interior en su casa de José C. Paz, junto a su esposa embarazada de ocho meses.
Joaquín "Paisa" Aquino detenido en Quilmes | Foto Prensa Ministerio de Seguridad
En un hecho inusual, pasaron casi quince horas entre la llegada de la Policía a la casa de Aquino y su traslado esposado, con casco y chaleco antibalas. ¿De qué hablaron dentro de esas cuatro paredes, durante más de medio día, policías y funcionarios judiciales con el “Paisa”? Nadie lo sabe. Encima, desde José C. Paz lo trasladaron a una comisaría de de Quilmes, donde pasó muchas horas charlando con los policías bonaerenses antes de ser derivado a un penal de Florencio Varela.
Otro hecho poco común es que en menos de 24 horas el ministro del Interior Wado de Pedro ordenó a la Dirección de Migraciones que expulse a Aquino del país y le impida regresar para siempre. Pato Bullrich style.
El Gobierno convirtió al traficante de origen paraguayo en el foco de atención. Raro, sobre todo porque aún no se pudo comprobar la relación entre la cocaína hallada en los 15.000 sobres secuestrados al “Paisa” y la encontrada en los 400 sobres secuestrados en el bunker de Puerta 8 y que es compatible con la que hizo estragos en mucha gente. Tampoco está comprobada la relación entre la banda del Paisa y el bunker de Loma Hermosa.
Más confusión agrega el hecho de que hay dos causas penales abiertas de forma paralela. Una, que viene de hace años, en el Juzgado Federal de Tres de Febrero, a cargo del consejero de la Magistratura Juan Manuel Culotta. Y otra que se abrió en el fuero provincial a raíz de las muertes. En la primera actúan los fiscales federales Paul Starc y Miguel Blanco García Ordás. En la segunda lo hace el fiscal provincial Germán Martínez, supervisado por el fiscal general de San Martín Marcelo Lapargo. En ambas, la Policía Bonaerense participa de las “investigaciones”.
“Todo indica que la gran mayoría de los indagados el viernes seguirán presos. Pero el caso está muy lejos del esclarecimiento”, afirma en una nota de este sábado el diario Página|12, cuyo cronista tiene llegada directa a todos los ministerios y sedes policiales y de inteligencia.
(Un paréntesis. Starc no es cualquier fiscal. Tiene estrecha relación con la Embajada de Estados Unidos y se especializa en criminalizar la protesta social en la zona norte del Gran Buenos Aires. Se hizo muy conocido allá por 2009, cuando Carlos Stornelli, entonces ministro de Seguridad de Daniel Scioli, lo puso al frente de la “investigación” del caso Pomar -una familia desaparecida durante un mes, finalmente hallada por un albañil, muerta a la vera de una ruta 31-. Starc no aportó una sola pista para esclarecer la “desaparición” y tiempo después le confesó a familiares de las víctimas del accidente: “estoy arrepentido, Stornelli me mandó a mentirles”.)
El doble discurso de Berni
El miércoles, cuando ya todos los móviles de las grandes empresas periodísticas estaban apostados en la zona del operativo en Puerta 8, el ministro “repartió números” y salió en vivo en cuanto canal o radio pudo. En todas las entrevistas y móviles dijo lo mismo.
“Muchos opinólogos hablan sobre el fenómeno narco, pero hay que estar todos los días en estas villas donde se comercializa la droga. ¿Por qué en las villas? Porque son lugares infranqueables, pasillos de 150 metros hasta llegar al búnker, que cada vez se van afinando más y hay un sistema de alarma temprana se usa a menores para que empiecen a avisar”, relató Berni. Detalló que “a los chicos que capta el narcotráfico para trabajar en esos pasillos de las villas les pagan cinco o seis veces más de lo que gana un trabajador formal”. Y sentenció que es necesario separar el narcotráfico del tema del abuso de drogas, porque “son dos cosas totalmente distintas”.
“Nadie está en capacidad de decir cuál es la fórmula para terminar con este flagelo, pero el mundo, con la teoría de Nixon de los años 70, ha adoptado una postura de cómo enfrentar el problema del narcotráfico y ha fracasado”, grafica Berni. Y plantea que hay que legalizar las drogas. “Hace treinta años en Argentina parecía imposible una ley de divorcio, pero la sociedad maduró y hubo ley. Hace diez años plantear la interrupción del embarazo era prácticamente imposible, pero la sociedad maduró y hubo ley. Es momento de discutir cómo enfrentar el problema del narcotráfico, que nada tiene que ver con el problema del uso y abuso de drogas”, lanza el ministro.
Pero el supuesto “progresismo” de las expresiones de Berni no pasa la prueba de la blancura. Al mismo tiempo que largaba esas afirmaciones anunciaba en “cadena nacional” que en el bunker de Puerta 8 se había detenido a una decena de personas y se habían encontrado cientos de sobres de la cocaína adulterada, algunas de cuyas muestras él mismo mostró a cámara. Minutos después, un grupo de mujeres y niños del barrio salieron a cortar la calle para denunciar que los detenidos no tienen nada que ver. Allí mismo denunciaron la connivencia de la Policía.
Corte de calle en Puerta 8 | Foto Eliana Obregón - Télam
Los perejiles
“Se llevaron preso a mi papá, pero él no es narco, se levanta todas las mañanas a laburar. Nos meten en cana a nosotros y los tranzas están todos en su casa”, gritaba llorando una de las mujeres por Crónica HD. Otra, mayor que ella, agregaba: “¿Por qué no vienen con las cámaras cuando se inunda la villa y la gente se queda sin nada? Ahora pintan a la villa como la peor de Tres de Febrero y no es así. Acá hay gente que se levanta a las 4 de la mañana para ir a trabajar.”
Enseguida, ante el micrófono de TN una tercera mujer denunció: “metieron presa a gente que no tiene nada que ver, entre ellos a mi hermano y mi sobrino. La Policía se los llevó a cachetazos limpios para que dijeran quién vende, pero acá el problema es la misma Policía. La Comisaría 11 sabe quiénes venden, porque ellos una o dos veces por semana vienen a cobrar coima. Todo el barrio los ve pero nadie habla por miedo. Yo tuve a mis dos hijos presos por culpa de la droga, pero no por vender. Acá la Policía siempre viene y se lleva a personas inocentes mientras los que venden y pagan coimas se nos cagan de risa en la cara.”
Una cuarta vecina agregó ante LN+ que “los tranzas no son del barrio, pero tienen al barrio comprado. Se llevan presos a pibitos de 14 años que estaban jugando a la pelota pero a los tranzas nunca los toca nadie.”
El viernes al mediodía, dos días después de esos hechos, otra mujer fue hasta las puertas del Hospital Bocalandro de Loma Hermosa buscando que la escuchen. Por C5N dijo que su hermano está detenido. “Vengo para que se diga la verdad, nadie nos quiere escuchar y la Policía está mintiendo. Los que venden droga no fueron presos, mi hermano es sólo un adicto, no vende. Se llevaron también a mi sobrina de 19 años, una chica que hace gimnasia, no fuma, no toma y ahora la quieren trasladar a un penal. Y también a mi sobrino de 16 años, que arregla bicicletas, pueden hablar con sus maestros”.
La mujer relató que la Policía “entró a las casas, le pegó a mi familia y se los llevó acusándolos de narcotraficantes. En el barrio los vecinos sabemos quiénes son los que venden droga y no se llevaron detenido a ninguno de ellos. Mi hermano tiene nueve hijos, anda detrás de $ 500 por día para comer, se salvó porque en estos días no estuvo tomando droga ya que tiene un hijo grave en el hospital. Mis sobrinos están repartidos entre la familia. Si yo estuviera mintiendo, ¿por qué saldría a hablar? No es verdad lo que dice la Policía”.
Uno de los tantos pasillos del barrio Puerta 8 | Foto Leo Vaca - Télam
A desarmar
La Izquierda Diario lleva años denunciando todo tipo de causas armadas por la Policía, jueces y fiscales contra trabajadoras y trabajadores, especialmente jóvenes y pobres, acusándoles de todo tipo de delitos, con “pruebas” falsas o directamente sin pruebas. Personas que de la noche a la mañana se toparon con el yunque de un expediente donde se les acusa de homicidios, robos, asociaciones ilícitas, narcotráfico y demás crímenes. En general por denuncias anónimas nunca comprobables o por puestas en escena donde se plantan armas, drogas y demás “evidencias”.
Nadie desconoce que las cárceles y comisarías están llenas de hombres y mujeres a quienes se “empapela” por llevar un porro o un par de gramos de sustancias para consumo personal. También de quienes sufren ruidosos allanamientos en los que sólo se encuentran dos o tres plantas en el patio. En ese grupo no faltan quienes, lejos de fumar, utilizan el fruto de la marihuana para hacer aceites medicinales con los que combatir dolores y enfermedades.
Sergio Berni ha hecho campaña sucia difundiendo algunos de esos casos como “victorias” de su lucha contra el narcotráfico. Al igual que en casos como el de Facundo Castro, Brandon Romero, Lucas Verón y demás víctimas de la cuarentena represiva de 2020, el ministro se apoya en el hombro de la Policía Bonaerense para disparar sus mentiras con forma de tuits y spots publicitarios.
Casos emblemáticos son el de los 14 cultivadores de Puán detenidos a partir de una falsa denuncia (confesada por su autor), el del joven Damián Raña de Ensenada apresado por hacer cannabis medicinal y de Denisse Morusi y su hija, quienes también cultivaban por cuestiones de salud y a quienes el intendente de Vicente López, Jorge Macri, llegó a presentar públicamente como peligrosas narcos.
Imposible olvidar también el caso de Daniel Tornello de San Miguel, el hombre de 52 años que producía cannabis en el fondo de su su casa para combatir, según prescripción médica, la epilepsia refractaria de su esposa, el leve trastorno mental de su hijo de de 18 años, el déficit de atención de otro hijo de 14 y su propia afección psiquiátrica. A Tornello el ministro Berni lo bautizó “cara de cannabis” y publicó videos y flyers en sus redes sociales informando que la gloriosa Bonaerense lo había logrado meter “atroden” (sic).
A Berni lo que menos le interesa es la salud mental y física de quienes habitan la provincia de Buenos Aires. Mucho menos la de quienes pueblan los barrios populares, rodeados de todo tipo de violencias pero, sobre todo, las ejercidas por el propio Estado del que él es funcionario todo terreno desde hace décadas.
Berni vuelve a mentir cuando afirma que el modelo de prohibición y persecución a quienes consumen (que él mismo aplica a sangre y fuego) fracasó. En verdad, los mentores del modelo, desde Richard Nixon en los Estados Unidos de los 70 hasta Patricia Bullrich y Aníbal Fernández en los últimos tiempos, siempre tuvieron claros los objetivos de la “guerra contra el narcotráfico”. Él, formado militarmente con los manuales de la DEA, lo sabe muy bien. No hay fracaso. La militarización y el control social de poblaciones enteras (que en América Latina llegó a extremos como el Plan Colombia), es un éxito indiscutido de ese “modelo” imperialista y opresor.
En las antípodas de los paradigmas de Berni, la diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman afirma que está “a favor de la legalización de las drogas”, pero que “con eso no alcanza”. La legalización “es la única manera de terminar con el narcotráfico, pero tiene que ir acompañada de otras medidas, empezando por lo que se llama control de daños, por campañas que verdaderamente expliquen cuáles son las consecuencias, que informen”.
Bregman agrega que “tiene que haber un presupuesto acorde” a las necesidades de un plan semejante. “Pero cuando vino Guzmán al Congreso en diciembre, uno de los puntos que le preguntamos es por qué había ajustado este tipo de partidas, por qué ajustaba a la salud mental. Se ajustaron las partidas, lo denunciaban los familiares”.
Gustavo Zbuczynski, referente de la Asociación de Reducción de Daños de la Argentina (ARDA), también dice que “la solución está en la despenalización y en la regulación de las sustancias. Yo hoy sé que si voy al supermercado a comprar una botella de vodka tiene 40° porque me lo garantiza la Anmat. Bien, que empiece a suceder lo que sucede con el alcohol, donde no tenés una intoxicación que produzca una ceguera, como sucedía en Estados Unidos en la década del 30 con la Ley Seca. Lo mismo está pasando hoy en Argentina con la cocaína. Si se pudiera comprar cocaína regulada por el Estado, se tendría la garantía de que eso que se compró es cocaína”.
