El 4 de febrero de 1982, Ana María Martínez, obrera metalúrgica y militante trotskista del Partido Socialista de los Trabajadores (PST), fue secuestrada en la puerta de su casa en Villa de Mayo, en la zona norte del Gran Buenos Aires. Una semana después, su cuerpo acribillado apareció en Dique Luján, Partido de Escobar.
El 4 de febrero de 1982, Ana María Martínez, obrera metalúrgica y militante trotskista del Partido Socialista de los Trabajadores (PST), fue secuestrada en la puerta de su casa en Villa de Mayo, en la zona norte del Gran Buenos Aires. Una semana después, su cuerpo acribillado apareció en Dique Luján, Partido de Escobar.
La dictadura estaba en crisis y ya preparaba, en secreto, su plan de recuperar las Malvinas.
Ya no era épocas de secuestros y asesinatos cotidianos de luchadores obreros y populares como en los años anteriores. ¿Qué pasó?
Un año antes se había desatado una crisis bancaria de magnitud. Cerró el BIR, un banco con varias sucursales en el interior, y se sucedieron cierres y despidos en otros bancos. Se terminaba la época de la llamada Plata dulce, que la película homónima refleja tan bien.
El Partido Socialista de los Trabajadores, que se reivindicaba trotskista, decidió que en la zona norte del GBA nos volcáramos a militar sobre el gremio bancario. Se armó un equipo especial, donde ninguno era bancario pero recorreríamos las distintas sucursales, intentando ligarnos a activistas que estuvieran dispuestos a organizarse para enfrentar la crisis desatada. Era un plan temerario, pero el entusiasmo era mucho. Así “peinamos” casi todos los bancos desde Olivos a Tigre, de San Martín a José León Suarez. “Somos de la lista 3 Verde de Bancarios” era nuestra presentación. Era la lista de los bancarios del PST antes del golpe, que llegó a dirigir la Comisión Interna del Banco Nación, con el compañero Jorge Mera.
El infiltrado
En la sucursal de San Martín del Banco de Londres entró Ana María junto a otro compañero y entablaron diálogo con un tal Juan, que estaba muy interesado en el tema. Juan se mostraba ávido de las ideas y actividades. Era de los más activos de los “contactos” que conseguimos. Tiempo después nos propone que conozcamos a una pareja amiga, y ahí fuimos, con Amalia, a un asado. No recuerdo el nombre del amigo de Juan, que se presentó como taxista. Poco después a Juan lo “echan” del banco y contó que empezó a trabajar de tachero.
Hubo varias actitudes de Juan que nos resultaron sospechosas, pero la que fue determinante es cuando en una cita me cuenta que a su amigo, el taxista que habíamos conocido en aquel asado, lo habían matado, que apareció en el baúl del auto, que fue incendiado. Fue un impacto, fue duro escuchar ese relato. Pero al salir de la cita empecé a reflexionar: ¿por qué Juan me contó ese hecho trágico casi al final de la cita? ¿Por qué no fue lo primero que me dijo? Esa tarde me encontré con el responsable político de la zona y le conté esa anomalía. Quedó tan sorprendido como yo. Hilvanamos actitudes o gestos anteriores y la sospecha se confirmaba, con seguridad era de los servicios. De alguna manera Juan lo percibió y se borró para siempre.
El conflicto bancario ya había terminado, con paros y hasta una solicitada de la Lista 3 Verde en el diario Clarín. El equipo ad hoc se disolvió y cada uno volvió a militar a su zona. El 4 de febrero la secuestran a Ana María (a) Rosalía de la puerta de su casa. Con la confirmación de su asesinato, una semana después, los que estuvimos más ligados a ella nos fuimos a militar a otras regiones. Amalia se fue a vivir a Comodoro Rivadavia, yo a La Plata.
Menos de dos meses después, los militares lanzan la ocupación de las Islas Malvinas como medida desesperada para ganar algún apoyo popular. Ya sabemos cómo terminó esa aventura. Cae Galtieri y la dictadura solo es sostenida un año más por la UCR, el PJ y los partidos del régimen. Comienza una relativa apertura, el PST se transforma en el Movimiento Al Socialismo (MAS) y comenzamos a afiliar y abrir locales en todo el país. Un día, en la lejana Comodoro Rivadavia, estando Amalia en la mesa entra a afiliarse el amigo de Juan, el que había “muerto incinerado” un año antes en Buenos Aires. La sospecha quedó confirmada: Juan y él eran servicios. ¿Pero quiénes eran? Obvio que viendo la cara asombrada de Amalia el tipo se borró y nunca más apareció. Estábamos en 1983.
Casi 25 años después, en un archivo de la siniestra Dirección de Inteligencia (DIPBA) de la Policía Bonaerense de Camps y Etchecolatz que encontró la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), se empezó a aclarar todo.
En un legajo que fue titulado Infiltración al PST hay un largo informe que elaboró el tal Juan, cuyo nombre es Juan Pedro Peters, oficial de la Bonaerense, que reporta a la Brigada de San Martín. Peters detalla los nombres y sobrenombres, qué actividad realizábamos, anotó varias patentes de autos que eran nuestros o que usábamos. Pero hay dos hechos falsos. Uno, cuando inventa que fue obligado a robarle un arma reglamentaria a un policía, y otro donde “describe” con nombre a integrantes de un supuesto comando armado del PST. Cuando le consultamos a nuestro abogado, Pablo Llonto, de dilatada trayectoria en derechos humanos y causas por crímenes de lesa humanidad, a qué se debía semejante invento, él nos dijo: Para justificar una masacre si diera el caso. Y que así había ocurrido con un grupo de pibes anarquistas que habían dejado de militar y se organizaron para estudiar y fueron acribillados con el cuento de que eran un grupo armado.
Pero, ¿por qué Ana María? Entre la información de la infiltración hay una foto, una sola foto, y es de Ana María en la calle. Esa foto fue sacada desde un vehículo camuflado que prestó el Ejército, según consta en el expediente. Ana María era la dirigente de ese trabajo político en el gremio bancario y recuerdo que fue ella quien dio un informe sobre la Revolución nicaragüense en una reunión donde estaba Juan. Por la infiltración conjunta de la Bonaerense y el Ejército la tenían ubicada.
Pero, ¿por qué el asesinato cuando hacía meses que se había terminado el conflicto bancario? En enero de 1982, la casa de unos compañeros es allanada por la policía, a partir de que habían detenido a uno de ellos. Y en esa casa encontraron mucha literatura marxista e incluso una gran cantidad de ejemplares del periódico del PST, Opción, porque justamente desde ese lugar se distribuía a toda zona norte. N., A. y Amalia vivían ahí. Amalia trabajaba en el turno tarde de Terrabusi, y allá fue la policía a detenerla. Los derivaron a distintas comisarías de la zona de San Martín. En esos casos, el partido se conectaba con los familiares para ver qué necesitaban, cómo estaban los detenidos, seguir la causa y poner abogados. Y quien tomó el riesgo de ir a la casa de padres y familiares de los presos (seguramente vigiladas) fue Ana María. Y a las pocas semanas, el juez de la causa decide otorgarles la libertad. Aun teniendo cientos de periódicos (considerados subversivos por los militares), algo que tiempo antes hubiera significado años de reclusión o incluso la muerte, un juez decide la libertad.
Esa actitud del juez, que reflejaba que la dictadura ya no tenía pleno apoyo, evidentemente incomodó a quienes nos habían espiado e infiltrado. Y seguramente, al enterarse de que quien visitaba a los familiares de los presos que iban a liberar era Ana María, tenían la excusa perfecta para perpetrar el asesinato. Había un sector de la Fuerzas Armadas que no quería ninguna apertura. Esa es la hipótesis más firme de porqué ese crimen. La repercusión en los diarios (los medios más importantes de la época), primero del secuestro y después del asesinato fue inédita. Todos publicaron algo. La revista Gente, que fue vocera de la dictadura, lo puso en tapa. El país y la opinión pública ya no eran la de 6 años antes.
Pero, ¿por qué al PST? Uno de los argumentos de los defensores de los genocidas es que en el año 1982 ya casi no había desaparición de personas, y que el mismo PST hacía un par de años que no tenía desaparecidos. ¿Entonces?
¿Qué situación se abrió a fines de 1980?
La dictadura estaba en problemas, el sistema bancario entraba en crisis y la llamada clase media, que viajaba a Miami y compraba televisores a color de a dos, sufría las consecuencias de la crisis del plan de Martínez de Hoz, quien era reemplazado. La lucha por los derechos humanos dejaba de ser solo de las Madres de Plaza de Mayo y cada vez se extendía más, como el habeas corpus colectivo por más de 300 presos y presas que se presentó a fines de 1980 (ya Pérez Esquivel había sido electo como Premio Nobel de la Paz). El 7 de noviembre de 1981, se hace una gran movilización de la CGT y de distintos sectores antigubernamentales a San Cayetano, que termina con represión. “¡Se va acabar, se va acabar la dictadura militar!” se escucha masivamente por primera vez. Surgen diversos conflictos obreros.
Las dos organizaciones guerrilleras más importantes, los Montoneros y el ERP, habían sido diezmadas por la represión. La contraofensiva montonera de 1979 había sido un fracaso. Sus organizaciones sindicales y políticas, como el PRT, casi habían desaparecido. A pesar de ser blancos de la represión, la dirección del Partido Comunista continuaba con su apoyo a la dictadura. De los partidos de izquierda, el que tenía una actividad persistente, insertándose en las luchas obreras, por los derechos humanos o por distintos conflictos que surgían, era el PST. Con un periódico clandestino, pero que tenía buena distribución, participaba activamente. Esa actividad “subversiva” fue la nueva causa para los militares y los servicios de inteligencia. Por eso, en esos años, fueron decenas de camaradas del PST los que sufrieron la detención. Por eso se infiltraron en el equipo bancario que habíamos organizado ad hoc en la Zona Norte, entre otras tantas persecuciones, como hicieron en Rosario, o en Zárate, donde desplegamos un trabajo político sobre los familiares de los presos políticos.
Durante 25 años no supimos nada. Cuando aparece el informe de la DIPBA todo empieza a aclararse.
Quien toma la rienda de las actividades e investigación es Carmen Metrovich, cuñada de Ana María y hermana de José, que hacía poco había fallecido y fue la pareja de Ana. Se forma la Comisión de Amigos, familiares y ex compañeros de Ana María Martínez.
Empieza un largo camino, buscar a los testigos, entrevistas, visitas a juzgados, fiscalías, reuniones con la CPM para intentar encontrar nuevos archivos, etc. Carmen fue la que en forma incansable caminó y buscó. Hasta que, con las pruebas recolectadas, Alicia Vence, jueza de instrucción, eleva a juicio el caso Ana María.
El 6 de diciembre de 2018, el Tribunal Oral Federal (TOF) de San Martín dicta sentencia y condena a prisión perpetua en cárcel común a los generales Apa y Muñoz. Ellos fueron responsables en Campo de Mayo y dieron apoyo logístico a la patota que se infiltró y secuestró a Ana. Ya pasaron más de tres años y aún la causa no avanzó en Casación, la segunda instancia a la que apelaron los genocidas. Muñoz falleció en el ínterin. La justicia es lenta, pero 3 años sin que Casación se pronuncie es una decisión de prolongar la impunidad en la que vivieron estos asesinos durante décadas.
Quién es Fernández Garello?
Fabián Fernández Garello es el actual fiscal general de Mar del Plata. Hace 40 años era parte de la patota de la DIPBA que en la Brigada de San Martín secuestró a Ana María. Su firma, que él mismo reconoce, está en uno de los informes del documento de infiltración al PST. Fernández Garello no lo niega, pero dice que él solo tomaba tareas administrativas. Es como si los que eran porteros en los campos clandestinos de detención y exterminio que tuvo nuestro país no fueran cómplices y partícipes necesarios del genocidio, sino “simples porteros”. Incuso llegó a declarar a la prensa que le extrañaba “que justo ahora lo ataquen” cuando él encabeza “la lucha contra el narcotráfico en Mar del Plata”. El cinismo apesta.
Fernández Garello entró hace décadas al sistema judicial después de recibirse de abogado pero… ocultando su pasado en la siniestra DIPBA. ¿Por qué, si lo que él dice que hizo en los años de plomo no era un crimen? La incongruencia es obvia. Y a cualquiera de nosotros, si mentimos en la declaración jurada de nuestros antecedentes, nos despiden con causa del trabajo, pero para Fernández Garello no es así.
Fernández Garello no está preso y sigue en funciones porque el sistema judicial lo protege. En primer lugar, su padrino Conte Grand, el procurador general de la Provincia de Buenos Aires tan cuestionado en estos días. Pero no es el único. Fernández Garello fue candidato y electo concejal en los años ‘90 por el peronismo marplatense, y más acá fue salvado en tres oportunidades por la casta política. ¿Cómo? Él está involucrado en una causa por torturas a miembros del PC en aquellos años, quienes lo han identificado claramente como uno de los que actuaba. Con movilizaciones y reclamos se consiguió que la Suprema Corte de justicia bonaerense convocara a un jury. Un jury es un tribunal especial constituido por jueces y legisladores que determina si procede sacarle los fueros para que la justicia ordinaria lo pueda condenar. Sin embargo, en tres oportunidades fracasó el intento de citar al jury. Los legisladores del PRO siempre lo bancaron, los que responden a Massa también, y los del kirchnerismo se borraron. Sí, lo que leyó. Se ausentaron, y de esa manera el jury no prosperó y esa instancia fue la señal para que la jueza suspendiera la indagatoria que ya había solicitado. Nada justificaba que no se avanzara en el juicio e incluso se lo condenara aunque tuviera fueros. Fue otra decisión política del sistema jurídico de nuestro país.
A 40 años del crimen de Ana María seguimos reclamando justicia. Queremos que al Gral. Apa le sea ratificada la condena y vaya a la cárcel, que se abra el juicio a lo que llamamos la “pata policial” del crimen y en la que el fiscal Fabián Fernández Garello es uno de los involucrados directos. Con un archivo encontrado se logró desentrañar el crimen. Ningún gobierno desde 1983 a la fecha se propuso abrir todos los archivos del genocidio. Ese elemental reclamo es negado sistemáticamente por la casta política y la judicial.
Nos dicen que no queremos justicia sino venganza. No, señores defensores del genocidio. Queremos justicia. La venganza será cuando el régimen capitalista que engendró y apaña aún hoy a los genocidas y a sus mandantes, la gran burguesía, sea abolido. La venganza será cuando en nombre de todos los mártires de la causa obrera y socialista podamos instaurar una sociedad sin explotadores ni explotados. Una sociedad socialista por la que Ana María dio su vida.
