Foto| Prensa senado
En la primera sesión del año de la Cámara de Senadores, Alejandro Diumenjo presidente del bloque radical, pidió que por votación se exprese el apoyo al acuerdo del Gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional. La cosa no quedó ahí y sumó “también pedimos que se expresen a favor todos los que integran el Frente de Todos, que la vicepresidenta se manifieste a favor”. En sintonía con las declaraciones de Alfredo Cornejo, no sorprendió la propuesta del bloque radical. Lo novedoso fue que el pedido tuvo el acompañamiento del Frente de Todos.
Lucas Ilardo, presidente del bloque del FdT y militante de La Cámpora, tomó la palabra para denunciar que la deuda contraída por Mauricio Macri fue tomada para fugar capitales: “se la farrearon” aseguró. Siguió su alocución planteando que no querían esta negociación y que es una mala noticia que vuelva el fondo pero ellos tienen la responsabilidad de gobernar. Días antes había celebrado el acuerdo en su cuenta de Twitter: “un acuerdo razonable, para un daño muy difícil de reparar infligido al pueblo Argentino, por Macri, Cornejo y compañía”. Aun con estos reconocimientos anunció que el bloque votaría a favor la propuesta.
El intercambio continuó. Héctor Bonarrico(MasFe) pidió la abstención citando la Biblia. Marcelo Romano(ex Protectora, actual Partido Verde) aseguró que el acuerdo no es problema de los ciudadanos comunes, haciendo una amalgama de cosas sin cuestionar el acuerdo con el FMI. A su tiempo, la bipartidista Andrea Blandini(Frente de Todos y Partido Verde) pidió a los medios que el debate no fuera público porque hacía quedar mal a los legisladores. Nada nuevo bajo el sol.
El senador Lautaro Jimenez del Frente de Izquierda Unidad pidió la palabra. Refiriéndose al acuerdo planteó que “es una medida del FdT que prometió en campaña hacer una cosa y luego fue a negociar otra” y que “no investigaron la deuda, no hicieron ninguna auditoría” concluyendo que por el contrario “acaban de acordar prácticamente todo lo que pedía el FMI”, inclusive el tener que someterse al control trimestral del fondo.
A Jimenez no le extraña que el gobernador Rodolfo Suárez “que ha sido un entusiasta macrista” sea quien pida el apoyo a las negociaciones de Alberto Fernández, Martín Guzmán y el equipo económico, porque “el gobierno nacional decidió salvar y convalidar la herencia macrista”.
Como se explica acá el acuerdo con el FMI viene con más ajuste y es parte de un espiral de deuda que hipoteca el futuro. Pero legisladores montan un circo de declaraciones que se puede explicar por su separación de la realidad que viven las mayorías trabajadoras. Ciertamente al irse a casa con una dieta de $250.000, como denunció Jimenez del FIT-U, el ajuste, la pobreza y la caída de los salarios son algo bien lejano a su cotidianeidad.
El sector concentrado de la economía mendocina festeja el acuerdo al que ven “con muy buenos ojos”. Cierto es que el gobierno de Cornejo(2015-2019) y el actual de Suárez le ha traído beneficios que luego se publicitaron como un avance para franjas más amplias de la población. Los radicales se ocuparon de una serie de reformas y contrarreformas que el establishment pedía. Pero igual de cierto es que no hubiesen podido hacerlas sin el acompañamiento del peronismo local.
Encendidos discursos electorales y el clima nacional anti macri que se desarrolló en los últimos años revitalizaron a un alicaído peronismo que intentaba recuperarse del desastre dejado por Francisco Paco Pérez, gobernador hasta 2015. Una renovación de la mano de Anabel Fernández Sagasti que logró incluir en las mismas filas a jóvenes y viejos pero que planteó cambiar todo para que nada cambie. Veamos algunos ejemplos.
En agosto de 2016, Cornejo llevó adelante uno de sus primeros ataques fuertes a trabajadores del Estado, por ley se impuso la modificación del convenio colectivo de trabajo del Instituto Provincial de Juegos y Casino. Para lograr el quórum, el peronismo aportó 8 legisladores que respondían a los entonces intendentes Alejandro Bermejo, Jorge Giménez y Emir Félix. Un antecedente peligroso y disciplinador del autoritario Cornejo.
Lo mismo se ha repetido año a año con los presupuestos planteados por el oficialismo provincial. Piden algún que otro cambio y votan partidas de ajuste en salud, educación y género y diversidad. Como también los endeudamientos provinciales que ahora denuncian.
Vale recordar una especie de parcial reforma laboral: la creación de las oficinas de conciliación laboral obligatorias que transformaron en ley con el voto del peronismo. Ni más ni menos que una medida para impedir que trabajadores puedan acceder a la justicia por los atropellos patronales.
Otro capítulo fue el nombramiento del misógino y cuestionado juez José Valerio en la Suprema Corte. Los votos fueron de todo el bloque radical y media bancada del peronismo. Aquí tuvieron una ventaja: la arcaica modalidad de voto secreto con bolillas, como denunció Noelia Barbeito en ese momento. Calcado pasó con la designación de Dalmiro Garay, anterior ministro de Cornejo, que vino a completar una corte amiga del gobierno donde conviven bastante bien peronistas y radicales.
Estos son algunos ejemplos que muestran lo central de los acuerdos de ambos partidos en una suerte de cogobierno provincial. Pero sin duda fue en 2019 cuando este camino compartido se hizo conocido para todas y cada una de las personas que habita Mendoza.
Suárez en la provincia y Fernández en la nación estrenaban bastón de mando. Durante la campaña electoral las fuerzas políticas habían parecido perros y gatos cuando Anabel Fernández Sagasti anunció que querían la reforma de ley 7722 propuesta por Suárez.
El conocido pacto de saqueo y contaminación fue defendido por Lucas Ilardo: “La política no es para recibir el aplauso de una barrita" y levantaron la mano en favor de la megaminería.
La historia es conocida. Días de movilización ininterrumpida y el rechazo a la represión los obligaron a retroceder. Resulta que Alberto Fernández se apresuró al festejar que se podía reventar la cordillera de Mendoza y los radicales Cornejo y Suárez no eran tan invencibles como nos quieren convencer los enemigos de la autoorganización.
Lo único real es que la relación de fuerzas jamás va a dar para quien no está dispuesto a pelear. Ellos saben que se vienen duros ajustes e igual proponen no enfrentar el sometimiento del FMI. Los ejemplos de Mendoza y Chubut derrotando los planes de la megaminería, nos muestran si fortalecemos la organización y movilización desde abajo podemos enfrentar un acuerdo que ya nació debilitado por las propias crisis internas de la coalición de gobierno.
Este 8 de febrero cientos de organizaciones marcharemos en todo el país contra el acuerdo con el FMI. La cita en Mendoza es a las 18hs en km0.
Es necesario que sindicatos, centros de estudiantes, organizaciones sociales y todos quienes critican el acuerdo de sometimiento con el FMI, lo rechacen haciendo suya esta invitación. Y luchen en las calles por una salida que parta de un desconocimiento soberano de la deuda y medidas de emergencia como la nacionalización de la banca, el monopolio del comercio exterior y la estatización bajo control obrero de las empresas de servicios públicos y los recursos estratégicos del país. Única salida favorable para las grandes mayorías.
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