En 2018 la compañera Verónica Landa recibía una notificación por la cual era querellada por la redacción de un artículo que ponía blanco sobre negro las prácticas violentas y vejatorias, por decirlo de alguna forma, de una institución como es la Policía Nacional a finales de la dictadura franquista.

No obstante, la querella tenía un trasfondo mucho más actual, pues en plena ola represiva en Catalunya, había que "blanquear" la imagen violenta de los cuerpos policiales por un lado, mientras que por el otro era necesario escarmentar a aquellos periodistas y medios que se atrevieron a denunciar a fondo la política del "A por ellos" a la que también se replegaron casi todas las fuerzas políticas después del uno de octubre.

De hecho, en esta entrevista, además de hablar de su caso particular, conversamos sobre otras cuestiones como es la política de la dirección “processista” en todos estos años, en cómo ha afectado esta al movimiento democrático catalán, y qué sería la alternativa para poner fin a la represión y llevar adelante un embate que pueda conseguir llevar a cabo las aspiraciones democráticas por el derecho a decidir de millones de catalanes y catalanas.

Todo, en el marco de la serie Encausades en la que desde Esquerra Diari queremos dar voz a muchos de los que han sufrido o sufren esta represión, y que en la actualidad forman parte de más 3.000 encausadas solo en Catalunya.

Explícanos, ¿porque fuiste querellada en mayo de 2018? Justo cuando la escalada represiva en Catalunya estaba en su nivel más alto.

En abril de 2017 escribí un artículo haciendo un repaso por diferentes casos de torturas, maltratos y muertes bajo custodia policial. Un artículo muy parecido al que había salido en otros medios, con casos que habían sido cubiertos mediáticamente desde hacía años. Uno de estos casos era el de José Luis Herrero, en el cual estaba implicado Sebastián Trapote, que en 2018 era el jefe Superior de la Policía Nacional en Catalunya. Trapote en 1974 mató a Herrero mientras estaba siendo detenido; en 1983 hay una sentencia del Tribunal Superior de Barcelona que dice que no se lo puede condenar por acogerse a los indultos generales de 1975 y 1977.

En concreto, la querella era por supuestas calumnias, porque decían que sin haber condena no podía haber indulto. Condena obviamente no hubo, como en otros muchos casos parecidos, o de torturas y asesinatos. Algo que no es de extrañar si tenemos en cuenta que los tribunales que tenían que condenar eran tribunales franquistas o tribunales que continuaban con el sistema judicial franquista.

Finalmente, el Juzgado de Instrucción falló a favor nuestro y el tema se archivó. Pero sé que poco después de que se archivara el mío, Trapote le puso la misma denuncia a otro periodista que había escrito en 2017 sobre el tema.

Otros medios de comunicación llevaban tiempo también publicando noticias sobre el caso del asesinato de José Luís Herrero. ¿Porque crees que finalmente la querella fue hacia ti e Izquierda Diario?

Sí, de hecho el caso en los 70 y 80 se publicó en El País, en El Periódico de Cataluña o en Interviú, donde también cubrieron el periplo judicial de la familia hasta que el ministerio de Interior los indemnizó nueve años después. También hay investigaciones recientes que mencionan el caso, como el libro del historiador David Ballester ‘Vides Truncadas’.

La denuncia yo la veo como un intento de blindar los aparatos estatales, como la Policía Nacional que venía de toda la represión en Cataluña por el referéndum del uno de octubre. Pero además, no era una denuncia aislada, sino que hay que enmarcarla en todo el despliegue policial que hubo en Cataluña en aquel momento y las movilizaciones que hubo en contra de este. Era un momento en el que había denuncias para colgar pancartas que ponían “Police Go Home”, por ejemplo. En mi caso, además, era un intento de blindar a uno de los responsables directos de este despliegue represivo.

Con denuncias de este tipo, el mensaje que intentan dar es que no se hable del pasado de los policías en activo, que además han ido escalando posiciones.

Ahora bien, si fueron primero a por Esquerra Diari y por mí, es por el papel que tuvimos cubriendo el uno de octubre y la represión, siendo uno de los pocos diarios de izquierda a nivel estatal que lo cubrió tanto en profundidad, denunciando la política del gobierno y la oposición (entonces el PSOE), el silencio de Podemos, el rol de ERC y el PDeCAT y toda la represión policial.

¿Crees que las actuales instituciones mantienen un hilo de continuidad con la dictadura franquista?

Que muchos de los que estaban en el bando franquista en la guerra, tuvieron lugares en instituciones franquistas, está documentado. También el papel de la tortura para conseguir información. Continúa habiendo casos que no se han esclarecido, en relación a asesinatos de la policía franquista, como el de Enrique Ruano.

La Ley de Amnistía del 77, que al principio fue celebrada por las organizaciones de izquierda, tenía la contracara de blindar los crímenes del franquismo, y no permite juzgar los hechos que ocurrieron antes de su aprobación, por lo cual en última instancia es una ley de punto final. Y por eso, continuamos teniendo obstáculos para acceder a documentos de la guerra civil y el franquismo y para hablar de según qué temas. Continuamos teniendo miles de muertes en las cunetas, y torturadores que mueren condecorados, como Billy el Niño. Después, además, tenemos la Audiencia Nacional, que es heredera directa del Tribunal de Orden Público franquista.

La impunidad policial no es solo cosa del franquismo o los primeros años de la transición; como denuncia Amnistía Internacional, se continúa acumulando casos de torturas y maltratos.

Hace meses, el encarcelamiento de Pablo Hasél provocó un gran estallido social, así como la represión policial hacia muchos de los jóvenes que salieron a las calles. Una situación que se dio bajo el gobierno “progresista”. ¿Qué opinas?

Sí, el arresto de Hasél fue un estallido social que canalizó el cansancio de una juventud que ve como que no tiene futuro y que tampoco tiene derecho a cuestionar, a organizarse y denunciar a la monarquía, al gobierno... Podemos esperó hasta que lo metieron en la prisión para anunciar que pedirían el indulto. Después de 7 meses, no hay indulto, y la fiscalía del Estado se niega a concederlo diciendo que acumula muchos supuestos hechos delictivos.

Pero no es solo la actitud con Hasél en concreto. El gobierno del PSOE y Unidas Podemos llegó al gobierno con la promesa de acabar con la ley mordaza, algo que ha quedado claro que no harán. Marlaska ha enviado a la policía a reprimir manifestaciones como la del asesinato de Samuel, o las de Hasél en otras ciudades. Además, están teniendo una política migratoria que no se diferencia mucho de la que llevaría adelante la derecha o la extrema derecha, con devoluciones en caliente, expulsando a menores, o manteniéndolos en una situación de extrema vulnerabilidad al no modificar el Reglamento de Extranjería.

En Catalunya, en la actualidad, hay más de 3.300 encausados desde el uno de octubre. ¿Qué te dice esta cifra?

Que la represión no para en ningún momento, y que llega a muchos ámbitos. A mí me denuncian dentro del marco del referéndum, en aquella escalada represiva. Tenemos a todos los jóvenes con causas abiertas por las movilizaciones por la sentencia, por Hasél. No solo en Cataluña: tenemos también el caso de Dani Gallardo, que estuvo un año en prisión provisional por un montaje policial.

La represión contra el movimiento democrático catalán es la cuestión más evidente, es lo más visible ahora, con casos como el de los 23S de los CDR, Tamara Carrasco, Marcel Vivet, etc. Pero hay toda una represión que sustenta este sistema que no es tan visible y que puede pasar más desapercibida, como las multas para intentar parar desahucios.

Pero no es solo la ley mordaza la que ejerce esta represión. En mi caso, en el de Hasél y en el de otros muchos, la ley mordaza no tiene nada a ver. En nuestros casos por el que se nos juzga es por el Código Penal y por las leyes anti-terroristas. Y además, de una cosa de la que casi no se habla es la represión de la Ley de extranjería, que persigue, valla y expulsa a personas migrantes en situación irregular, y que las deja pendientes de un hilo, amenazadas constantemente de perder “los papeles” si tienen una causa judicial o antecedentes policiales.

Hace unas semanas hablábamos con Marcel Vivet, al cual la Generalitat le pide también cinco años de prisión. ¿El gobierno catalán está contribuyendo también a la represión en Cataluña?

Por supuesto. No solo por el caso de Marcel u otros activistas y militantes donde la Generalitat está como acusación.

A la Generalitat no le tiembla el pulso para enviar en los Mossos a reprimirnos: lo hicieron con las movilizaciones de la sentencia del proceso; nos los enviaron con las movilizaciones de Hasél; los de la carga de Gracia, fueron los Mossos; los que han reventado los ojos con pelotas de FOAM y dado palizas a manifestantes, también. El que decíamos antes de las multas que están llegando a activistas que paran desahucios, también son los Mossos.

Así que la Generalitat, también está ejerciendo un rol de represión y contención del independentismo y otros movimientos sociales en Cataluña.

¿Cómo ves el conflicto después de la mesa de diálogo entre el gobierno central y el gobierno de Aragonés?

Creo que en la Diada de este año ha quedado reflejado que hay sectores del independentismo que están cansados de ERC y Junts por su hoja de ruta pactista, de pasar por encima del uno de octubre como si no hubiera sucedido, y negociar una salida con el mismo Estado español que se niega a reconocer el derecho de autodeterminación de Catalunya.

El movimiento independentista venía de años de retroceso por la represión estatal y por la claudicación de la dirección “processista”. Y en este marco, la tabla de diálogo no es más que un instrumento para el retorno a la gestión autonómica, que es el que quiere la Generalitat, hipotecando el derecho de autodeterminación del pueblo catalán a cambio de los fondos europeos.

Desde 2017, ha quedado más que claro que el derecho a decidir no vendrá de la mano de los partidos de la burguesía catalana. En 2017 no quisieron llevar hasta el final el que implicaba el referéndum porque esto suponía movilizar en la clase trabajadora y los sectores populares, y esto los podía llegar a desbordar.

Por eso, la única salida para enfrentar la represión del Estado y que el pueblo catalán pueda ejercer su derecho en la autodeterminación, es que haya una izquierda de clase, anticapitalista y revolucionaria, que lleve adelante una política de independencia de clase que no esté sometida a los intereses de partidos burgueses, que son los mismos que llevan gestionando el capitalismo en Catalunya desde hace décadas; a la vez que impulse un movimiento independentista que desborde a la propia dirección “processista”.

Y ¿qué papel juega la izquierda independentista?

No creo que en la izquierda independentista haya un actor político que se plantee ser alternativa a la dirección del proceso. De hecho, mirando a la CUP, en 2017 no se quiso plantear como tal, y el movimiento se quedó sin una alternativa a una dirección que le pidió al movimiento democrático que pusiera el cuerpo para defender el referéndum y que después los dejó echados. La CUP ha reeditado su política de “mano extendida en lo nacional”, llevándola también en una “mano extendida en lo social”, con el apoyo en los presupuestos o manteniendo el acuerdo con ERC y apoyando parlamentario en el gobierno.

Por eso, la CUP tendría que romper de una vez el acuerdo con ERC y dejar de profundizar en una política que la convierte en el furgón de cola de la burguesía catalana. Plantean que quieren reforzar “aquello social”, pero es imposible hacerlo manteniendo el apoyo en un gobierno que recorta en sanidad, la educación, que nos reprime, y que ha tenido una gestión capitalista de la pandemia -como todos los demás gobiernos-. ¿De que sirve criticar en el gobierno si después le apoyas y le apruebas los presupuestos?

Por último, ¿que les dirías a tantas personas que en la actualidad están en una situación como la que sufriste tú?

Cuando yo me vi en todo esto, desde la CRT planteábamos la necesidad de coordinar todos los casos represivos y poner de pie un movimiento anti-represivo en todo el Estado. Y esta continúa siendo una necesidad. Porque no son casos aislados de represión, y si se ven así, se reduce en una lucha individual a la cual te tienes que enfrentar sol enfrente el aparato represivo y judicial del Estado, y es una carga inmensa para ti y para tu entorno, en el que algunos casos salen más porque son más mediáticos, y otros quedan en el olvido.

Por eso es importante que se coordinen todos los casos a nivel estatal, que se plantee la necesidad de acabar con todas las leyes liberticidas como la ley mordaza, las leyes anti-terroristas, el código penal o la ley de extranjería, y poner de pie un movimiento anti-represivo que luche por eso.

Y aquí de nuevo la importancia de construir una izquierda anticapitalista y con independencia de clase. Hay intereses detrás de mantener estas leyes? Claro. De parte del Estado capitalista y de sus instituciones. Hay interés en que no se critique a la monarquía, a sus aparatos de represión, a su justicia. Hay interés a mantener en una situación de ilegalidad a miles de personas que cuando dejan de ser útiles como mano de obra troca, son expulsadas. Por supuesto que el PSOE no planteará esto, ni tampoco Podemos ni Izquierda Unida, que como mucho plantean maquillar un poco la ley mordaza.