El caso del femicidio de Keyla Martínez encierra todo lo que está mal en un crimen como estos, patrocinado por las fuerzas coercitivas del Estado hondureño durante 12 años de dictadura.
No sólo porque agentes del Estado se convirtieron en perpetradores de este femicidio (asesinada por policías entre la noche del 6 y la madrugada del 7 de febrero, 2021); sino porque pese a todo el material probatorio existente, las autoridades judiciales han decidido tipificarlo como un homicidio en donde apenas han sido suspendidos dos policías de su cargo, pese a que muchos más se encontraban en la escena.
Adicionalmente, se conoció que en el desarrollo del esclarecimiento de los hechos se han presentado irregularidades como el hecho de que sólo fue hasta dos días después del femicidio que la Agencia Técnica de Investigación Criminal revisó la escena del crimen, habiendo sido alterada, lavada por detenidos, borrando cualquier evidencia y sin haber sido asegurada por el fiscal de turno. Sumado a ello, en el proceso, al único policía acusado le fue recalificado el cargo: de feminicidio agravado a homicidio simple, pese a que Keyla mostraba signos de violencia sistemática en su cuerpo.
No contentos con ello, la familia de Keyla Martínez, como lo denunciamos en la Izquierda Diario el año anterior, ha sido víctima de amenazas por parte de autoridades policiales hondureñas y han sido perseguidos algunos de ellos hasta fuera del país, intimidándoles para que desistan en la búsqueda de Justicia por Keyla.
En todo este entramado, los funcionarios que actúan coadyuvándose han sido responsables de una cadena que va desde el feminicidio de Keyla, pasando por el hostigamiento de su familia, hasta la impunidad en el juzgamiento. El Estado hondureño bajo el mandato Juan Orlando Hernández (JOH), es responsable directo de la muerte de Keyla. Los aliados de las fuerzas policiales han traspasado fronteras para hacerle saber a la familia de Keyla que las cosas funcionan al son de la impunidad.
Un año después de este femicidio, continuamos reclamando justicia efectiva para Keyla y su familia. Sabemos que el pacto patriarcal que sostiene el poder judicial no cede frente a los reclamos de familias como la de Keyla, las cuales no cuentan con un caudal económico y político para hacer efectiva la aparente igualdad ante la ley.
Es indispensable entonces, asumir un papel protagónico en las calles y contra los estamentos patriarcales y burgueses que sostienen el bastidor de violencia e impunidad que rodea la vida de las mujeres. Mismas que ensañan contra las mujeres de pueblos originarios, pobres, trabajadoras, desprovistas de medios de presión y protección.
El caso de Keyla Martínez es uno más que nos recuerda que no podemos confiar en el Estado y su justicia patriarcal. Debemos hacer posible otra justicia a través de nuestros métodos de lucha por medio de la autoorganización.
¡Por comisiones independientes de investigación!
¡Por refugios y salarios para las mujeres víctimas de violencias y sus familias!
¡No al pago de la deuda externa!
Acá podés sumarte a la recolecta de firmas por No más impunidad ante el femicidio de Keyla Martínez. | 
