Desde que el pasado 30 de diciembre se publicó en el Boletín Oficial la Resolución navideña del Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible habilitando la exploración sísmica en aguas ultraprofundas de la Cuenca Argentina Norte (CAN), las movilizaciones se multiplicaron, en la costa atlántica y en el país. También se multiplicó la polémica.
Una verdadera “cruzada” extractivista puso el grito en el cielo. A fines de diciembre, la minera canadiense Pan American Silver se quedó sin poder agujerear la meseta chubutense. Derrota de Arcioni, Fernández y el FMI, y un nuevo capítulo en la historia de la lucha ambiental. Los defensores de las petroleras salieron al ataque: esta vez no lo iban a permitir. Hasta ahí, nada nuevo bajo el sol: “el desarrollo” y coso.
Lo novedoso vino mientras se sucedían los desastres petroleros en los mares de Perú, Tailandia y Nigeria y en la Amazonía ecuatoriana, mientras las consecuencias del cambio climático se notaban como nunca con olas de calor insoportables, sequías e incendios… Y fue en ese contexto que algunos referentes locales de la última ola de activismo climático (contemporánea con la emergencia de Greta Thunberg), comenzaron a esgrimir un discurso contra la “clausura total” (sic) de la exploración y explotación petrolera offshore. “Clausura total”, no. “Controles ambientales”, sí.
Así, Bruno Rodríguez (uno de los principales referentes de Jóvenes por el Clima), sostiene la necesidad de construir un “ambientalismo soberano y popular”, porque el camino de la “prohibición” no es viable “en un país estrangulado económicamente por el incremento de la pobreza y los condicionamientos de la deuda externa”. Veamos.
¿Un "ambientalismo soberano y popular" preocupado por "aumentar las exportaciones y estabilizar la balanza comercial y fiscal"?
Rodríguez hace suyo el argumento repetido una y mil veces por los neodesarrollistas sobre la necesidad de aumentar las exportaciones para "estabilizar" la balanza comercial y fortalecer las reservas del Banco Central. Pero este argumento no tiene asidero en la realidad. El 2021 terminó con USD 14.750 millones de superávit en la balanza comercial. Lo que sucede es que esos dólares no fortalecieron al Banco Central… Por el contrario, siguieron cayendo las reservas.
¿Cuánto superávit más cree Rodríguez que necesitamos? ¿Y para beneficio de quién? ¿No será que hay que cuestionar a dónde van esos dólares? El gobierno ya pagó USD 7.185 millones al FMI por la estafa de Macri. ¿No habrá que desconocer la deuda odiosa? ¿No habrá que nacionalizar la banca y el comercio exterior, y así terminar con la fuga de capitales?
En el caso de los hidrocarburos, la experiencia de Vaca Muerta da cuenta de que tampoco es cierto que los dólares generados queden en el país. Durante los 6 primeros años de fracking, el balance cambiario del sector hidrocarburífero indica que salieron del país USD 8.679 millones de dólares más de los que ingresaron.
Las petroleras están entre las más grandes fugadoras de dólares del país. Lo que ingresa como inversión extranjera directa se va con creces en el corto plazo, acrecentado por subsidios. Además de la remisión de utilidades a sus casas matrices, las empresas aprovechan para sacar sus dólares con mecanismos como el pago de deudas privadas, incluyendo los créditos intrafirmas.
La deuda es utilizada por los defensores del capital extractivista para justificar cualquier cosa. Lo dijo el propio Juan Cabandié: "no se puede pagar la deuda sin contaminar". Pero eso no tiene nada que ver con la “soberanía” ni el “ambientalismo”, sino exactamente todo lo contrario…
En definitiva, la idea de “exportar para superar la restricción externa”, es falsa. Si no se corta la sangría de la deuda, la fuga de capitales en gran escala y las remesas de ganancias de las empresas imperialistas, es reventar el ambiente para alimentar con dólares este barril sin fondo. Eso no significa negar cualquier necesidad de divisas. Pero mientras se perpetúe la sumisión al imperialismo no hay forma de planificar racionalmente qué tipo de exportaciones y bajo qué relación con el ambiente.
Para el referente de la organización que representa a Fridays for Future en Argentina, “existen ecologismos populares, nacionales y latinoamericanistas, (y) los hay neoliberales y foráneos”.
Llama mucho la atención, entonces, la preocupación por la “estabilización de la balanza fiscal”. Es decir, la reducción del déficit fiscal. ¿Desde cuándo lo "popular" es sinónimo de reducir el déficit, como exigen el FMI, la derecha y los neoliberales, y ejecuta el gobierno nacional? ¿Cuánto habría que reducir el déficit según sus cálculos, y en cuánto tiempo? ¿Cómo se traducirá el ajuste del FMI en los presupuestos que conllevan un impacto ecológico?
¿Por qué en vez de repetir la cantinela de la "estabilidad fiscal" no cuestionar cómo se recauda y en qué se gasta? Las petroleras, principales responsables de la emisión de gases de efecto invernadero (GEI), reciben subsidios de miles de millones de dólares para fracturar Vaca Muerta, mientras las y los jubilados están bajo la línea de indigencia. El consumo popular (por medio del IVA) aporta 3 veces más a la recaudación nacional que las retenciones a las exportaciones. ¿Pero el problema es reducir el déficit fiscal?
Espejitos de colores
Bruno Rodríguez menciona acríticamente una estimación que prevé "entre USD 30 mil y 95 mil millones de ingresos para el Estado" por la actividad petrolera en aguas ultraprofundas de la CAN, un dato del cual no se cita ninguna fuente. Es llamativo que, siendo activista “por el clima” no informe, según esa estimación, cuántos millones de toneladas de dióxido de carbono enviaría este proyecto a la atmósfera, y cuál será su aporte a la aceleración del calentamiento global. Pero, independientemente de eso, si la estimación en dólares fuera cierta… ¿Cuánto se llevarían las empresas?
El ambientalismo "soberano y popular" de Rodríguez no cuestiona que, gracias a la Ley 27.007 de 2014 (impulsada por el kirchnerismo con el objetivo central de generalizar y profundizar los beneficios otorgados en 2013 a la yanqui Chevron), las petroleras tengan libre disponibilidad del 60% de las divisas obtenidas a partir de la explotación de petróleo y gas offshore.
Las regalías hidrocarburíferas en Argentina son del 12%, pero las autoridades concedentes pueden reducirlas a un 5%. Se calculan en base a las declaraciones juradas de las empresas, y se liquidan no según valores de mercado sino luego de deducir costos como el flete, etc. Esos porcentajes ya son insólitos, pero la explotación offshore puede pagar un 50% menos. ¿Eso tampoco está en cuestión?
¿Y qué pasa con las retenciones a las exportaciones? La ley de “solidaridad” de diciembre de 2019 (previa a la pandemia), que suspendió la movilidad jubilatoria, redujo las retenciones al sector del 12 al 8%. Ya durante la pandemia, con el decreto 488/20 que estableció el precio sostén del barril criollo, directamente eliminó las retenciones siempre que el precio internacional fuese menor que el precio sostén (sólo pagarían entre 0 y 8% en caso de subir los precios).
Rodríguez afirma que “en el pozo (sic) de Mar del Plata, un 50% de las exportaciones que genere el proyecto serán para la empresa estatal YPF como propietaria”. El de YPF, para Bruno es “un ejemplo muy positivo”, y por eso lo reivindica. Pero lo cierto es que YPF no es “estatal”. Es una sociedad anónima con mayoría estatal, pero con un 49% de accionistas privados, que cotiza en la bolsa de Nueva York y funciona como una corporación más. Entre sus accionistas, hay fondos de inversión como Black Rock, Morgan Stanley, Wellington, BNP Paribas, Fidelity, etc.
Sí, YPF está colonizada, en parte, por los mismos fondos que son acreedores de la deuda externa argentina. Esos que integran el "mundo buitre", como lo llamó en su momento... Claudio Scaletta.
Nunca existió “estatización”. Lo que hubo en 2012 fue una recompra de parte de las acciones de la sociedad anónima YPF a la española Repsol, después de permitir durante años que la multinacional explotara, exportara, contaminara y se endeudara. En su momento, el entonces ministro de economía Kicilloff amenazó con “no pagar”, porque era la multinacional española la que debía pagar por el daño ambiental que dejaba. Obviamente, no sucedió.
Un año después, en 2013, esa mayoría estatal fue utilizada para asociarse con Chevron e inaugurar la explotación de Vaca Muerta con la nociva técnica del fracking. El 28 de agosto, en medio de una represión que duró horas, la legislatura neuquina aprobó el acuerdo con Chevron. Un acuerdo que incluyó cláusulas secretas y empresas off shore (el otro offshore, el de los paraísos fiscales), y que implicó la concesión del yacimiento Loma Campana hasta el año 2048. Chevron venía de ser condenada por contaminar miles de hectáreas de Amazonía ecuatoriana.
YPF opera en la industria como vocera del resto de las empresas multinacionales: fue a través de YPF que en 2020 las petroleras impusieron un nuevo acuerdo de flexibilización laboral a lxs trabajadorxs, que se sumó a la adenda macrista de 2017.
Fue también la sociedad anónima YPF la que en 2017 ingresó al territorio mapuche del Lof Campo Maripe y violentó a la comunidad con el auxilio de la Gendarmería de Bullrich. Bajo este gobierno también, continuó ingresando al territorio de manera inconsulta.
YPF es la accionista mayoritaria de Oleoductos del Valle S.A. (Oldelval), la empresa responsable del desastre ambiental en Río Negro, que derramó más de 3 millones de litros de crudo a metros de un refugio de vida silvestre.
Por último, pero no menos importante, cabe aclarar que la participación del 50% de YPF de la que habla Rodríguez (que no es propietaria sino concesionaria), tiene lugar en los bloques CAN 100, 108 y 114, en los que la resolución de Cabandié de diciembre aprobó la exploración sísmica por parte de la noruega Equinor luego del concurso internacional impulsado por el gobierno de Mauricio Macri y su ministro de energía Juan José Aranguren. Sin embargo, de avanzar en esos bloques, podría llegar el turno del resto de las áreas adjudicadas por el macrismo en 2019. En el caso de la Cuenca Argentina Norte, las beneficiarias también serán Total (Francia), Shell (anglo-holandesa), Qatar Petroleum y BP (Gran Bretaña). En la Cuenca Malvinas Oeste, ENI (Italia), Tullow (Gran Bretaña), Qatar, Equinor, ExxonMobil (Estados Unidos), Total, Pluspetrol (Argentina, familia Rodríguez), Mitsui (Japón), Tecpetrol (grupo Techint), BP, YPF y Wintershall (Alemania). Y en la Cuenca Austral, Equinor.
De las 18 áreas adjudicadas en 2019, YPF solo tiene participación en 5, y en una de ellas con un 37,5%. En las otras 13 áreas operarían empresas extranjeras sin ningún tipo de participación de YPF. En todos los casos, las empresas luego de la exploración pueden solicitar la concesión de explotación por 35 años, prorrogables por 10 más.
¿La explotación off shore forma parte de la “transición”?
Otra línea argumentativa de los voceros del gobierno para defender el offshore está relacionada con la transición energética (hacia una matriz descarbonizada). Poco creíbles si se tiene en cuenta un dato de color: tras el rechazo mayoritario en la audiencia pública de mediados de 2021 a la exploración sísmica costas afuera, el entonces secretario de Cambio Climático Rodrigo Rodríguez Tornquist sostuvo que no se avanzaría con ningún proyecto sin antes contar con un plan de descarbonización. El 15 de diciembre renuncia Rodríguez Tornquist y nueve días después Cabandié firma la resolución que autoriza la exploración. ¿El plan de descarbonización? Te lo debo.
Los argumentos que invocan la transición son dos. El primero es más grosero, y ya fue desmentido. Refiere al gas como “combustible puente” entre fuentes más sucias como el carbón, y las renovables. En realidad, si además de la emisión de dióxido de carbono se suma la emisión de metano asociada a la producción de gas, el puente no lleva a otro destino que a un mayor calentamiento. El segundo argumento es que, en un país como el nuestro, del “sur global” y con “restricción externa”, los recursos que recaude el estado por la explotación hidrocarburífera en aguas ultraprofundas serán los que financien la transición energética. La pregunta sería, en este caso, por qué eso no está sucediendo ya con Vaca Muerta, que por el contrario es una aspiradora de subsidios y estímulos millonarios aún cuando se encuentra batiendo todos los récords de producción.
De una forma más sofisticada, el mismo argumento está presente en las reflexiones de Ana Julia Aneise, también referente de Jóvenes por el Cima. Aneise pone el acento en las contradicciones de la transición en Argentina, y en la necesidad de gradualismo para que no provoque pérdidas de empleos en el sector hidrocarburífero.
Más en general, el planteo de Aneise, reproducido por Rodríguez, es que las transiciones son lentas. Así fue la transición a los hidrocarburos, y así será la transición para superarlos. Sin embargo, lo importante es que la transición “está ocurriendo”. El estado deberá actuar para acelerarla y orientarla hacia la “seguridad energética, la equidad energética y sostenibilidad ambiental”, sumando en Argentina la necesidad de un “desarrollo tecnoindustrial”. En ese camino hay que construir, según Rodríguez, “puentes en la relación entre públicos y privados”.
El problema evidente de esta forma de plantear la “transición”, es la realidad: en primer lugar, la necesidad cada vez más urgente de reducir a la mitad la generación GEI para 2035 y a cero en 2050, según el propio Acuerdo de París, para no ir hacia escenarios catastróficos (ver último informe del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, IPCC). No se está utilizando los recursos obtenidos por la explotación hidrocarburífera para “transitar” hacia la descarbonización, sino que se está consolidando la matriz fósil, expandiendo la frontera hidrocarburífera más allá de lo conocido hasta el momento.
Volviendo, una diferencia sustancial que Aneise pasa por alto, entre la transición hacia los hidrocarburos y la transición pos-fósil, es que una fue motorizada por la acumulación de capital, y la otra está determinada por los límites ecológicos del actual patrón de acumulación. Una transición energética que evite llevar el calentamiento global a un punto de no retorno, que evite el colapso, es abiertamente contradictoria con las leyes del capital (y en particular con la sed de ganancias de las petroleras). La “lentitud” que señala Aneise no es un dato “natural” o escrito en piedra. Está determinada por los intereses capitalistas, que, justamente, hay que cuestionar. Dejar la transición librada a la misma clase social que generó la crisis climática, a la rentabilidad del capitalismo verde (y la confianza en mecanismos como los bonos de carbono por ejemplo) o incluso a la “redistribución” de las regalías de los proyectos extremos de las petroleras, aún con supuestos “controles ambientales”, es lo verdaderamente “utópico” e “irresponsable”.
No hay transición energética y ecológica mientras la energía siga siendo considerada como una fuente de ganancia capitalista. Si en vez de un negocio, se considerara el acceso a la energía como un derecho y se quitara la ganancia de la ecuación, toda la industria energética debería pasar a formar parte de una única empresa estatal, con control de sus trabajadores y trabajadoras, comunidades afectadas en cada territorio, pueblos originarios, profesionales de universidades públicas y organizaciones ambientales. De esta manera se podría decidir democráticamente un plan de descarbonización: qué fuentes se utilizarán en cada zona, con qué financiamiento, para qué usos. Desde ya que esta medida debería ser parte de un plan racional que tienda a la planificación de la economía, comenzando por sus ramas más contaminantes y de mayor consumo energético, y conservando y reconvirtiendo los puestos de trabajo. Por ejemplo, un sistema de transporte público de pasajeros estatal, gratuito y de calidad, disminuiría drásticamente la movilidad individual, o en el caso del transporte de carga, priorizar medios como el ferrocarril frente a los camiones.
Avanzar en este sentido podría ser un ejemplo a nivel mundial y ganar simpatía de los movimientos ambientales y el pueblo trabajador de países tanto vecinos como imperialistas, cuyos gobiernos ahorcan financieramente a los países dependientes como Argentina.
De cualquier manera, no se puede hablar de ”justicia climática” y tener una posición ambigua o directamente favorable a la explotación hidrocarburífera en aguas ultraprofundas, como es el caso de los referentes de dicha organización con los que debatimos en esta nota. Por lo demás, aunque el desarrollismo hable de “fake news”, lo cierto es que este tipo de explotación (que puede llegar a los 4 mil metros de profundidad) no se realizó jamás en Argentina. Constituye, al igual que el fracking, lo que se denomina “energías extremas”, e implica impactos en la fauna marina y riesgos serios de derrames. En Vaca Muerta se confirmaron todos los impactos ambientales de los que se alertó en 2013: derrames, explosiones, basureros petroleros al por mayor, aparición de sismos inducidos, consumo millonario de agua, etc. Lo que no se confirmó fue la promesa desarrollista: en Neuquén los récords de producción fueron el año pasado paralelos a los récords de pobreza.
Las posiciones con las que debatimos, no se condicen con la dinámica que el movimiento ambiental viene tomando. Fue con la lucha en las calles que se derrotó el intento de la UCR y el PJ en Mendoza de modificar la 7722. Fue con asambleas de años, con miles marchando en todo Chubut, y con la entrada escena de los grandes sindicatos estatales y portuarios que se derrotó la zonificación minera. Y fue también con las marchas en Mar del Plata y en todo el país, que se logró la medida cautelar que suspende (por ahora) la exploración sísmica en aguas ultraprofundas.
El gobierno intenta cooptar referentes ambientales para maquillar su plan de entrega y saqueo extractivista. En la campaña electoral utilizó una demanda tan sentida como la Ley de Humedales, pero luego la dejó caer. Es necesario construir un movimiento ambiental independiente del gobierno, del FMI y de los partidos patronales, que busque la unidad entre las organizaciones de la clase trabajadora, las comunidades y pueblos originarios y los centros de estudiantes, sin caer en las trampas del lobby y los laberintos desarrollistas que terminan profundizando la crisis climática y ecológica. |
