El pasado sábado se dio a conocer la muerte de Hugo Torres, referente histórico de la revolución nicaragüense y preso político que, junto a otros opositores y activistas fue injustamente encarcelado a mediados de 2021 entre los que se encuentra la ex comandante guerrillera e historiadora Dora María Téllez, medida que muestra el verdadero rostro de la escalada represiva y autoritaria del gobierno Ortega-Murillo.
Conocido como “Comandante Uno” durante la Revolución de Nicaragua, Hugo Torres Jiménez recordó en un video publicado a días de su detención que, en 1974 arriesgó su vida junto con la emblemática combatiente Dora María Téllez para liberar a decenas de presos políticos durante la dictadura de Anastasio Somoza. No provoca más que indignación la situación de su fallecimiento y hay que hacer responsable al Gobierno de Ortega-Murillo de la muerte de Hugo Torres.
Efectivamente, Hugo Torres, en 1974, comandó un operativo para liberar a un grupo de presos políticos de la dictadura somocista, entre los que se encontraba Daniel Ortega y participó también de la famosa toma del Palacio Nacional, en 1978, junto a Edén Pastora, el llamado “Comandante Cero”, y la entonces joven comandante Dora Téllez. De héroe de la revolución nicaragüense de 1979 que terminó con la dictadura somocista, ahora estaba encarcelado bajo la falsa acusación de “traidor a la patria”, por oponerse al régimen de Ortega-Murillo.
Marcado por el reciente proceso electoral altamente cuestionado y realizado a la medida del régimen que ha concluido con el cuarto mandato consecutivo de Daniel Ortega en Nicaragua, Torres y un grupo de opositores fue blanco de la represión sistemática ejercida por Ortega. Una represión que tuvo su salto desde la crisis de 2018 que dejó decenas de jóvenes desaparecidos, centenas de muertos y exiliados, y que desde entonces solo fue en aumento con las detenciones del 2021 en adelante.
Es dentro de este cuadro represivo que se suma recientemente la condena a ocho años de prisión para Dora María Tellez, exguerrillera e historiadora acusada de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional” y a trece años para Léster Alemán, el joven universitario que públicamente denunció los asesinatos y la represión de las Fuerzas Armadas orteguistas, así como de otros presos del régimen político.
Torres, emblemático guerrillero, es el primer preso político de los arrestados en 2021 que muere en la cárcel de El Chipote, la prisión que como en tiempos de Somoza sigue sirviendo como campo de detención y tortura de disidentes al actual Gobierno. Familiares, activistas y diversas organizaciones sociales y de Derechos Humanos han expresado su preocupación por las condiciones de deterioro en las que se encontraba Hugo Torres, incluso durante meses se desconocía el lugar donde se encontraba detenido y la manera en que se dio a conocer la muerte del referente histórico, ya que como asevera la también ex combatiente Mónica Baldotano, Torres “ingresó a prisión en condiciones óptimas”.
Hasta el momento la Fiscalía se ha limitado a hacer público que la muerte de Torres fue “por enfermedad”, sin embargo, se tiene información que “desde el 17 de diciembre, Hugo fue sacado de su celda con dolor, casi desmayado. Sin embargo, jamás hubo un reporte oficial al respecto”, reclamó Baldotano desde el exilio.
Mientras el Gobierno Ortega-Murillo mantiene en total hermetismo el proceso de más de 170 presos políticos, las voces de los exiliados y compañeros de Hugo Torres repudian la cacería orteguista contra los principales referentes del sandinismo y otros líderes opositores. Así lo hicieron los escritores Gioconda Belli y Sergio Ramírez, exvicepresidente de Nicaragua y premio Cervantes en 2018, desde Madrid, España. Es más, los juicios se llevan a cabo en las propias cárceles y no en las sedes de los juzgados respectivos como establece el mecanismo procesal.
La alerta se mantiene a nivel internacional, ya que en el caso de Dora María Téllez la Fiscalía podría solicitar una pena máxima de 15 años de prisión y la inhabilitación para poder acceder a cargos públicos. Como se sabe, la actual condena por ocho años resuelta de manera exprés en menos de siete horas es parte de una práctica de aleccionamiento para más de 47 opositores, cuyo objetivo fue eliminar toda competencia ante a los comisos de noviembre pasado y perpetuar su poder. Así, el juicio de la emblemática guerrillera ha seguido la misma dirección de los primeros cuatro opositores procesados a inicios de febrero: Yader Parajón, Yaser Vado González, Alexis Peralta y la activista Ana Margarita Vijil.
Diferentes medios internacionales han destacado los pronunciamientos de organismos como la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, OEA y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), para condenar la muerte del activista. Sin embargo, son estas mismas instituciones los que han intentado montar el “Diálogo Nacional” junto a la oposición burguesa incluyendo a los sectores empresariales en miras de ablandar sin éxito la actual gestión de Daniel Ortega por medio de “sanciones internacionales".
Contrario a ello, en los hechos avalaron un proceso electoral viciado, restrictivo ante posibles candidatos presidenciales y antidemocrático, así como la presión que viene ejerciendo dicho organismo para aprobar una reforma electoral que en nada resuelve las demandas del conjunto de trabajadores y pueblo nicaragüense.
El imperialismo estadounidense, tanto con Trump como su continuador Biden, han tenido una política ofensiva de sacar partido de la crisis en Nicaragua y del repudio a Daniel Ortega y Rosario Murillo, alentada también por referentes opositores nicaragüenses de la burguesía local, que con un discurso demagógico de “democracia”, busca recuperar terreno en el país centroamericano.
Estados Unidos por lo que menos está interesado es por las libertades democráticas en Nicaragua, basta ver todo su historial de invasiones e imposición de gobiernos, incluso dentro de su propio territorio. Recordemos que antes que explotara la crisis económica a mediados del 2017 el propio Ortega era funcional a los intereses del FMI y de importantes grupos económicos que se beneficiaban de las políticas orteguistas a través de sus pactos incluyendo a la alta jerarquía de la Iglesia Católica, mientras los trabajadores, los campesinos y el pueblo pobre de Nicaragua se hundía en la miseria y era reprimido cuando peleaba por sus demandas.
El régimen orteguista ha venido consolidando su poder en los últimos años, sobre todo luego de la brutal represión a la rebelión popular de abril del 2018 que se extendió por tres meses con un saldo de casi 400 asesinados, miles de heridos y centenas de detenidos, y más recientemente con la ola de detenciones y las cuestionadas elecciones presidenciales que se acaban de realizar. Ese es el rostro represor del orteguismo que quienes más lo han venido sufriendo son los obreros, los campesinos, la juventud y las grandes mayorías populares, que han sido las verdaderas protagonistas de las rebeliones.
La escalada autoritaria y altamente represiva del gobierno Ortega-Murillo se ha ido acentuando y ahora da un salto con un control completo de todos los poderes del Estado, desde la Corte Suprema de Justicia y la Asamblea Nacional y con el apoyo completo de las Fuerzas Armadas y de las policías.
Por ello en Nicaragua hay que pelear por la defensa de las libertades democráticas y repudiar lo sucedido con Hugo Torres. Hay que estar por la libertad de los presos políticos, siendo que el grueso lo ocupan centenares de detenidos de la rebelión del 2018, la gran mayoría oriundos de los gruesos sectores obreros, populares, campesinos, de la juventud, a los que se fueron sumando las detenciones de antes de las elecciones presidenciales. También hay que pelear por el más pleno derecho a la libertad de expresión y de asociación social, política y sindical.
Desde la red internacional de La Izquierda Diario y grupos que lo impulsan condenamos las condiciones que llevaron a la muerte de Hugo Torres dentro de El Chipote; desde la desaparición que por semanas mantuvieron contra él y otros detenidos, violaciones a las garantías más elementales, incomunicación, así como reiterar que se trata de un crimen político, sumándonos a la exigencia por la libertad inmediata e incondicional de los presos políticos que mantiene el gobierno de Ortega-Murillo en el país.
Fotografía de archivo
En la fotografía Hugo Torres y Dora María Téllez durante los años de la Revolución en Nicaragua
