El fracaso de la operación Mañueco-Casado en Castilla y León va a traer tela. El líder nacional del PP esperaba que el adelanto electoral en la comunidad le diera una mayoría absoluta, o al menos una mejora de resultados suficiente como para poder gobernar el solitario. Emular el éxito electoral de Ayuso en las madrileñas de mayo era el objetivo.
Pero no ha salido. Hoy el PP depende enteramente de Vox, que pide entrar en el gobierno autonómico y una vicepresidencia. El relato de un PP de Casado que se separa de la ultraderecha hace aguas por todos lados.
El otro alma del partido, la que representa la presidenta de la Comunidad de Madrid, no ha tardado en arremeter. En los pocos días transcurridos desde el cierre de las urnas castellanoleonesas ya se ha mostrado abierta a pactar con la ultraderecha si es preciso, “sin importar lo que diga la izquierda”, y ya de paso ha solicitado que se convoque el congreso del PP de Madrid donde espera obtener la secretaria general.
Pero además de esta guerra pública, empieza a aflorar una guerra sucia por abajo. Espías y corrupción, un clásico en el PP, vuelven a ocupar portadas de diarios y abrir tertulias y telediarios.
Desde el pasado mes de octubre la dirección nacional del PP estaría investigando la adjudicación irregular a un conocido del hermano de Ayuso un contrato de mascarillas por 1,5 millones de euros. La corruptela habría tenido lugar presuntamente en los peores meses de la pandemia.
La sensibilidad de Ayuso para favorecer los negocios a costa de la salud pública es conocida. Sirvan de ejemplos los menús de Telepizza para atender las necesidades alimenticias de los menores en el confinamiento de 2020 o el pelotazo de ladrillo y hormigón del ineficaz Hospital Zendal.
Además, desde el mes de diciembre colaboradores de Pablo Casado en el Ayuntamiento de Madrid, estarían supuestamente espiando a la propia presidenta madrileña. Según han publicado medios como El Mundo o El Confidencial, un cargo de la empresa municipal de vivienda habría encargado a una agencia de detectives investigar el entorno familiar de Ayuso. El dueño de la empresa le habría transmitido esta solicitud a un exministro de Rajoy, y por medio de él habría llegado a oídos de la presidenta.
Ayuso pidió explicaciones al mismo alcalde de la capital, quien le aseguró que no se habría utilizado dinero público para el supuesto encargo. La dirección nacional del PP dice off the record que quiere “ir hasta el final” en la investigación de las posibles irregularidades, a la vez que públicamente niega las acusaciones de espionaje.
Un enredo que, conociendo la reciente historia del partido tradicional de la derecha española, no puede sorprender demasiado. Lo que sí da cuenta de la profunda crisis que vive este espacio político que, aún con las encuestas a su favor, ve como su principal competidor no solo no decae – como pasara con Cs, un partido que venía a sorpasarlo y está en vías de extinción – sino que sigue avanzando.
Vox avanza sin freno, aupado por dos corrientes de aire que le vienen por los dos costados. Por la derecha, gracias a la competencia virtuosa con el PP, el de Ayuso y el de Casado. En la carrera por ver quien es más de derecha los de Abascal corren dopados.
Por la izquierda, gracias al malestar y la decepción creciente que genera el gobierno “progresista”. No hay mejor alfombra roja para el avance de la extrema derecha que un gobierno de “izquierda” que compra buena parte de su marco en temas como Catalunya, en la política de extranjería – véase la militarización de Ceuta y las expulsiones en caliente - o económica – véase los Fondos NextGeneration que salieron adelante gracias a los síes de Vox -. | 
