El Centro de Desarrollo Infantil (CEDI), ubicado en la calle Pringles 340/342/344, en el barrio porteño de Almagro, es de los pocos establecimientos que reciben a niños y niñas de 45 días a 3 años.
El año pasado, el Gobierno de la Ciudad impulsó la subasta de este edificio, que se aprobó en la Legislatura porteña junto a otras subastas, con el argumento de que son “inmuebles innecesarios para la gestión”.
Desde entonces, familias, docentes, vecinos/as y organizaciones sociales, vienen peleando para frenar esta medida y que la Escuela Infantil continúe funcionando.
Desde la banca del FITU, con la legisladora Alejandrina Barry, se viene acompañando las movilizaciones y los reclamos, y se presentó en la Legislatura porteña un proyecto para dejar sin efecto la subasta y por la continuidad de la Escuela Infantil, extendiendo la edad de niños y niñas de 45 días a 5 años de edad.
“La subasta de este inmueble, autorizado por las leyes 3.397 y 6.287, sólo profundizará el problema de acceso a las vacantes, en un contexto en el que, año tras año, miles de niños y niñas se ven privados de acceder a una vacante en el nivel inicial”, señala el proyecto.
En la Ciudad de Buenos Aires, cada año faltan miles de vacantes para que niñas, niños y adolescentes puedan tener garantizado su derecho a la educación. Este año, el colectivo Vacantes para todxs en las escuelas públicas estima que son más de 20 mil quienes se quedaron sin poder asistir a un establecimiento educativo. Por esto, realizaron una campaña masiva, en repudio a las palabras de la Ministra de Educación Soledad Acuña, que sostuvo que la falta de vacantes “es una suposición, no un dato de la realidad”.
“La falta políticas concretas para resolver la falta de vacantes en la educación pública es un problema estructural e histórico de la Ciudad, afectando de esta forma el derecho a la educación de miles de niños y niñas”, continúa el proyecto. Esto favorece la migración a las escuelas privadas, que además son subsidiadas por el Estado, y un proceso de desescolarización, porque los chicos y chicas cuyas familias no pueden pagar una educación privada se quedan sin poder ir a la escuela.
Frente a esta grave situación, donde miles están privados del derecho elemental a la educación, el Estado a través del gobierno porteño no sólo no garantiza este derecho sino que, por el contrario, pretende subastar edificios para el negocio inmobiliario donde actualmente están funcionando escuelas, como el caso de la Escuela Infantil de Pringles al 300. Sólo en la Comuna 5, de la que forma parte este establecimiento, hay un déficit de 500 vacantes para el nivel inicial. En lugar de cerrar, debería abrir escuelas y dar una respuesta integral al problema de la falta de vacantes.
"A pocos días del inicio del ciclo lectivo 2022, es fundamental que los niños y niñas que asisten a la escuela infantil de Pringles 340/342/344, sus familias y los docentes de dicho establecimiento, tengan la certeza de que su jardín continuará funcionando normalmente”, finaliza el proyecto.
Una larga historia
Hay que recordar que en noviembre del año pasado se logró un fallo histórico que exigía al Gobierno porteño resolver la falta de vacantes en las escuelas públicas de la Ciudad. Fue establecido por la la jueza Elena Liberatori de la Sala 3 de la Cámara de Apelaciones del fuero Contencioso, y convalidó el amparo presentado en el año 2016 por el entonces legislador del Frente de Izquierda, Patricio Del Corro, junto al colectivo Vacantes para Todxs, el CeProDH, familias y docentes, y luego apoyado por las legisladoras Alejandrina Barry y Myriam Bregman.
Sin embargo, esta historia de subasta del edificio de la calle Pringles tiene más larga data. Ya en noviembre de 2009, el entonces Jefe de Gobierno de la Ciudad, Mauricio Macri, presentó un proyecto de ley en la Legislatura para declarar innecesarios para la Ciudad a los inmuebles de la calle Pringles 340 y 342 y autorizar su subasta pública. Según TiempoAr, el proyecto tuvo giro hacia distintas comisiones y nunca llegó al debate, pero de todos modos se pidió su tratamiento en diciembre de ese año, con modificaciones entregadas a último momento y con el número de Ley N°3.397.
Pasaron diez años sin haber llamado a subasta, y en la sesión de diciembre de 2019, la Ley N° 3.397 fue modificada por la Ley N° 6.287 que declaró innecesarios para la gestión del Gobierno de la Ciudad a los inmuebles comprendidos en su artículo 1°, que incluyó una vez más el de Pringles 340 y 342. |
