El jueves se realizó la segunda “mesa de alquileres” convocada por el Gobierno, sin acuerdo entre la parte propietaria e inquilina. El Frente de Todos dice que analiza un impuesto a la vivienda ociosa.
El secretario de Comercio Interior de la Nación, Roberto Feletti, se reunió este jueves con representantes de propietarios, inmobiliarias y organizaciones de inquilinos. Se trató del segundo encuentro de la “mesa de alquileres” que se levantó sin ningún acuerdo.
El punto central fue la Ley de Alquileres. "No hay acuerdo entre el mercado y la Federación de Inquilinos. El mercado quiere modificarla y nosotros no", señaló Gervasio Muñoz, de la Federación de Inquilinos Nacional.
La ley de Alquileres ha sido muy criticada. Según el Gobierno, los propietarios no ponen casas disponibles en alquiler porque reclaman una renta mayor por “su capital invertido”. Esto “reduce el mercado” y genera “incertidumbre” sobre el precio para quienes alquilan.
Terminó la reunión de mesa de alquileres de la Secretaría de Comercio. Conclusiones: 🔸No hubo acuerdo entre el mercado inmobiliario y la Federación de inquilinos sobre la modificación de la ley de alquileres. Se cierra debate. 🔸La Sec de comercio elaborará propuesta (sigue)
— Inquilinos Agrupados (@InquilinosAgrup) March 17, 2022
La ley votada en 2020 estableció algunas mejoras elementales para inquilinos, como extender de dos a tres años el contrato y la actualización anual del alquiler.
Ahora la parte inquilina plantea propuestas como la regulación del precio inicial del alquiler (2 % del valor fiscal de la vivienda) y un impuesto del 5 % sobre el valor fiscal de las viviendas vacías por más de dos meses y de propietarios con más de tres casas. Ambas medidas son rechazadas por el sector inmobiliario que exige contratos de dos años y actualizaciones semestrales.
La mayoría de los propietarios no cumple la ley y el porcentaje de los contratos informales es muy alto, hecho que aumenta la vulnerabilidad de las personas que alquilan ante la ambición rentista. Por eso desde la Federación de Inquilinos en primer lugar exigen que la ley se cumpla y rechazan las modificaciones que piden las inmobiliarias.
El límite fundamental de la normativa es haber dejado en manos del “mercado” inmobiliario la asignación de los precios de los nuevos contratos, con un índice de actualización anual atado a la inflación.
"Los propietarios decidieron quitar sus unidades del alquiler, generando una suba en los valores. (...) Aun así, creo que hay muchos puntos a favor del inquilino en la ley. Había muchos abusos como el cobro de comisión o el doble depósito a la hora de entrar a un inmueble... todos esos son puntos ganados. Pero creo que con la inflación que hay ese índice como está elaborado no ayuda porque no acompaña el incremento de los salarios", sostuvo la periodista especialista en el mercado inmobiliario, Belén Fernández, a La izquierda Diario.
Más promesas mientras el salario pierde como en la guerra
La cartera de Feletti se comprometió a seguir con reuniones para analizar medidas y la posibilidad de implementar el impuesto a la vivienda ociosa. La parte propietaria ya puso el grito en el cielo y adelantó que no considera que sea una medida que ayude a aumentar la cantidad de casas disponibles en el mercado de alquileres. Sabe que con presión y lobby puede obligar al Gobierno a retroceder. Ya pasó cuando el Frente de Todos dijo que iba a expropiar Vicentín para favorecer la soberanía alimentaria y controlar el precio de los alimentos.
Gervasio Muñoz dijo tras la reunión que los intereses de las partes son antagónicos y las organizaciones de inquilinos esperan que el Gobierno tome medidas para defender a la parte más débil y perjudicada por la situación económica.
El índice de precios para contratación de locación (ICL) determina los aumentos según la ley vigente. El indicador contempla en partes iguales la variación de la inflación (de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor IPC) y los salarios, según la remuneración promedio de trabajadores estables (Ripte).
El IPC de febrero difundido por el Indec subió un 4,7 % y acumula un 52,3 % interanual. El ICL aumentó un 51,28 % en febrero y ya se encuentra en 51,57 % interanual (Página/12, 16 de marzo). Como se ve la suba de los alquileres acompañó la inflación, los propietarios no perdieron nada.
Esto explica que la gran mayoría de las cerca de 8 millones de personas que alquilan en Argentina (según datos del Observatorio del Derecho a la Ciudad), tenga que destinar el 50 % o más de sus ingresos al pago mensual de una vivienda. Este contexto también explica la suba del índice de inquilinización, es decir el aumento de la población que alquila, mientras la población propietaria se reduce.
En la ciudad de Buenos Aires, en 2022 se registraron aumentos de hasta el 70 % en los alquileres.
Ante la mayor vulnerabilidad: la respuesta más dura
En octubre del año pasado el CELS y la Universidad Nacional de San Martín, publicaron un informe sobre el Índice de Vulnerabilidad Inquilina (IVI). El trabajo se basa en una encuesta realizada en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y evalúa el "riesgo habitacional" de quienes alquilan.
Según el informe, el 38 % de los hogares sostenidos por personas trans o no bineries y el 34 % por mujeres solas tienen riesgo habitacional alto. Esto quiere decir que sufren más posibilidades de enfrentar un desalojo. Si se mira la edad, la población más vulnerable es la más joven, de entre 16 y 29 años. El 47 % de las personas sostén del hogar no tiene empleo y el 33 % están subocupadas.
“No por casualidad en los desalojos más brutales de los últimos tiempos, uno llevado adelante por el oficialismo bonaerense (Kicillof y Berni) en Guernica y el otro por el oficialismo porteño (Rodríguez Larreta) en la Villa 31, mujeres y niñes son quienes más tuvieron que soportar las topadoras y la violencia policial”, indicaba la periodista de este diario Celeste Vázquez, al conocer los datos sobre el IVI.
De acuerdo al censo 2010 (últimos datos oficiales) el déficit habitacional alcanza a alrededor de 3.5 millones de hogares, contando casas precarias y casas faltantes. Dentro de este universo, más de un millón de personas viven en hacinamiento crítico, es decir, con más de tres habitantes por cuarto. Dentro del déficit habitacional no están contemplados los hogares que no tienen casa propia, pero que les alcanza todavía para alquilar un lugar que no sea precario.
El Frente de Todos impulsa políticas de crédito para vivienda como el Procrear o Casa Propia, que permiten que algunos sectores con determinadas condiciones de estabilidad puedan acceder a una vivienda. Recientemente Ferraresi sostuvo a los medios que en marzo entregaría la vivienda número 40 mil desde que asumió este gobierno. Mientras hace discursos y muchas promesas con esos resultados magros, como muestra la gran cantidad de denuncias recibidas por este medio, para la población más vulnerable la política son los desalojos y la represión a las luchas por tierra para vivir.
Sin grieta para ceder al lobby inmobiliario
La ley de alquileres fue sancionada por el Senado en junio de 2020. El lobby inmobiliario se opuso desde el comienzo del debate.
Esto significaría la suspensión de toda regulación de los alquileres de vivienda y comerciales. A favor de suspender o derogar la ley, están también María Eugenia Vidal, Javier Milei, José Luis Espert.
“El Diputado Nacional de la Provincia de Buenos Aires por el PRO, Alberto Asseff, no solo busca la derogación, sino la priorización de la libertad del mercado y que cada propietario arregle con el inquilino de manera libre y sin ningún control. Además, propuso sancionar el polémico ‘desalojo express’ para evitar posibles usurpaciones del inmueble”. (IProfesional). Otro proyecto opositor plantea que el propietario pueda terminar los contratos de manera unilateral.
¿Qué medidas tomar?
Este nivel de consensos entre el Frente de Todos y la oposición de derecha, es el que viene actuando en el Congreso y en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, sea quien sea que tenga la mayoría, para votar todas las leyes que empobrecen los bolsillos populares. Actúan en defensa de los intereses de empresarios, terratenientes y especuladores.
La mesa de alquileres fallida, tuvo lugar el mismo día que se votó el acuerdo con el FMI en el Senado. Tras la aprobación que el Frente de Todos obtuvo con el apoyo clave de Juntos por el Cambio, el presidente Fernández dijo que emprenderá una “guerra contra la inflación” a partir de este viernes.
La derecha se indigna como si no hubiera dejado al país con una inflación interanual de 53,8 %. Ambas coaliciones juntas votan un nuevo endeudamiento en el Congreso con el FMI, que exige entre sus condiciones mantener una alta inflación. Así pasan el ajuste, rebajando el poder de compra de salarios, jubilaciones y asignaciones.
Romper con el FMI a través del desconocimiento soberano de la deuda externa ilegal, ilegítima y fraudulenta, es una medida urgente para dar solución al problema de la vivienda de las mayorías populares, junto con otras medidas básicas:
Realizar un inventario nacional de vivienda ociosa, identificando las que pertenezcan a los grupos empresarios inmobiliarios o desarrolladoras millonarias y obligarlos a ceder al Estado las propiedades en esa condición.
Impuesto progresivo a la vivienda ociosa que vaya a un Fondo para la integración socio urbana de asentamientos precarios y villas.
Verdadero plan de obras públicas controlado por trabajadores y trabajadoras, para que, mediante el reparto de las horas de trabajo entre todas las manos disponibles, se pueda dar salida al problema de la falta de empleo y de un techo digno para vivir, en un ambiente sano.
Estas son las propuestas para las que el Frente de Izquierda Unidad llama a organizarse y movilizarse y exige a las direcciones de los sindicatos que rompan su complicidad y salgan a la calle.
