El pasado miércoles 16 de febrero, la ultra derechista presidenta del Parlamento peruano María Antonieta Alva, presidió una conferencia de prensa donde participaron los voceros de casi todas las fuerzas políticas que tienen presencia en el Congreso. Destacaron en este evento los representantes de los partidos conservadores y ultraderechistas Fuerza Popular de Keiko Fujimori, Renovación Popular del filo fascista Rafael López Aliaga y los representantes del partido gobiernista Perú Libre dirigidos por Vladimir y Waldemar Cerrón.
Todos los representantes de las diversas tiendas políticas que asistieron a esta conferencia de prensa se abrazaron simbólicamente y dejaron entrever que, de aquí para adelante, trabajarían juntos para superar los “impases” entre el Ejecutivo y el Legislativo, los cuales han potenciado significativamente el desprestigio de estos dos poderes del estado, al grado tal que en las últimas encuestas presentadas el domingo pasado en los medios de comunicación quedo evidenciado que la desaprobación del Congreso superaba el 70%, mientras que el 65% desaprobaba la gestión de Pedro Castillo a nivel nacional y en Lima la desaprobación al mandatario alcanzaba nada menos que el 79%.
Esta crisis de legitimidad de los poderes del estado y de los partidos políticos, no es nueva, sino recordemos la forma como cayeron los últimos presidentes – de PPK hasta Vizcarra, incluyendo el suicidio de Alan García y la judicialización de Toledo, Ollanta y Alberto Fujimori – a lo cual habría que sumarle el enorme desprestigio del Parlamento a quien el grueso de la población percibe como caja de resonancia de intereses económicos empresariales y personales, completamente desvinculados de las necesidades de las grandes mayorías. Esta profunda crisis, que nosotros siguiendo a Gramsci llamamos crisis orgánica, tiene sus causas estructurales en el agotamiento del modelo neoliberal y las instituciones políticas impuestas por Alberto Fujimori en los 90, las cuales fueron refrendadas jurídicamente por la Constitución de 1993.
El negarse a pelear por cambiar la actual Constitución, sus instituciones y a acabar con las políticas de ajuste neoliberal que rigen las políticas públicas, estaría llevando a que el presidente Pedro Castillo y sus aliados de Perú Libre se terminen aislando cada día mas de las demandas de cambio de los sectores populares y de la clase trabajadora que fueron los que, en primera y segunda vuelta, votaron masivamente por el profesor rural y hoy empiezan a sentirse estafados. Esta traición a sus promesas de campaña y la intención de quedarse en el gobierno a costa de lo que sea, ha generado que Pedro Castillo y Perú Libre avancen inexorablemente hacia la derecha, ya que con ello pretenden apaciguar la voluntad destituyente de este sector que sistemática y recurrentemente los amenaza con la vacancia.
Recordemos que, desde que Castillo piso palacio de gobierno, lo primero que hizo fue llamar a los perdedores de la primera y segunda vuelta, así como a los empresarios nacionales y extranjeros, para que juntos lleven adelante un gobierno de unidad nacional. Por esa razón, Castillo viajo a los Estados Unidos y llamo a los grandes capitalistas a invertir en el Perú, mantuvo en el BCR al banquero fondomonetarista Julio Velarde, se negó junto a Pedro Francke a aumentar el salario de los trabajadores y mantuvo la suspensión perfecta de labores que avalaba los despidos masivos.
El ejecutivo presidido por Pedro Castillo también autorizo, junto a los parlamentarios de Perú Libre, el ingreso de tropas norteamericanas al territorio nacional y puso como ministro de Relaciones Exteriores a un personaje como Oscar Maurtua que promovía el golpismo en Venezuela de la mano de la embajada Yanqui. Y cuando se dio la crisis del derrame de Petróleo en las playas de Ventanilla, el presidente y sus aliados jamás movieron un dedo para que a la transnacional imperialista Repsol se le quite la licencia de explotación y comercialización de petróleo y se nacionalice la refinería La Pampilla.
Como vemos, este acercamiento con la derecha y con los empresarios no es nuevo, sin embargo, en los últimos días pego un salto cualitativo, lo cual se evidencio con claridad con la designación del gabinete Valer y la separación del ejecutivo de los ministros centro izquierdistas que pertenecían al grupo liderado por Veronika Mendoza quienes, hasta antes de ser separados de sus cargos, habían mantenido un comportamiento obsecuente con el presidente y con Perú Libre.
Esta profundización del proceso de derechización del gobierno y de Perú Libre también se expresó en la aprobación de la ley que permite el retorno de las denominadas universidades “chicha” y en la aprobación de la ley que permite la desaparición del enfoque de género en la educación básica. Acá, los parlamentarios de Perú Libre y el sector magisterial afín a Pedro Castillo, votaron junto a lo más rancio de la ultraderecha peruana como el fujimorismo y la bancada de Renovación Popular.
No contentos con ello y para terminar de congraciarse con la ultraderecha, los congresistas de Perú Libre - hace unos días atrás – con sus votos blindaron al inefable y filo fascista ex general Jorge Montoya (congresista de Renovación Popular) y evitaron así que fuera sancionado en la comisión de ética del Congreso por difamar a la activista por los Derechos Humanos Gisela Ortiz a quien, el ex militar en cuestión, acuso falsamente de ser parte de sendero luminoso.
Va quedando claro entonces que, tanto la derecha y la ultraderecha, así como el cerronismo y el castillismo, para sobrevivir en sus cargos y para parar eventualmente el avance del desprestigio del ejecutivo y del legislativo que los podría poner en la calle si el pueblo se empieza a movilizar, habrían concretado un acuerdo político, previa repartija de cargos. Los próximos días son claves para ver cómo evoluciona esto, por el momento, lo real es que el gobierno y Perú Libre, por sus apetitos de poder, cada día que pasa se mimetizan más con la derecha y la ultraderecha y hacen suya su agenda reaccionaria. |
