Este lunes por la mañana el ministro de Economía Martín Guzmán salió a desmentir que el Gobierno nacional tenga en plan una reforma previsional. Lo hizo en respuesta a la información que circulaba en diversos medios, incluso muchos cercanos al oficialismo. Allí se señalaba que esto podía figurar entre las exigencias del FMI, de cara al acuerdo que negocia con el Gobierno argentino.
“No habrá ninguna reforma jubilatoria. Nuestro Gobierno siempre va a cuidar y trabajar para mejorar el salario de nuestros jubilados y jubiladas. Se mantendrá la fórmula de movilidad sancionada en 2020, sosteniendo los derechos que fortalecimos con esa ley”, escribió en su cuenta de Twitter.
El debate surgió a raíz de la circulación del memorándum de acuerdo con el Fondo. El mismo, que llegó a los jefes de distintos bloques parlamentarios, también transcendió ampliamente en la prensa. Allí se señalaría que parte del acuerdo implica realizar “un estudio que describa opciones y recomendaciones para fortalecer la equidad y la sostenibilidad a largo plazo de nuestro sistema previsional. Se prestará atención a la evaluación de los regímenes especiales y a los mecanismos que favorezcan la prolongación voluntaria de la vida laboral de las personas".
Sin embargo, las palabras del ministro equivalen a defender un esquema previsional donde millones de jubilados y jubilados cobran cifras bajísimas. La jubilación mínima actualmente se ubica en $ 32.630. El monto no alcanza a la mita de la Canasta para la tercera edad, estimada por la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires. Esa cifra estaba calculada en $ 75.500 para el mes de octubre de 2020. Es evidente que hoy debería ser más alta.
Según estimó el titular de esa entidad, Eugenio Semino, jubilados y jubiladas perdieron el 50 % de poder adquisitivo en cinco años. Otro cálculo, hecho en este caso por el el Observatorio del Derecho Social de la CTA – Autónoma, estimó que el promedio de ingresos de todos los jubilados había perdido un 23 % desde 2015.
Vistas esas cifras, es evidente que el saqueo macrista contra los jubilados y jubiladas se sostuvo durante la gestión del Frente de Todos. Lejos de revertirse la caída del poder adquisitivo, apenas asumido el Gobierno de Alberto Fernández eliminó la anterior movilidad jubilatoria justo en el momento en que, más allá de las intenciones de Macri, iba a permitir recuperar ingresos en relación a la inflación.
La nueva fórmula de movilidad jubilatoria -votada en el Congreso a fines de 2020- no garantiza que las jubilaciones y pensiones no pierdan frente a la inflación. Esto fue rechazado de manera explícita por el Frente de Todos. Nicolás del Caño, diputado del Frente de Izquierda, había propuesto incorporar una cláusula en el articulado que garantizara no perder frente a la suba de los precios. El oficialismo la votó en contra.
Pero, además, ese cambio en el esquema previsional dejó intacto el brutal ajuste que se había implementado bajo el macrismo, como lo señaló este mismo lunes Myriam Bregman desde su cuenta de Twitter.
La diputada nacional del Frente de Izquierda Unidad recordó que “gran parte de la reforma previsional ya la hizo Macri con la creación de la PUAM y en julio 2022 vence la actual moratoria”. Así mismo, señaló que “con el FMI quieren atacar a los trabajadores que x condiciones de labor tienen regímenes especiales y elevar la edad jubilatoria. Mientras, la PUAM va excluyendo a la mayoría de las ya magras jubilaciones, cobrando un 80%, sin poder acumular con una pensión y elevando a 65 años”.
Regímenes especiales
Más allá de rechazar la idea de reforma previsional, Guzmán sí confirmó que el Gobierno “realizará un estudio focalizado en los regímenes especiales alcanzados por la Ley 27.546, que analice opciones y recomendaciones para fortalecer la equidad y la sostenibilidad a largo plazo de nuestro sistema previsional”.
El presidente Alberto Fernández, a tono con el ministro dijo que ese estudio se aplicará solo a los regímenes de privilegios, como aquellos de los que goza el Poder Judicial y el personal diplomático.
Desde su cuenta de Twitter fue Nicolás del Caño el que interpeló al ministro, recordándole un intento anterior de eliminar los regímenes especiales. En ese entonces, aunque también se había hablado de las jubilaciones de privilegio, el ataque estaba direccionado contra el conjunto de los regímenes, que incluyen, entre otros sectores, a la docencia, investigadores y a científicos.
Rechazar el ajuste
“Equidad” y “sostenibilidad” suenan muy distinto si se las lee o escucha en el marco del acuerdo con el FMI. La “sostenibilidad” es, al mismo tiempo, el argumento histórico usado para justificar reducción de jubilaciones o aumentos en la edad para retirarse de la actividad.
A esta altura resulta evidente que toda la negociación con el Fondo Monetario está teñida por la lógica del ajuste. La “letra chica” del acuerdo está confirmando que las necesidades de las mayorías populares quedarán postergadas por detrás de la decisión de pagar una deuda que el mismo oficialismo denuncia como ilegal y fraudulenta. Una decisión que comparten todas las alas del Frente de Todos -incluido el kirchnerismo-, más allá de las diferencias puntuales que puedan tener sobre la magnitud del ajuste a realizar y el cómo hacerlo.
Es preciso organizar la resistencia en las calles a este acuerdo de ajuste. En los últimos dos meses ya se vieron dos movilizaciones masivas a Plaza de Mayo para rechazar esta avanzada. Convocadas por cientos de organizaciones -entre las cuáles están las fuerzas que integran el Frente de Izquierda Unidad- reunieron a decenas de miles de personas en el centro del país para rechazar la avanzada ajustadora.
Es necesario continuar y desarrollar ese camino. Las organizaciones sindicales -afines al kirchnerismo- que denuncian un ajuste tienen que pasar de las palabras a los hechos. Es necesario que rompan su pasividad y convoquen a asambleas para discutir democráticamente medidas de lucha contra el ajuste. Lo contrario es la complicidad con el mismo.
| 
