El 18 de febrero, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la Ciudad de México, publicó su decisión de conceder una suspensión de oficio y de plano, en beneficio de menores de entre 5 y 11 años que promovieron un amparo frente a la postura del gobierno federal de no vacunar contra el Covid-19 a personas en ese rango de edad.
Lo anterior, ordenando a las secretarías de Salud federal, estatales y municipales aplicarles la vacuna Pfizer-BioNTech a los quejosos, en una dosificación diferenciada de la prevista para el resto de la población, a partir de este lunes 21 de febrero. Esto, tomando en cuenta una tendencia ascendente de contagios y fallecimientos por Covid-19 en este sector de la población, y al considerar que no inmunizar a niñas y niños compromete gravemente su vida e integridad personal.
Luego de consultar con expertos médicos, tanto nacionales como internacionales, el órgano colegiado consideró que “la evaluación ponderada de ventajas, desventajas, daños previsibles y riesgos conduce a considerar preferible aplicar la vacuna y no negarla, acorde con lo solicitado por los padres en pleno ejercicio de su autonomía, como responsables de la salud e integridad de sus menores hijos”.
Se trata de un paso en el sentido de garantizar el derecho a la vacunación para niñas, niños y adolescentes (NNA), sin embargo, siguen quedando excluidos quienes no promuevan amparos. En México, la decisión del gobierno de vacunar de manera generalizada a partir de los 15 años fue producto de numerosos reclamos sociales y recursos legales por parte de madres y padres de familia; debajo de esa edad, si no es mediante amparo, sólo se considera la posibilidad de vacunar a partir de los 12 años en caso de presentar ciertas comorbilidades.
En el marco de que muchos países alrededor del mundo ya vacunan a menores a partir de los 5 o incluso a partir de los 3 años, y considerando el incremento de muertes y contagios en NNA durante la “cuarta ola” de la pandemia en México, la negativa del gobierno federal a aplicar la vacuna de manera generalizada a menores de 15 años -y al menos desde los 5- se muestra cada día más irresponsable.
A pesar de los esfuerzos del gobierno en voz del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, de minimizar el impacto del Covid-19 en menores de edad, negando que el incremento de casos esté relacionado con la vuelta a clases presenciales a partir del 3 de enero, las cifras dicen otra cosa.
Según los registros del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), del 1 al 16 de enero se registraron 8 defunciones de menores, para luego sumarse 26 muertes más en los siete días siguientes. En cuanto a contagios, entre el 16 y el 23 de febrero se contaron 19,067 casos.
Para principios de febrero, el acumulado fue de 91 mil contagios y 855 muertes por Covid-19 entre menores de edad.
En este contexto es necesario seguir exigiendo al gobierno, desde la comunidad educativa, la vacunación generalizada para la población a partir de los 5 años (o hasta donde el avance científico lo permita), así como condiciones seguras en las escuelas garantizadas por el Estado, como lo venimos haciendo desde el Movimiento Nacional por un Regreso a las Escuelas Seguro, del que formamos parte las y los integrantes de la agrupación magisterial y normalista Nuestra Clase. |
