Este lunes. la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Sociedad Rural de Jesús María (SRJM), con el apoyo de otras entidades rurales, presentaron un recurso de amparo en los Tribunales Federales de Córdoba con el que buscan frenar el cobro de las retenciones a los granos y sus subproductos a partir del 1° de enero de este año hasta que el Congreso fije una nueva modalidad. A los grandes empresarios del campo no les alcanza con los negocios extraordinarios que vienen realizando gracias a los elevados precios de las materias primas y los beneficios ya otorgados por el gobierno nacional, exigen todavía más.
Nicolás Pino, presidente de la SRA, en conferencia de prensa, afirmó: "Las retenciones son inconstitucionales y para que un tributo exista, debe existir la ley que avale ese tributo". Y agregó: “A nuestro modesto entender, al caerse la ley de emergencia y no aprobarse la ley de presupuesto, a partir del 1° de enero las retenciones deberían ser cero”. Pino adelantó que los ruralistas se reunirán con el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, para debatir este tema.
Según argumentaron las entidades, el 31 de diciembre de 2021 venció el plazo fijado en el art. 52 de la Ley de Emergencia Pública dictada en diciembre de 2019 (Ley 27.541) que permite al Presidente de la Nación fijar derechos de exportación. Ante el vencimiento de ese plazo, el Gobierno incluyó en el proyecto de ley de presupuesto para el año 2022 una prórroga por dos años de esa facultad, pero ese proyecto no fue aprobado en el Congreso de la Nación. Sin embargo, el 15 de diciembre último, mediante el decreto 851/21, el presidente Alberto Fernández fijó las alícuotas del impuesto para este año.
A pesar de la confrontación de un sector del campo con el Gobierno, hace apenas cuatro meses el Frente de Todos anunció la presentación del Proyecto Agroindustrial (que espera ser tratado), con una serie de beneficios impositivos al sector, entre ellos: beneficios para inversiones en construcciones; devolución de IVA en inversiones en tres cuotas.
El reclamo de los empresarios se da en el contexto de altas ganancias para el sector durante el 2021, mientras las mayorías trabajadoras siguen perdiendo con la inflación (en especial de los alimentos) y la pobreza supera el 40 %. El año pasado cerró con un récord absoluto en la liquidación de divisas del campo: US$ 32.808 millones, un 62% más que el año anterior y con la cifra más alta desde el comienzo de este siglo.
Actualmente las retenciones son mantenidas en niveles bajos por parte del Gobierno, como gesto hacia el sector agroexportador. A fines de 2020 incluso se benefició al sector sojero con una baja temporal de las retenciones y a mediados del 2021 se redujeron al 0 % de forma permanente para algunos sectores del agro.
Se estima que la recaudación para el 2022 sería similar que la del 2021 por la suba de los precios del complejo soja (poroto, harina y aceite) que compensarían la caída en la producción por la sequía que atraviesa el país desde enero pasado. El Gobierno prioriza mantener intactos los negocios del agropower, pero sectores como la SRA van por más.
En un contexto de falta de dólares, explicado principalmente por pagos de la fraudulenta deuda externa y la fuga de capitales, las patronales agrarias cuentan con un poder de fuego que hacen pesar. Ante cada conflicto Alberto Fernández ha concedido más beneficios a este sector que concentra gran parte de la renta extraordinaria del país.
La entrada récord de divisas al país durante el 2021, generadas con la explotación del suelo y la mano de obra local, no se destinaron a generar empleo, construir viviendas o subir las jubilaciones. Esos dólares terminan en las cuentas bancarias del FMI y los especuladores financieros.
Entre el poder económico más concentrado como el agro que quiere más beneficios y ganancias, y la decisión del gobierno de pagar y legitimar la estafa de la deuda con el FMI, condenan al país a la dependencia y la decadencia con la fuga permanente de riquezas y recursos.
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