Con la directriz de “seguir expulsando inmigrantes”, el ministro de Interior, Rodrigo Delgado decretó el estado de excepción en las provincias de Arica, Parinacota, Tamarugal y El Loa, dejando en manos del ejército la vida y la seguridad de decenas de migrantes en las fronteras, pero sabemos que es una institución que tiene un largo prontuario de violaciones a los derechos humanos y siguen actuando en total impunidad, sin recibir ni juicio ni castigo por sus acciones.
Desde hace ya tiempo se ha observado el aumento de violencia xenófoba hacia los migrantes que cruzan la frontera, violencia que comienza con las falsas ilusiones que plantó Piñera en Cúcuta, para luego abrirle paso a los discursos xenófobos de la ultraderecha que termina permeando en sectores de la población, el claro ejemplo fue la marcha que estuvo dirigida por éstos sectores más reaccionarios seguidores de Kast, que concluyó con agresiones masivas y la quema de las –únicas- pertenencias que poseían los migrantes para sobrevivir en las precarias condiciones que los arroja el gobierno, todo esto bajo el slogan de “No más delincuencia”. Las pruebas audiovisuales han demostrado una y otra vez que ante estas situaciones, la repudiable institución de carabineros y FF.AA siempre terminan resguardando a estos sectores de ultraderecha, permitiendo que los fanáticos xenófobos agredan a los migrantes. Esto lo presenciamos crudamente en la Rebelión de octubre y ahora en la actualidad.
Lo de fondo, connatural al gobierno de Sebastián Piñera, la solución para la crisis migratoria que se vive en el norte del país, es una solución inhumana, aprovechándose de esta crisis humanitaria para seguir desarrollando más represión y políticas reaccionarias tal como lo ha hecho desde la Rebelión en adelante. Además de cerrar el paso regular de migrantes lo que produce un aumento del flujo por pasos no habilitados, dejando a decenas de familias expuestas a miserias y vejámenes de todo tipo, con una nula acogida y ni hablar del resguardo de sus derechos humanos (tal como señala el artículo 25 de la declaratoria universal), no es primera vez que el gobierno –que creó la visa democrática para los ciudadanos venezolanos y aseguró que en Chile serán bienvenidos- viola sus derechos fundamentales, primero fue con la arbitraria expulsión (sin juicio de por medio) de cientos de migrantes, política que favoreció a las empresas aeronáuticas mediante una licitación millonaria, y ahora se entregan recursos para invertirlo en militarización.
En esta misma línea el gobernador de Arica y Parinacota, Jorge Díaz, demócrata cristiano, se ha mostrado conforme con la declaratoria del estado de excepción en las comunas, reuniéndose con los comandantes a cargo de la “reconducción de los migrantes” y declarando que sería preferible un estado de excepción fronterizo a uno territorial. De esta forma dejando abierta la posibilidad del odiado toque de queda, tal cual cómo en la rebelión y en dictadura.
¡Por un plan de acogida ya! ¡No más militarización!
En un escenario marcado por la nueva ola de contagios por covid a nivel nacional e internacional y la crisis migratoria, donde las condiciones de vida se vuelven más precarias, no podemos permitir que la única solución venga de los sectores reaccionarios de derecha en conjunto al gobierno y ésta sea siempre más represión.
Debemos apostar por la unidad del pueblo trabajador a nivel internacional con un plan de acogida que garantice condiciones básicas para poder sobrevivir. Además de la apertura de las fronteras sin excepciones, para así evitar el paso por caminos no habilitados donde las familias migrantes se exponen a morir.
Asimismo, el acceso directo a la vacunación y a la búsqueda activa de casos por covid, de esta forma resguardar la salud de cada migrante que viene en busca de una mejor vida. |
