Leslye Robles Estrada, quien era alumna destacada del ITCJ y jugadora becada de fútbol soccer para esa escuela fue asesinada de 8 balazos en la entrada de la plaza comercial "Las misiones". Tenía 23 años de edad y cursaba el noveno semestre de ingeniería.
El acontecimiento causó gran indignación en las redes sociales entre estudiantes y jóvenes de la ciudad fronteriza. Después del acontecimiento, los dueños de la plaza comercial buscan cobrar, nuevamente, el estacionamiento y hacer negocio bajo el pretexto de la inseguridad. Hasta el momento no se ha definido una línea de investigación por parte de la Fiscalía especializada de la Mujer (FEM) aunque sabemos por las características del crimen que fue un feminicidio.
En la histórica ciudad del feminicidio, no puede pasar desapercibido ni un sólo asesinato de mujeres y mucho menos si es de esta manera tan fría y violenta. Es claro que la presencia de más de 500 elementos de la guardia nacional y el ejército en las calles no ayudan ni son una solución para la reducción de la violencia machista y patriarcal, al contrario, todos sabemos que los elementos de seguridad son los primeros en ser y encubrir a los asesinos feminicidas.
Ni las policías municipales y/o estatales, ni la guardia nacional, ni el ejército nos cuidan.
Solamente la unidad combativa entre mujeres estudiantes, obreras y jóvenes organizadas políticamente, de manera independiente con los colectivos y sectores LGTB+ tomando sus centros de trabajo, exigiendo a sus direcciones sindicales a la más amplia movilización en las calles en contra de los feminicidios y crímenes de odio.
Si bien, las campañas contra el acoso callejero y la "eliminación" de la violencia en contra de la mujer, impulsadas desde de los 3 niveles de gobierno, sus instituciones, como partidos políticos patronales, hablan, archivan y, en el mejor de los casos, visibilizan el problema, aún así, resultan insuficientes además de limitadas. Se mantienen en su política punitivita, detrás de los discursos de introducir la “perspectiva de género” en sus institutos, que poco han resuelto la violencia estructural en contra de nosotras.
No se contempla ni por asomo, la precarización laboral que viven las mujeres en las fábricas y empresas, como condición principal o base material para que la violencia en contra de nosotras se reproduzca, y que tiene expresiones, por ejemplo, en el acoso laboral como “norma” por parte de superiores en los centros de trabajo.
Es necesario buscar una salida, en donde se recalque la independencia política del movimiento de mujeres y los colectivos y organizaciones LGTB+, nuestra confianza no puede radicar en sus instituciones, ni en los gobiernos de los distintos partidos políticos que buscan negar la violencia.
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