Mientras siguen sin aparecer pruebas contundentes, el Poder Judicial se enfoca en la banda de Mameluco Villalba, un narco detenido hace años en Rawson. Dicen que a partir de escuchas telefónicas, “podrían estar vinculados” con la distribución de la droga cortada con carfentanillo que provocó 24 muertes y un centenar de internaciones en el noroeste del conurbano bonaerense. ¿Nueva puesta en escena para decir que se hace algo?
Este miércoles unas 28 personas fueron detenidas en diversos allanamientos realizados en el barrio denominado “Villa 18” del partido bonaerense de San Martín. Al mismo tiempo, se realizaron dos allanamientos en las celdas que ocupan desde hace tiempo Miguel Ángel “Mameluco” Villalba y su hijo Iván, apodado “El Salvaje”, en los penales federales de Rawson (Chubut) y Magdalena (Buenos Aires), respectivamente.
Los operativos fueron realizados por la Policía Bonaerense y la Policía Federal, luego de ser ordenados por la jueza federal de San Martín Alicia Vence, en el marco de una causa en la que el fiscal federal de Tres de Febrero Paulo Starc “investiga” a la banda liderada por Villalba y por la que están detenidos desde hace tiempo tanto Mameluco como El Salvaje.
Si bien la causa judicial no es la misma que la relacionada a las 24 muertes ocurridas hace tres semanas en distritos del conurbano (que tramita en el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires), a partir de la detención, en esas horas trágicas, de Joaquín “Paisa” Aquino (eventual lugarteniente de Villalba en José C. Paz), tanto el Poder Judicial como el Gobierno bonaerense intentan demostrar que esa banda es la responsable de los fallecimientos. Pero aún no se han mostrado pruebas fehacientes de esa conexión y el Estado sigue sin dar una explicación contundente de quién proveyó la cocaína adulterada.
Vale recordar, en ese sentido, que lo primero que hizo el ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni tras conocerse la noticia de las 24 muertes fue anunciar que el caso estaba prácticamente resuelto a partir de una decena de detenciones en el barrio Puerta 8 de Loma Hermosa (Tres de Febrero). Detenciones realizadas con irregularidades y denunciadas por familiares y vecinos de las personas apresadas como “armadas” para aparentar un efectivo accionar del Estado.
Teniendo en cuenta la larga historia de complicidad estatal con el narcotráfico, donde policías, jueces, fiscales y políticos se asocian y encubren a bandas que hacen jugosos negocios con la venta de sustancias prohibidas por ley, bien puede pensarse que los allanamientos de este miércoles son una nueva puesta en escena para dar la imagen de que se está realmente tras la resolución de la causa de las muertes por cocaína adulterada.
Foto Prensa Policía Federal
Según la información de “fuentes judiciales” difundida por la agencia estatal Télam, en los procedimientos de hoy se secuestró “gran cantidad de drogas, máquinas termoselladoras, material para los envoltorios de las dosis, un fusil FAL, una ametralladora, cinco pistolas calibres 9 milímetros y 45, dinero en efectivo, al menos 25 celulares y algunas notebooks”. No hay información oficial sobre si se encontró algo de interés para la causa en los dos allanamientos en calabozos de penales del Servicio Penitenciario Federal.
Ante la pregunta de por qué se allanaron las celdas de Mameluco y su hijo El Salvaje, desde el Poder Judicial afirman que “a partir de escuchas telefónicas” realizadas a los líderes de la banda (que “seguían dando órdenes desde su respectivos penales”), se sospecha que “podrían estar vinculados a la droga cortada con carfentanillo”.
Lo cierto es que, a tres semanas de los hechos, quiénes y cómo distribuyeron la cocaína adulterada sigue siendo un “misterio” para gran parte de la población. No así para quienes desde las altas esferas del poder económico, político, policial y judicial viven en connivencia con ellos. El tema es que no lo dicen y, por el contrario, se muestran tan “sorprendidos” y “preocupados” como el resto de la sociedad.
