Uno de los temas centrales de la realidad nacional, es la situación medioambiental en las diversas regiones del país, al igual que en sus diferentes especificidades, esto quiere decir los diferentes tipos de contaminación que se producen por la lógica extractivista, que han dado casos emblemáticos de resistencia y contaminación como es la ya “reconocida” zona de sacrificio, en la quinta región de Quintero y Puchuncaví, como también la sequía y uso del agua en beneficio de actividades económicas por sobre las necesidades de las comunidades como es el actual caso de Petorca, y los monocultivos de paltos en la zona.
Y así diferentes aspectos, en las actuales normativas que permiten la existencia de zonas de sacrificio, como también la aprobación de proyectos mineros, termoeléctricas, hidroeléctricas y otro tipo de proyectos que se presentan en “amabilidad” con el medio ambiente desde comienzos del siglo XX, pero que solo han ido profundizando las malas condiciones de vida de las zonas aledañas, creando conflictos medioambientales, donde los grandes empresarios, poseen impunidad por medio de la propia constitución y las leyes a contaminar y extraer a destajo los recursos naturales en complicidad con el Estado, al cual ni siquiera se le tiene en consideración como un fiscalizador, sino como garante del cumplimiento del conjunto de las leyes en función de los grandes empresarios.
¿Cómo se puede proteger el medio ambiente?
Dentro de la lógica, que se presenta al interior de la comisión de medio ambiente de la Convención, el rol del Estado debe ser un custodio, que verifique que se cumplan los estándares medioambientales existentes y los que se modificarán. Dentro de esto, es que aún queda abstracto el gran problema de la propiedad ¿Quienes serán los dueños de los recursos naturales? ¿Se mantendrán de propietarios quienes han mantenido el territorio en constante desgaste y saqueo los últimos 30 años?, estas son preguntas legítimas que no vienen desde hoy, sino que representan, el sentir de la revuelta de Octubre del 2019, acabar con el saqueo de los “30 años”, desde donde la convención se presentó para moderar estas expectativas, donde al parecer ya no es, acabar con los “30 años”, sino que “agarrar” lo bueno de estos mismos.
Lo cierto y concreto, es que, hoy uno de los principales adversarios de defensa del medioambiente, es su privatización y quienes en base al “derecho de propiedad” hacen y deshacen, incluso a costa de la calidad de vida de millones de personas. Según lo discutido actualmente en la comisión de medio ambiente, este sentido de propiedad no se cuestiona mayormente, de hecho se vería al estado sólo como un ente que custodiará el cumplimiento meramente jurídico dentro de los márgenes del derecho. |
