La Fiscalía del Tribunal Supremo ha archivado las tres diligencias que tenía abiertas sobre los negocios opacos de Juan Carlos I. Alejandro Luzón, fiscal jefe de Anticorrupción firma el archivo de las diligencias prejudiciales, afirmando que la Fiscalía no presentará contra el rey emérito ninguna denuncia o querella criminal.
Las tres diligencias cerradas investigaban: 1) el supuesto cobro de comisiones por la concesión del AVE a la Meca a empresas españolas, 2) el uso de tarjetas de crédito opacas por Juan Carlos y otros miembros de la familia real, 3) la existencia de una cuenta con 10 millones de euros en el paraíso fiscal de la isla de Jersey a nombre de Juan Carlos de Borbón.
El cobro de comisiones por el AVE a la Meca
Las primeras diligencias, 17/2020, tenían como objeto de investigación un posible delito de corrupción relacionado con la forma en que tuvo lugar la adjudicación de las obras de construcción de la línea de tren de alta velocidad que une las ciudades de Medina y La Meca en Arabia Saudí. Esta adjudicación al consorcio Al-Shoula, del que forman parte 12 empresa españolas, tuvo lugar en octubre de 2011. La Fiscalía investigaba si había algún tipo de relación entre aquella adjudicación y el ingreso de 64.884.405 euros el 8 de agosto de 2008 por el Rey de Arabia Saudí en la cuenta de la Fundación Lucum. Cuenta de la cual Juan Carlos es su titular real.
La Fiscalía, en aras de que las investigaciones no continúen, ha defendido que la "investigación no ha podido establecer, siquiera de modo indiciario, vinculación alguna entre el referido ingreso de 64.884.405 euros y la adjudicación del proyecto de construcción del AVE". Concluyendo que no se puede demostrar "que dicha cantidad guarde relación con el pago de comisión alguna". La Fiscalía se alinea de esta forma con la versión del emérito, planteando que este ingreso consistiría en “un regalo recibido en consideración a la condición de Jefe de Estado”. Este ingreso sería, al decir de la Fiscalía “susceptible de integrar el delito de cohecho del artículo 422 del Código Penal. Sin embargo, este posible delito estaría claramente prescrito".
La Fiscalía afirma que existe fraude a la Hacienda Pública en relación a los fondos ingresados en 2008 en la fundación panameña Lucum. Según las propias palabras del fiscal Luzón en el decreto de archivo: "se han identificado cuotas defraudadas a la Hacienda Pública en el IRPF de los ejercicios 2008 a 2012 que superan con creces el importe de 120.000 euros que el artículo 305 del Código Penal establece como umbral del delito". Sin embargo "la posible responsabilidad penal de los ejercicios 2008 a 2011 estaría extinguida por la prescripción del delito", afirma Luzón.
El fiscal, sin embargo, reconoce que no estaría extinguida “la correspondiente al ejercicio de 2012 que, no obstante, tampoco sería susceptible de reproche penal toda vez que en aquella fecha y hasta el 19 de junio de 2014 S.M. D. Juan Carlos de Borbón estaba protegido por la inviolabilidad que el artículo 56.3 de la Constitución española reconoce al Jefe del Estado".
En el decreto se analiza también un posible delito de blanqueo de capitales en relación con las operaciones financieras y societarias llevadas a cabo entre los años 2008 y 2012 por orden del entonces rey de España tras la recepción de los 64.884.405 euros en la cuenta de Lucum. "Partiendo de la posible naturaleza delictiva de la aceptación de la referida cantidad por S.M. D. Juan Carlos de Borbón. Los actos susceptibles de integrar alguna de las conductas descritas en el artículo 301 del Código Penal habrían cesado en 2012, fecha cubierta por la inviolabilidad que el artículo 56.3 de la Constitución reconoce al Jefe del Estado".
Tarjetas opacas
Las anteriores diligencias incorporaron la investigación de las denominadas tarjetas opacas, consistentes en la investigación de la transferencia de 516.606,32 euros entre los años 2017 y 2018 por el empresario mexicano Allen de Jesús Sanginés Krause, en favor de una cuenta cuyo titular es el coronel del Ejército español Nicolás Murga Mendoza, ayudante del Rey Emérito. El dinero transferido se destinó a gastos de lujo de la familia real y amigos de los Borbones.
La Fiscalía defiende que "no existe constancia de contraprestación alguna por las transferencias efectuadas entre los años 2016 y 2019 por Allen de Jesús Sanginés Krause a Murga Mendoza y de las que ha sido beneficiario directo o indirecto S.M. D. Juan Carlos de Borbón".
La Fiscalía indica que “estas transferencias constituyen donaciones sujetas al impuesto de sucesiones y donaciones regulado por la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones". Impuesto con el que no cumplió Juan Carlos hasta la regularización fiscal efectuada el 9 de diciembre de 2020. Esta fecha ingresó una cuota de 556.412,50 €, más los correspondientes recargos e intereses de demora, por lo que la Fiscalía considera que queda exento de reproche penal.
Fundación Zagatka
Otras de las diligencias han llevado a cabo una investigación acerca de los gastos sufragados por la Fundación Zagatka en favor de Juan Carlos I a partir del 19 de junio de 2014. Esta Fundación tenía como titular al primo de Juan Carlos, Álvaro de Orleans. La Fiscalía, leal a la Corona, ha afirmado que “no se ha podido determinar con precisión la procedencia y la cuantía de los fondos consignados en las cuentas de la Fundación Zagatka ni los gastos y pagos efectuados por dicha fundación en su totalidad".
La Fiscalía del Supremo reconoce en el decreto que entre los años 2014 y 2018 la Fundación Zagatka abonó desde entidades suizas cuantiosos gastos “por el uso de aviones privados y servicios de alojamiento originados por S.M. D. Juan Carlos de Borbón, sus familiares y allegados". Sin embargo, otra regularización fiscal por parte del Borbón en febrero de 2021, que se corresponde con los ejercicios de 2014 a 2018, le exonera de responsabilidad penal.
"Las declaraciones se produjeron sin requerimiento previo de la Administración Tributaria y llevaron aparejados los correspondientes ingresos por un total de 4.416.757,46 euros (3.544.906,22 de cuota más 871.851,24 euros, correspondientes a las liquidaciones de intereses de demora y recargos)".
La regularización fue realizada tiempo después de comenzadas las investigaciones, y siete años después de los movimientos efectuados por la fundación Zagatka. Ante lo sospechoso de estas regularizaciones la Fiscalía niega haber avisado al abogado de Juan Carlos de que el emérito estaba siendo investigado, de modo que las dos regularizaciones serían espontáneas y, por tanto, válidas. No deja de sorprender increíble casualidad.
Trust en paraíso fiscal
Otras de las diligencias a las que la Fiscalía ha dado carpetazo son las que han tenido por objeto de investigación de la información aportada por el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada acerca del trust “The JRM 2004 Trust” en el paraíso fiscal de la isla de Jersey. SEPBLAC había advertido de "la existencia de indicios de que el propietario último de los fondos del trust podría ser S.M. D. Juan Carlos de Borbón y Borbón".
Sin embargo, la Fiscalía afirma en el decreto de archivo que "entre 2004 y 2021 no existe indicio alguno que permita vincular The JRM 2004 Trust con S.M. D. Juan Carlos de Borbón, ni en su gestión ni en la capacidad para disponer de los fondos; en ningún momento ha tenido la condición de
beneficiario del trust ni consta que haya percibido cantidad alguna de sus
cuentas".
Para cubrir aún más las espaldas al Borbón la Fiscalía pone hincapié en que “en todo caso a partir del 19 de junio de 2014, fecha en la que se hizo efectiva la abdicación de S.M. el Rey Don Juan Carlos I y quedó sin efecto la inviolabilidad e irresponsabilidad que para el Rey de España establece el artículo 56.3 de la Constitución española, las disposiciones del JRM 2004 Trust lo han sido en unas cuantías que en ningún caso alcanzarían la cuota correspondiente a un delito contra la Hacienda Pública".
A través de todas estas maniobras la Fiscalía del Supremo da carpetazo a las investigaciones contra Juan Carlos de Borbón. Esto se debe a que continuar profundizando en las investigaciones salpicaría no sólo al antiguo monarca, sino al conjunto de la familia real y a importantes empresarios españoles. La Fiscalía escoge las mejores fechas para cerrar las diligencias: el comienzo de la guerra en Ucrania, cuando la opinión pública mira para otro lado. Y es que la impunidad de Juan Carlos I sigue siendo parte de la “marca España”. Y es que la Fiscalía no puede dejar de ser juez y parte de las corruptelas del Régimen del 78. Los presuntos delitos cometidos antes de la abdicación del monarca están protegidos por la inviolabilidad del rey consagrada en la Constitución del 78. Los posteriores delitos están, por su parte, defendidos por la amplia coalición monárquica que abarca desde la extrema derecha de Vox hasta el PSOE, y que cuenta con Unidas Podemos como leales e impotentes opositores a Su Majestad. Todos ellos cierran filas en torno a su majestad.
Juan Carlos I salió del Estado español hace ya casi un año y medio, como una manera de intentar limpiar la imagen de la Monarquía y facilitar la consolidación del reinado de su heredero. Los intentos de lavar su imagen y de que vuelva al país, organizados por el mismo Felipe VI, ponen en evidencia la pantomima orquestada a la que le han hecho el juego todos los partidos del régimen, instituciones y grandes medios de comunicación. Acabar con esta institución reaccionaria, al servicio de “los Grandes (capitalistas) de España”, de los que forma parte, sigue siendo una tarea pendiente, y que solo se podrá conseguir tumbando el régimen del que es uno de los pilares fundamentales. | 
