El proyecto estaba incluido para tratarse en las sesiones extraordinarias de febrero que finalmente no se realizaron. Las organizaciones y activistas que lo elaboraron exigen su tratamiento urgente tras las tres oportunidades en las que perdió estado parlamentario.
El 2021 dejó como saldo en el Congreso distintos proyectos caídos como la ley de humedales y la ley de respuesta ante el VIH, hepatitis virales, otras infecciones de transmisión sexual y tuberculosis. Durante el verano el Poder Ejecutivo incluyó esta última dentro del temario de sesiones extraordinarias que se iban a realizar en febrero pero que finalmente no ocurrieron.
La especulación que realizan el Frente de Todos y Juntos por el Cambio en el Congreso, las fuerzas mayoritarias, nuevamente permitió que cayera la ley de VIH. El proyecto impulsado por múltiples organizaciones y activistas a nivel nacional busca actualizar la legislación de la década de 1990. En esta ocasión cuenta con la firma de más de 40 diputados de distintos bloques, entre ellos Myriam Bregman, Nicolás del Caño, Alejandro Vilca y Romina Del Plá por el Frente de Izquierda.
Razones para su sanción no faltan, sobran. En estos 6 años en los que el proyecto no fue tratado, organizaciones como Ciclo Positivo y la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivo denuncian que fallecieron 15.000 personas a causa del VIH y las hepatitis virales, hubieron 28.800 nuevos diagnósticos de VIH, 12.600 de hepatitis virales y 65.000 de tuberculosis.
Según el último Boletín 2021 de la Dirección de Respuesta al VIH, ITS, Hepatitis Virales y Tuberculosis (DVIHT) se notifican 4.500 casos de VIH en promedio por año y son 65 mil las personas que se encuentran en tratamiento con antirretrovirales provistos por el Estado. En el país se estima que hay 140 mil personas con VIH, de las cuales 17 % desconoce su diagnóstico.
¿Qué establece el proyecto?
A diferencia de la legislación vigente, la nueva ley busca darle un enfoque de género y derechos humanos, corriéndose de la perspectiva biomédica. En esa sintonía, además de sostener la ya garantizada gratuidad de los tratamientos, establece derechos como a no ser discriminado en el ámbito laboral por vivir con VIH: “El derecho al trabajo y a la permanencia en el mismo, sin discriminación, despidos, suspensiones, hostigamientos, reducciones salariales, violencia, violación de la confidencialidad”. También garantiza “el derecho a no ser objeto de pruebas diagnósticas de modo compulsivo”.
Por otro lado, contempla los derechos de mujeres y personas con capacidad de gestar, a obtener toda la información correspondiente y a acceder de manera universal y gratuita a la leche de fórmula. Sobre la prueba diagnóstica establece determinadas características como la confidencialidad, gratuidad y el consentimiento de la persona.
A su vez, en respuesta a la discriminación propone pensiones “de carácter vitalicio y no contributivo” a quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad social y establecer un régimen jubilatorio especial para las personas con VIH y/o Hepatitis B y/o C.
Durante los 6 años en los que el proyecto fue cajoneado nunca llegó a ser discutido ni votado en una sesión de la Cámara de Diputados. Recién el año pasado logró un dictamen en comisiones. Sin embargo, a pesar de las exigencias que realizaron las organizaciones hacia el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y los jefes de cada bloque, el Gobierno decidió no ponerlo en la agenda. De esta manera perdió estado parlamentario. Durante el verano el oficialismo lo incluyó en el temario de sesiones extraordinarias de febrero que ni siquiera llegaron a realizarse.
A raíz de la apertura de sesiones del Congreso, la diputada Myriam Bregman afirmó en una entrevista que “en el día de ayer muchos diputados y diputadas volvimos a firmar un proyecto de ley que seguramente tendrá un montón de firmas como tuvo el anterior. Pero exigimos que sea de tratamiento urgente, este juego de: se presenta, festejamos, tenemos dictamen y después se traba en otro lado no va más. Tienen que dar la cara, saber cuáles son las prioridades y nosotros desde el Frente de Izquierda vamos a poner todo en esta ley”.
Las consecuencias que tiene para la sociedad la falta de un abordaje integral hacia el VIH, la hepatitis, la tuberculosis y las infecciones de transmisión sexual se recrudecieron con la pandemia y la crisis económica que atraviesa el país, por eso su tratamiento y sanción son urgentes.
