La Fiscalía de Querétaro y los jueces han lanzado ordenes de aprehensión contra presuntos responsables por los hechos de violencia ocurridos en el estadio de los Gallos Blancos de Querétaro, en el que las “barras bravas” de este equipo atacaron a la porra de su contrincante, el Atlas de Guadalajara, Jalisco.
Dicha institución declaró que ha identificado a más de 30 sujetos que fueron partícipes de la agresión que dejó múltiples heridos y, según testigos, varios muertos, situación que el gobierno del estado ha negado, a pesar de las terribles imágenes en el estadio de La Corregidora.
Ante eso, la dependencia estatal ha detenido a varios de los presuntos implicados; sin embargo, algunos de los acusados aún siguen libres, por lo que incluso se ha pedido a la población que, si llega a identificar a alguno de ellos, se comunique y proporcione la información de manera anónima. Así, un juez de control ha levantado los cargos de homicidio en grado de tentativa, violencia en eventos deportivos y apología del delito, por la lesión de 26 personas, tres de ellas de gravedad.
Otros de los castigos impuestos por la Federación Mexicana de Futbol al club Querétaro, fueron que jugará sin aficionados sus partidos como local por un año y deberá pagar una multa de un millón y medio de pesos. Además de que la actual directiva, dirigida por Gabriel Solares, fue expulsada del futbol mexicano por cinco años y el equipo pasará a posesión de su antiguo dueño, Jorge Alberto Hank Inzunza, también propietario del Tijuana.
Las autoridades implicadas
Pero los agresores y la directiva del Querétaro no son los únicos implicados. Hay más responsables, por ejemplo, los cuerpos de seguridad privados y la policía que no intervinieron, lo que muestra que son muy hábiles cuando se trata de reprimir la protesta social, pues no existen para proteger a la población. Lo que apunta a la propia complicidad de las autoridades estatales en los hechos, pues, aunque las causas de los mismos pueden ser diversas, lo que está detrás es el uso de grupos organizados para causar descontrol y violencia, ya que las “barras bravas” no se forman solas.
Pues dentro del futbol hay grandes intereses políticos y económicos, que involucran tanto a empresarios como a funcionarios públicos, quienes tienen múltiples negocios en torno al deporte tanto legales como ilegales. Entre estos últimos destacan lavado de dinero, reventa de entradas, venta y consumo de drogas, por mencionar de las más comunes. Así, estas porras pueden ser usadas como un factor de desestabilización, lo cual es engendrado por la pobreza, exclusión, precarización y desigualdad social que reinan en México y permiten la descomposición social, generando grupos dispuestos a agredir salvajemente a otros.
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Por un deporte al servicio de los trabajadores
Lo primero que hay que tener en cuenta para evitar la violencia en los estadios es no caer en la trampa de pensar y apoyar una mayor presencia policial, pues las fuerzas represivas forman parte del mismo aparato del Estado que ha engendrado el problema. Su presencia podría llevar a nuevos abusos contra asistentes a los estadios. Y es que los policías (y los agentes de seguridad privada) no están para cuidarnos, sino para defender la propiedad de los capitalistas, como muestran los hechos ocurridos en La Corregidora, donde ellos mismos les abrieron las puertas a los agresores para que pudieran circular libremente.
Pero entonces, ¿qué se puede hacer? Necesitamos comprender que la descomposición social es producto de la marginación, la miseria y la precarización laboral. No se puede terminar con la violencia sin terminar con la pobreza que la engendra, por lo que se requieren medidas para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, como un aumento salarial de emergencia; acabar con la subcontratación; reducir las horas de trabajo a seis horas, cinco días a la semana; así como rehabilitar y construir nuevos espacios culturales y deportivos.
En lo que concierne al futbol, se necesita que los equipos estén bajo control de sus trabajadores y de los aficionados organizados democráticamente, no de las directivas, para que sus instalaciones y personal sirvan para fomentar un mejor desarrollo de la juventud y de sus comunidades, no para enriquecer a un puñado de empresarios multimillonarios. Que los recursos que generan los equipos sirvan para financiar programas públicos que permitan alejar a los jóvenes de la violencia y les inculquen otros principios, basados en la solidaridad y la ayuda mutua como parte de la clase trabajadora y del pueblo pobre.
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