El Lunes 7 de marzo la Asamblea Legislativa aprobó de forma definitiva el proyecto de Ley Marco de Empleo Público (21.336). El 8 de marzo Casa Presidencial anunciaba la firma definitiva del proyecto anunciando que intentan “eliminar paulatinamente las desigualdades salariales” y un ahorro de entre 0,81% y 1,04% del PIB al año. ¿Quién paga ese “ahorro”? |
Durante los dos años que estuvo en discusión el proyecto, organizaciones sindicales y sectores de trabajadores han denunciado el contenido ajustador de la ley; éste ha sido uno de los reclamos más sonados dentro de las movilizaciones de trabajadores en el país.
El proyecto fue presentado por Carlos Alvarado, las autoridades del gobierno y los partidos burgueses como “una herramienta para salvar las finanzas públicas”, cuando se trata de un elemento más de los que exige el FMI para profundizar el endeudamiento del país: una garantía para el préstamo de $1.778 millones en tres años, según el presidente del Banco Central (BCCR) y “gobernador del país” ante el organismo, Rodrigo Cubero.
Utilizando un mecanismo nada nuevo: enfrentar políticamente a trabajadores públicos y privados, al tiempo que precariza las condiciones de trabajo de toda la clase para garantizar los compromisos con el FMI y las ganancias de los grandes empresarios. No se trata de una “herramienta” para sanear las finanzas públicas, sino para cobrarle la crisis a quiénes no son responsables de ella.
Lo que incluye la Ley
- Se establece el Estado como patrón único, lo que quiere decir que las normativas de cada institución pública quedan sin efecto, pues el proyecto considera que “la autonomía no es soberanía”, y en ese sentido las negociaciones colectivas vigentes no aplican más.
- Creación del Sistema General de Empleo Público a cargo del Ministerio de Planificación (Mideplán); excluyendo a los funcionarios que desempeñen "funciones o labores administrativas, profesionales o técnicas, que sean exclusivas y excluyentes".
- Mideplán deberá establecer un sistema único y unificado de remuneración de la función pública y evaluar el sistema general de empleo bajo criterios de “eficiencia, eficacia, economía, simplicidad y calidad”.
- La Asamblea Legislativa (recién electa) ratifica a la persona que ocupe la Dirección General del Servicio Civil.
- Se establece, además, como causal de despido inmediato el obtener dos evaluaciones de desempeño consecutivas inferiores a una nota de 70, una vez agotado el procedimiento de impugnación. Ésto de acuerdo a la metodología de valoración de trabajo que hagan los cuatro poderes, los entes públicos con autonomía de gobierno u organizativa.
Desde que se conocieron los resultados electorales de primera ronda, ha quedado claro que para la clase trabajadora se viene un gobierno de más ajuste y precarización del trabajo; además del hecho de que ambos candidatos en segunda ronda se ubican en contra de los derechos de las mujeres. Frente a este panorama es necesario coordinar una lucha común contra el ajuste, construir una gran Coordinadora contra el FMI que permita dar respuesta a los ataques al salario y a toda la clase trabajadora de conjunto.
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