La ministra entrante de la cartera de Interior y Seguridad Pública, Izkia Siches, junto a la secretaria de Estado entrante de Justicia, Marcela Ríos, dieron a conocer durante la tarde de este jueves una de las primeras medidas que tomará el gobierno de Gabriel Boric: el retiro inmediato de 139 querellas por Ley de Seguridad del Estado que afectan a presos/as del estallido social.
En paralelo, se anunció la conformación de una mesa de reparación para las víctimas de Derechos Humanos, la cual estará a cargo de la próxima subsecretaria, Haydee Oberreuter.
Gestos
Estos meses han abundado los gestos simbólicos, pero todas las señales en cuanto a reformas sociales y económicas apuntan a la moderación. Tomemos sólo un ejemplo, el que tiene que ver con las y los presos de la rebelión.
Uno de los titulares para esta jornada es que el nuevo Gobierno anunció el retiro de 139 querellas por Ley de Seguridad del Estado. Naturalmente mantener las querellas presentadas por Piñera era inaceptable. Sin embargo, tanto las familias de las y los presos de la rebelión como especialistas señalan que las consecuencias son prácticamente nulas: la mayoría de los imputados están acusados por delitos comunes, por lo que los procesos siguen y no cambiarán necesariamente las medidas cautelares. Pues la justicia sigue a cargo del mandato de los jueces y sus procedimientos.
El proyecto de indulto para las y los presos está enterrado en el Senado y la Convención Constitucional ya ha rechazado algunas propuestas de amnistía (sigue pendiente la votación de la Iniciativa Popular de Norma Constitucional por la Libertad de las y los Presos de la rebelión).
La reacción de la bancada republicana
En su primera medida como nueva oposición, la bancada del Partido Republicano decidió iniciar una recolección de firmas para interpelar a las ministras del Interior, Izkia Siches, y de Justicia, Marcela Ríos. Se proponen "no dejar pasar ninguna" al gobierno de Boric pues estas medidas supuestamente "afectan la democracia", al "defender a violetistas".
En esta línea, la vocera del nuevo gobierno Camila Vallejo colocó paños fríos y destacó que además del retiro de querellas "esta agenda, junto con la reparación, por ejemplo, a las pymes afectadas y con la mesa de trabajo para la reparación a víctimas de la violencia estatal, tiene que ver con el compromiso de poder reencontrarnos, de cuidar y reconstruir vínculos que se habían roto".
Es urgente movilizarse contra la prisión política en Chile. En la Convención Constitucional se encuentra esperando la iniciativa popular de norma sobre "indulto para los presos políticos de la rebelión popular". Si el gobierno está tan comprometido con las familias de las y los presos como tanto dice debe llamar a votar a favor dicha iniciativa y enfrentar los dichos de la derecha. Si no se avanza en este camino la Convención y las fuerzas del gobierno en ella, traicionarían otra vez a los luchadores sociales y familias de presos políticos. | 
