Los discursos de hace unas semanas de Borrel en el Parlamento Europeo y Pedro Sánchez en el Congreso avisaron de que la guerra en Ucrania traería importantes sacrificios a los pueblos del continente.
Borrell, que acumula un patrimonio personal de casi 3 millones de euros, pedía a las y los europeos que bajaran o apagaran la calefacción. El gobierno del PSOE y Unidas Podemos promueve un pacto de rentas que selle un acuerdo que, como los Pactos de la Moncloa de 1977, aseguren que los salarios crecen por debajo del IPC.
Esta semana el gobierno ya confirmaba que no tocaría un euro de los beneficios de las eléctricas. En el conflicto del transporte carga contra asalariados y falsos autónomos y negocia nuevas ayudas directas que beneficiarán a las grandes empresas del transporte y la distribución. La factura, como en todas las crisis, se descarga fundamentalmente sobre la clase trabajadora y sectores más humildes.
Los sacrificios de Borrel y Sánchez ya están aquí. Lo vemos todos los días cuando reponemos combustible a casi 2 euros el litro, compramos aceite de girasol a precio de oliva o vemos como se duplican o triplican las facturas de suministros. Con una inflación en el 7,6%, mientras vemos nuestras nóminas congeladas o con subidas ridículas - un 1,5% de media en los convenios, un 2% si eres empleado público y un 2,5% si cobras el SMI o eres pensionista -, los beneficios del IBEX35 baten récord y suman más de 60 mil millones.
Lo vemos en muchas empresas que anuncian ERTEs masivos por la subida de la luz o el paro del transporte. Lo hacen además haciendo uso de la flexibilización de estas suspensiones recogida en la reforma laboral de Yolanda Díaz, acordada con la patronal y la burocracia sindical. Miles se irán a casa a cargo de las arcas públicas y con un 70% de su salario base.
Los gobiernos de la UE prometen abordar la subida de la energía en el Consejo Europeo que se inicia este jueves. Rebajas de impuestos indirectos, ayudas a los consumidores y empresas son las salidas que parecen saldrán adelante.
Las opciones sobre la mesa comparten todas dejar al margen el gravamen sobre los beneficios extraordinarios de las eléctricas, que podrían superar los 200 mil millones este año. Ni siquiera en una situación como la actual parece que se pueda poner un coto a los "beneficios caídos del cielo" de las eléctricas, ante el veto a esta intervención del mercado de varios Estados miembro como Alemania.
El gobierno español ha dicho que el 29 de este mes aprobará rebajas de la luz, el gas y los combustibles. Esta rebaja vendrá por vía de la reducción de cargas impositivas y ayudas directas a las empresas. El Estado, como vimos durante la pandemia, vuelve a socializar indirectamente los costes de la crisis para proteger los beneficios e intereses de nuestros oligarcas energéticos. Además, lo que sigue siendo una línea roja - defendida por la Comisión Europea, el FMI y el ala Calviño del Ejecutivo - es que los salarios deben seguir perdiendo poder de compra.
Ante esta situación, la burocracia sindical de CCOO y UGT vienen exigiendo un programa alternativo. En las manifestaciones de este miércoles pidieron que se contengan los precios de la energía, no por medio de reducir los ingresos fiscales que llevarían “a la ruina al país en el medio plazo”, que se incluyan cláusulas de revisión salarial o se desligue la subida de alquileres al IPC.
Un programa correcto, pero que tiene poca credibilidad cuando al mismo tiempo negocian con la patronal un nuevo Acuerdo de Empleo y Negociación Colectiva en el que aceptarían la mordida salarial para el 2022 y pospondría al 2023 y 2024 la recuperación del poder adquisitivo.
Además, en medio del paro de los transportistas, el silencio de los dirigentes de CCOO y UGT es criminal y colabora a que la extrema derecha se pueda meter y el conflicto siga capitaneado por el corporativismo de la Plataforma que subordina las reivindicaciones de asalariados y falsos autónomos a la de los pequeños y medianos empresarios del sector.
A las reivindicaciones contra los “sacrificios” bélicos que se plantearon en las concentraciones de este miércoles, hay que sumar un respaldo explícito a la de los camioneros que exigen limitar el régimen de subcontratación, rebajar la edad de jubilación a los 60 años, no trabajar a pérdidas y un convenio estatal para los asalariados.
Todas estas demandas deben además bajarse a los centros de trabajo. Hay que exigir a los grandes sindicatos, y en aquellos sectores donde la izquierda sindical y el sindicalismo gallego, vasco y catalán pueda hacerlo, que se convoquen asambleas para debatir con qué programa y con qué plan de lucha podemos pararle los pies a los Borrel, Sanchez, Garamendi y la derecha que les aplaude.
Es urgente imponer una subida salarial directa que revierta la mordida salarial que ya se ha efectuado, cláusulas de revisión salarial que indexen el IPC de forma mensual y de forma automática, la nacionalización sin indemnización y bajo control de trabajadores y usuarios de los oligopolios de la energía y el trasporte, la congelación e intervención del mercado del alquiler, la intervención de los grandes mayoristas e intermediarios de la alimentación o la expropiación de las viviendas de los grandes tenedores para crear un parque público de alquiler social. Todas son medidas urgentes para evitar que esta crisis se descargue sobre las familias trabajadoras.
A la vez una lucha contra las consecuencias de la guerra no puede desligarse de la lucha contra la misma guerra y la escalada belicista, de la que el gobierno del PSOE y UP, es también parte. Muy lejos de la política general de las direcciones burocráticas de CCOO y UGT, que más bien se vienen oponiendo a la guerra y defendiendo una salida diplomática, sin oponerse frontalmente a la política guerrerista del imperialismo patrio.
Es necesario que la clase trabajadora, junto a la juventud y el resto de sectores populares, sea parte de un movimiento que condene y exija la retirada de las tropas rusas de Ucrania, y al mismo tiempo se oponga a la intervención indirecta de los países de la UE - mediante el envío de tropas a Europa del Este y armas a Ucrania -, los programas de rearme imperialista y a la guerra económica de las sanciones de la UE y EEUU.
Los bloqueos y sanciones son una expresión de una creciente guerra comercial, como no se veía desde antes de la Segunda Guerra Mundial. Los pueblos ruso, ucraniano, europeo y de otras regiones del mundo - como los países del norte de África y Oriente Medio que tienen ya comprometida su seguridad alimentaria - serán los paganos de un conflicto entre potencias capitalistas que puede escalar a episodios de barbarie mucho peores.
Es urgente que en el movimiento obrero, desde los sectores combativos de los grandes sindicatos y la izquierda sindical, empiece a emerger un ala que se plante ante los ataques económicos y sociales en curso, y a la vez tome en sus manos las banderas y un programa internacionalista como este, que declare la “guerra a la guerra”, teja lazos de fraternidad entre los trabajadoras y trabajadores del continente y apunte a una salida independiente a la actual crisis tanto del régimen reaccionario ruso de Putin, como de los gobiernos imperialistas de la UE y la OTAN y el gobierno Zelensky subordinado a ellos. | 
