El 25 de febrero el Director General de Educación de Jóvenes y Adultos (DGEJA), prof. Carlos Brene, firmó la circular 02/22 con la que informaba que muchos de los cursos de los Centros Educativos de Nivel Medio de Adultos (CENMA) van camino a cerrarse.
Esta circular plantea que en los Cenmas base, anexos y extensiones aúlicas “las Nóminas de estudiantes fehacientemente matriculados serán asignadas a las divisiones existentes, completándose con no menos de 25 estudiantes…”, que los establecimientos que cumplan con este requisito se les permitirá publicar las vacantes de los cargos no directivos ni jerárquicos y horas cátedra y a quienes no lo cumplan se les demorará el proceso de autorización, publicación y ofrecimiento de vacantes, hasta que lo consigan con fecha límite el 30 de marzo. Pasada esa fecha, las autoridades ministeriales evaluarán con los establecimientos un “informe-propuesta” de reconfiguración de la distribución de los cursos con aperturas/cierres y de reubicación docente.
No aseguraron los materiales, insumos, medios de conectividad y condiciones para la educación en pandemia, impulsando la deserción escolar, y ahora quieren que por arte de magia y de un día para otro las aulas se llenen de alumnos. Además, ¿De dónde sacaron que los cursos no pueden funcionar con menos de 25 alumnos? Está claro que el recorte del gobierno pasa por cerrar cursos y reducir la planta docente.
La propuesta concreta que se conoce hoy es reubicar docentes de cursos que no lleguen al cupo de 25 alumnos en otros del mismo establecimiento que hayan completado el cupo. Esto es ir al cierre de cursos bajando costos. Cuántos más docentes consigan reubicar, el gobierno pretende tener menos conflictividad y (sobre todo) menos gastos. Lo que para los estudiantes y para los trabajadores de la educación es un derecho (por ejemplo, sostener la oferta educativa), para el gobierno es un gasto.
A esto se suma la imposibilidad de titularización de quienes tengan títulos habilitantes y supletorios, acentuando la precarización laboral, y la baja, sin continuidad pedagógica de docentes interinos y suplentes, designados durante la pandemia, con lo cual la mayoría de los establecimientos educativos de Córdoba, comenzadas las clases, todavía no tienen cubiertas todas las horas y cargos, situación que se agrava en el Programa PIT donde tampoco se ofrece una respuesta ministerial para la cobertura inmediata de las vacantes existentes.
Las tijeras del gobernador
Estas medidas del gobierno de Schiaretti no son un hecho aislado, es la profundización del recorte y desmantelamiento que sufre desde hace años la modalidad de jóvenes y adultos y es fruto de un ajuste más general sobre la educación pública en Córdoba, una continuidad que profundiza un proceso de ajuste en curso que afecta también a otros niveles y sectores. Como quedara en evidencia con el memorándum 03/20 en nivel superior, la reforma del Estatuto de la Docencia Media, Especial Y Superior el avance en la precarización laboral en nivel incialo el aumento de la precariedad de las condiciones de trabajo y la terciarización de la trabajadoras de Paicor.
Los docentes, como el conjunto de los trabajadores, venimos de más de 6 años de ataques a jubilaciones y salarios, aumento de la sobrecarga laboral, mayor precarización y empeoramiento de las condiciones de trabajo y de vida de las mayorías, crecimiento de la pobreza que impacta cada vez más fuerte sobre nuestros estudiantes y sus familias, desmantelamiento de la educación y la salud.
El cierre de cursos de la modalidad de educación de jóvenes y adultos es un ataque directo al derecho a la educación de las y los estudiantes de los sectores sociales más desfavorecidos.
Esta situación amenaza con agravarse luego del pacto de impunidad sellado con el FMI entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, con el aporte de los votos del peronismo cordobés. Entre los ajustadores no hay grieta. Un acuerdo escandaloso que instala un cogobierno manejado desde Washington para aplicar un plan de ajuste donde las mayorías populares sean quienes paguen la estafa de la deuda macrista a costa de empeorar sus condiciones de trabajo y de vida.
Las promesas de campaña de los gobiernos provincial y nacional, estas últimas aplaudidas por la conducción sindical de Ctera y UEPC, de acabar con los padecimientos sociales fueron incumplidas y hoy vemos que empiezan a agravarse bajo el tutelaje del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Enfrentar el ataque en curso
Una vía para hacer el ajuste que exige el FMI es consolidar lo perdido y licuar los salarios con la inflación. Eso hace la paritaria que firmó CTERA y de modo aún más escandaloso la que firmó UEPC. En una asamblea amañada, donde no faltaron maniobras de la lista Celeste, la conducción gremial limitó la discusión paritaria sólo a números y porcentajes para lograr la aceptación de una propuesta miserable dejando por fuera las problemáticas que la docencia viene reclamando, incluido impedir el cierre de cursos en Cenmas, y que siguen sin ser escuchadas.
Ayer, por presión de la docencia, llamaron a un plenario de delegados de la modalidad para este jueves 17 de marzo dónde se pidió la derogación de la circular y se exigió que se cubran las horas libres en todos los cursos para garantizar el derecho a la educación. La respuesta del gremio se limitó al número de estudiantes necesarios para que un curso no se cierre.
No es casual que la conducción gremial sólo convoque a asambleas en el cierre del acuerdo salarial con el gobierno, mientras estuvieron ausentes todo el año, siendo que la docencia tiene miles de razones para organizarse en defensa de la educación y de sus derechos.
Hoy más que nunca cobra importancia que UEPC llame a asambleas escolares para que la comunidad educativa se organice para rechazar este pacto de coloniaje con el FMI y enfrentar el ajuste de los gobiernos, exigiendo plata para educación y no para la estafa de la deuda.
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