La suba de precios no cesa y en 2022 acumula un 8,8 %, castigando el bolsillo de los sectores populares. Después del acuerdo con el FMI, el Gobierno creó e Fondo del trigo y llamó a una mesa de diálogo para el lunes. Son parches que no alcanzan para combatir la inflación bajo el contexto internacional y los tarifazos energéticos en puerta. Se necesitan medidas de fondo que cuestionen las ganancias de las alimenticias y empresarios especuladores.
Superando todos los pronósticos, el índice de precios al consumidor (IPC) que se conoció esta semana confirmó una suba mensual de 4,7 % en febrero. De esta manera el nivel general de precios no sólo se mantiene alto, sino que pegó un salto respecto a enero (3,9%). En el rubro “Alimentos y Bebidas no Alcohólicas” -el que más aumentó (7,5%)- las subas llegan al 12,8 % en los dos primeros meses del año.
Este dato preocupa porque se trata de un rubro muy sensible, que actúa encareciendo el costo de vida en general, pero golpea con mayor dureza sobre el 40% de la población que es pobre y destina cada vez una mayor parte de sus ingresos a comprar comida. O directamente pasa hambre.
Mientras el humor social empeora, al presidente se le ocurrió declararle la “guerra” a la inflación”. Más allá de la desafortunada frase, las medidas anunciadas hasta el momento están direccionadas a los alimentos de primera necesidad. En un discurso contradictorio y exculpatorio, el viernes por la noche Alberto Fernández insistió en señalar que la inflación “hace 10 años no baja de los dos dígitos” pero que ahora por cuestiones extraordinarias como la guerra en Ucrania -que disparó los precios internacionales del trigo, el maíz y la soja- se justifica tomar “medida extraordinarias”. ¿Esto es así?, veamos:
Luego del anuncio de Alberto, este sábado se oficializó la creación del Fondo Estabilizador del Trigo Argentino (DNU 132/22), se trata de una medida transitoria que tiene como fin: “garantizar un patrimonio de afectación específica que contribuya a mitigar el alza del precio de la tonelada de trigo que requiere la cadena de molienda argentina, considerando los valores, anteriores al conflicto, de las mercaderías involucradas.”
Los recursos de esto Fondo provienen de “la modificación temporal de los derechos de exportación previsto en el Decreto 131/22.” ¿De qué se trata esto? Se establece una suspensión temporaria del diferencial de 2% de los derechos de exportación de harina y aceite de soja fijado en decreto 790/2020, haciendo que vuelvan al 33%.Para tranquilidad de las patronales del campo, el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, se encargó de aclarar que la medida “no afecta a los productores”, quienes ya pagan el retenciones al 33%.
Y agregó que de esta manera sólo serán alcanzados con estas subas las “11 empresas que exportan aceite y harina de soja”, de ellas 8 representan el 95 % del total de esas exportaciones. . Cargill, Cofco, Nidera, Noble, Molinos, ADM, Toepfer, Bunge, AGD, Vicentin, ADA, muchas de ellas multinacionales, las que conforman en los hechos un monopolio privado del comercio exterior.
El plan invisible contra la inflación
La aplicación del Fondo del trigo que tendrá como uno de sus objetivos subsidiar el precio del pan y derivados del trigo, que acumula una suba de 53,1 % en los últimos 12 meses según el Indec, estará a cargo de Roberto Felleti.
El secretario de Comercio Interior además es el impulsor de los acuerdos de precios que vienen confirmando su fracaso mes a mes. Dentro de los anuncios que aún no llegaron, desde el oficialismo filtraron a la prensa que para combatir la inflación el Gobierno prepara también una ampliación de la canasta de producto del programa Precios Cuidados, junto a la implementación de un programa como Súper cerca, con el fin de llegar a los comercios minoritas de barrio. Es decir, medidas insuficientes que no han frenado los precios, porque la inflación responde a distintos factores; y en este caso particular porque la clave de estos acuerdos con los empresarios de la alimentación y supermercadistas es garantizarles su tasa de ganancia.
Sobre la eficacia de estos parches conversamos con el economista y Director de EPyCA Consultores, Martín Kalos, quien señalaba que hay una falta de coordinación de políticas y que “la principal política que se comunica como anti inflacionaria son los controles de precios cuya efectividad, por sí sola, es muy reducida. Te diría que en este contexto es insignificante.”
Otro elemento que señala el economista está relacionado a la suba de tarifas de servicios públicos “que se espera que ocurran en los próximos meses y que depende de qué porcentaje sean impactarán más o menos en el aumento de la inflación. Estamos hablando de una inflación que difícilmente cierre abajo del 55% en este 2022.” La inflación en Argentina es un fenómenos complejo, en el que impactan distintos elementos como el tipo de cambio, la débil inversión y el atraso tecnológico, en algun grado la emisión monetaria, la dolarización de los servicios públicos, que en economías dependientes y atrasadas se profundizan por la apremiante restricción externa. Es decir, el limitado acceso a los dólares que se van en fuga de capitales, pagos de deuda externa, entre otros, y que vuelven imprescindibles a medidas como el desconocimiento soberano de la deuda, el monopolio del comercio exterior y la nacionalización de la banca.
En pocos días el Gobierno con la ayuda de la oposición de derecha aprobó un pacto de sumisión con el FMI por casi 45 mil millones de dólares, que condicionaran política y económicamente el rumbo del país de mínima hasta 2034. Pero primero deben entrar los 11 desembolsos pactados para pagar la estafa del macrismo, a condición de revisiones trimestrales. Si no cumplís, quedás al borde del impago, un chantaje por donde se lo mire.
Sin embargo, para recomponer el poder de compra del salario no existe esa unidad de propósitos en la dirigencia política tradicional, todo lo contrario. El Indec confirmó que en una familia de 4 integrantes debía percibir ingresos por $83.807 para no estar bajo la línea de pobreza. Esta medición del Indec (CBT) no incluye servicios básicos como pagar un alquiler, el acceso a una alimentación saludable, que sí están incluidos en la estimación que realizan la Junta Interna de Ate Indec, sostienen que ningún trabajador debería ganar menos de $ 136.100.
Aún bajo una crisis social que afecta a millones, este Gobierno no avanzo siquiera en una suba de retenciones en momentos dónde el agropower multiplica sus ganancias, al ritmo de la escalada internacional de los commoditties. Tampoco estan dispuestos a aplicar medidas para limitar el poder de “mercado” de las empresas alimenticias que incluso al ser advertidas, del martes al viernes aumentaron los precios. Según señalaba el periodista Alejandro Bercovich esto incluye a firmas como La Serenísima (10%), Arcor (15%), Bimbo (20%).
La guerra contra la inflación es inviable bajo el cogobierno del FMI que prevé una inflación elevada para este año (38% - 48%). El Gobierno convocó para este lunes una mesa del dialogo que involucra a los especuladores y remarcadores, empresarios de alimenticias y representantes del agropower, sector que ya avisó que irá a la justicia. Pero también a los sindicatos cómplices de la caída del salario real en los últimos 6 años tuvieron una pérdida de 19 % para el sector privado registrado, el 26 % para el sector público y el 29 % para informales.
Hacen falta medidas urgentes, como las que propone la izquierda, para atacar el aumento de precios que tiene causas estructurales y empeorarán con el acuerdo con el FMI. Por eso hace falta comenzar por el desconocimiento soberano de la deuda, junto a la nacionalización de la banca y el monopolio estatal del comercio exterior. Nacionalización de las empresas de servicios públicos, abajo los tarifazos que ahogan a los sectores populares.
