Este lunes el gobierno anunció que le daría suma urgencia al proyecto de indulto a las y los presos políticos de la rebelión que hoy se tramita en el Senado. El anuncio fue recibido con crítica no solo de parte de la derecha sino también por parte de los senadores del PS y el PPD que apuntaron al ministro Segpres Giorgio Jackson, dos partidos que son parte del gobierno. La bancada de senadores del PS emitió un comunicado mientras que el senador independiente-PPD y ex presidente de la Comisión de Constitución del Senado Pedro Araya acusó al gobierno de "irresponsabilidad". Pese a este fuego amigo por supuestas diferencias, los convencionales del Frente Amplio votaron en contra del indulto a los presos políticos que fue impulsado en la Convención Constitucional el pasado viernes y que logró su aprobación en general.
Fue Araya quien lideró el proceso de modificación a finales del año pasado cuando una se retiraron una serie de artículos referidos al catálogo de delitos de la ley. Estas modificaciones fueron acusadas por parte de las familias como un intento de desvirtuar el proyecto y hacerlo inofensivo, todo supuestamente para conseguir los votos de la derecha que ya anunció que tampoco los dará. Según el cálculo de las familias, cerca del 70% de los casos de prisión política no estarían cubiertos con este proyecto modificado.
Otro simbolismo del gobierno: Sin votos y dejando al 70% de los casos fuera
¿Por qué el gobierno impulsa el proyecto si no tiene los votos para aprobarlo? Esta ha sido una de las preguntas que ha rondado en los círculos de familiares de los presos políticos. Para aprobar la iniciativa, se necesitan de al menos 26 senadores. Si se cuentan los senadores que responderían al gobierno se sumarían 19, o a lo más 20 si se cuenta a Fabiola Campillai. Según Araya, el gobierno trataría de endosarle un fracaso del indulto al Senado ya que saben que no tienen los votos. Otro de los trascendidos es que se espera dar una señal política similar a la realizada cuando se retiraron 139 querellas por Ley de Seguridad del Estado a presos de la rebelión. Sin embargo esa medida no logró la libertad de ningún preso político.
Un escenario incierto para el proyecto mientras las familias siguen en la pelea por la liberación de las y los presos políticos. El proyecto finalmente será votado durante abril según confirmó el presidente del Senado, el PS Alvaro Elizalde que comprometió los votos de su bancada y abogó por mejorar el proyecto, es decir, hacerlo más acotado. Una razón más para eliminar esa institución antidemocrática que es el Senado que solo sirve para que se imponga la voluntad de los grandes empresarios y sus partidos contra toda medida favorable para el pueblo.
En la Convención Constitucional, la Iniciativa Popular de Norma por la libertad de los presos políticos de la rebelión logró un primer paso importante producto de la campaña impulsada por familiares y la lucha en las calles. Luego de su aprobación en general el pasado viernes, ahora debe ser aprobada en particular y luego pasar por el pleno, donde debe pasar el antidemocrático quorum de los dos tercios que asegura un posible veto.
Es por eso que es necesario reforzar la campaña en las calles y lugares de estudio y trabajo para conquistar la libertad. Sólo la la movilización puede garantizar que los presos y presas de la rebelión puedan volver con sus familias. | 
