El rol de la burocracia sindical aliada y funcional a los intereses de empresarios y gobiernos, fue decisivo antes, durante y después del golpe. La organización y lucha de las y los trabajadores que se opusieron a sus conducciones, y pusieron en pie las Coordinadoras Interfabriles.
Las direcciones sindicales burocráticas fueron un factor clave tanto en la preparación del golpe como durante los años que siguieron. Desde 1983 sus dirigentes se reciclaron en democráticos y fueron una parte esencial en los 80, los 90 y posteriormente para garantizar cada nuevo ataque patronal a las y los trabajadores.
En la actualidad vuelven a mostrar de qué lado están los dirigentes de los gremios que siguen impunes y viven como empresarios, defendiendo con uñas y dientes los intereses de los capitalistas.
Las y los trabajadores protagonistas de las luchas obreras de los 70, dejaron su huella y un legado para las nuevas generaciones: organizarse y luchar, no resignarse hasta terminar con la explotación y la opresión.
Del Pacto Social de Perón del 73 a las huelgas del 75
El 6 de junio de 1973 el gobierno de Héctor Cámpora, la Confederación General del Trabajo y la Confederación General Económica, junto con la Federación Agraria , la UIA, y la Sociedad Rural firman el Pacto Social, cuyas medidas intentaban contener la inflación y aumentar la productividad en las empresas.
El 20 de ese mismo mes Perón retornaba al país y en el palco de Ezeiza se ubicaban sus francotiradores, controlados por la Comisión Pro Retorno que el General le había encomendado a López Rega y el Comando de Organización de Jorge Osinde. Entre sus miembros estaban “el Negro” Corea, Jefe de seguridad de Rucci, Jorge Dubchak y Alejandro Giovenco de la CNU, organización de la derecha peronista, todos los custodios de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), junto a los “culatas” del sindicato de la construcción (la Uocra) y el de los obreros de las automotrices (Smata), quienes al otro día publican una solicitada reivindicando lo que luego pasó a la historia como la Masacre de Ezeiza.
Luego de aumentar las tarifas de los servicios básicos, el Pacto Social establecía tanto el congelamiento general de precios como de los salarios, que a esa altura venían perdiendo más del 30% respecto de la inflación. Además este acuerdo suspendía las negociaciones colectivas de trabajo durante dos años y prohibía las medidas de fuerza por mejoras salariales.
La crítica situación en la que se encontraban los trabajadores junto a la tregua de la burocracia da lugar a una ola de huelgas salvajes y gestas obreras como el Villazo en marzo de 1974 que logra arrancarle a las direcciones sindicales burocráticas en Villa Constitución la seccional de la Uom.
La muerte de Perón junto al fracaso del Pacto Social hicieron que el proceso de lucha tomara un nuevo impulso. La derecha peronista se reforzaba con Isabel y López Rega en el gobierno.
El Plan Rodrigo y la resistencia obrera
Entre el 2 de junio y el 8 de julio de 1975 crecía la movilización obrera en el país contra el Plan Rodrigo, que el gobierno de Isabel Perón intentaba imponer e implicaba un gran golpe contra el nivel de vida de los trabajadores y las clases medias: la no homologación de los Convenios Colectivos de Trabajo, congelamiento de salarios, aumento del precio del combustible y de artículos de primera necesidad, una escandalosa inflación y el ajuste en el Estado achicando personal para endeudarse con el FMI. Desde los anuncios del Plan Rodrigo, la oposición obrera crece del plano sindical al político.
La resistencia obrera lleva adelante con todas sus fuerzas las jornadas de junio y julio de 1975, surgiendo las Coordinadoras Interfabriles, que representaron un embrión de doble poder y el enfrentamiento más profundo de la clase obrera con el peronismo y la burocracia sindical. Cerca de 130.000 trabajadores organizados independientemente de la burocracia, disputaron en las fábricas el poder a los capitalistas.
Cómo relatan Ruth Werner y Facundo Aguirre en su libro “Insurgencia obrera en la Argentina 1969-1976”, las coordinadoras estaban divididas territorialmente y agrupaban a 129 comisiones internas y cuerpos de delegados de las principales empresas de la industria, en las zonas Norte, Sur, Oeste, La Matanza del Gran Buenos Aires, La Plata-Berisso-Ensenada y Capital, con peso relevante en la región de San Lorenzo y Córdoba.
Lorenzo Miguel fue uno de los principales sostenedores del Gobierno de Isabel, a partir de su peso en la UOM y Las 62 organizaciones. Desde allí se dirigía la JSP, Juventud Sindical Peronista, una de las bases de reclutamiento de los matones de la Triple A.
Pero además, la CGT y “Las 62” colocaron a varios sindicalistas como vicegobernadores y, luego del Rodrigazo, impulsaron las designaciones de Carlos Ruckauf y Antonio Cafiero, abuelo del actual ministro de relaciones exteriores, como ministros de Trabajo y Economía, respectivamente. Junto con Ítalo Lúder y otros ministros fueron quienes firmaron en octubre de 1975 los decretos que permitían a las FFAA aniquilar a la oposición, apoyándose en las brutales represiones que se estaban sucediendo en distintas provincias como Tucumán donde ya estaba en marcha el Operativo Independencia contra la vanguardia obrera y popular.
Estos hombres de la CGT y ‘las 62’ fueron piezas claves del Gobierno peronista y el “Pacto Social”. Además de las operaciones represivas contra las huelgas que exigían mejores condiciones laborales y aumento salarial crearon una batería de leyes con el objetivo de proscribir, penalizar y reprimir a las organizaciones de izquierda y la oposición obrera antiburocrática.
Intervinieron sindicatos que no dirigían ni lograban contener y les quitaron personerías gremiales los opositores. Se impulsaron la Ley de Asociaciones Profesionales, la Reforma del Código Penal, la Ley de Prescindibilidad contra los trabajadores estatales y la Ley de Seguridad 20.840.
“El mejor enemigo es el enemigo muerto”
La revista de la Triple A "El Caudillo" tenía un lema: “El mejor enemigo es el enemigo muerto”. Lorenzo Miguel y Las 62 Organizaciones, eran quienes la financiaban y se ocuparon de hacer realidad aquella premisa. En las listas negras difundidas por la revista se encontraban trabajadores e intelectuales que corrieron esa suerte.
Es imposible ocultar la responsabilidad de Perón, sus funcionarios y los dirigentes sindicales peronistas por los crímenes de la Triple A. “Lo que hace falta en Argentina es un ‘somatén”, le había dicho años antes el General al gobernador Oscar Bidegain. El “somatén” fue un grupo paramilitar que actuó en Cataluña a principios del siglo XX contra los obreros anarquistas, que luego sirvió de inspiración para el armado represivo del General Franco.
Así comenzaron a actuar el Comando José Rucci, la Alianza Libertadora Nacionalista, la Juventud Sindical Peronista (JSP), la Jotaperra, entre otros grupos, que quedarán centralizados luego en la Triple A. Gregorio Minguito y Victorio Calabró eran dirigentes metalúrgicos, miembros de Las 62 Organizaciones y responsables de buena parte del terror en la provincia de Buenos Aires. El primero como dirigente de la UOM Vicente López, se empeñó en aplastar el surgimiento de los sectores combativos que venían recuperando comisiones internas en las metalúrgicas de la Zona Norte del Gran Buenos Aires. En el caso de Calabró se dedicó con la ayuda de la Triple A y la CNU a perseguir, torturar y asesinar a la vanguardia en la capital provincial.
Por esos años se intervinieron decenas de organismos opositores y murieron asesinados delegados y activistas de Corni, Cormasa, Wobron, Fate, Eveaready, Ftiam y la sección metalúrgica de Astarsa, por citar algunos ejemplos. Minguito tenía su propio “ejército” de matones, pero trabajaba en conjunto con las patronales y las comisarías de la Zona Norte.
Calabró asumió como gobernador bonaerense en enero de 1974, cuando Oscar Bidegain fue obligado a renunciar “por complicidad con la subversión y los infiltrados”. Lo consideraban “inoperante” para enfrentar a las luchas obreras y la izquierda. Durante su gestión se ejecutaron las masacres de La Plata y Pacheco, el asesinato de trabajadores navales de Astarsa, Mestrina y Forte, y de ceramistas de la combativa seccional de Villa Adelina.
La Triple A ya había cumplido parte de su objetivo, eliminando a cientos de militantes y activistas obreros que venían siendo protagonistas de la recuperación de comisiones internas y cuerpos de delegados, y de gestas como el Cordobazo, los Villazos o las Coordinadoras del Gran Buenos Aires.
En esa etapa se registraban un promedio de treinta huelgas por mes, en la mayoría de los casos con toma de planta, comenzando a cuestionar el poder capitalista.
A pesar de la dureza de la represión, los golpes de la Policía y las bandas eran respondidos. A cada compañero atacado, se contestaba con movilizaciones a las comisarías y huelgas.
El mismo día del golpe, Las ‘62 Organizaciones’ publicaban una solicitada donde aseguraban que “el movimiento obrero siente un profundo respeto por sus Fuerzas Armadas (...) Ha sentido como propias las heridas que la guerrilla asesina infligiera a sus soldados. Sabe de sus valores y de la conciencia de Patria que las anima” (Clarín 24/3/1976).
Un caso testigo de cómo la burocracia sindical es responsable por los secuestros y desapariciones es el del sindicato Smata. Como surge de la investigación de la cineasta Gaby Weber, en el documental “Milagros no hay” del 2003 “las listas de los trabajadores molestos de la Mercedes Benz las armaron en el sindicato Smata, que dirigía José Rodríguez. El ministro de Trabajo Carlos Ruckauf, junto con Rodríguez, piden el despido de 115 trabajadores en 1975. Eso está documentado. Hasta el golpe, Ruckauf y Rodríguez son parte de la represión”.
Algo similar pasó en otras empresas como Ford, donde la oposición ganaba peso en el cuerpo de delegados y la empresa junto al Smata confeccionaban las listas negras. Ante el surgimiento de las coordinadoras y las huelgas de junio de 1975, el Smata acusó como promotores de la huelga a “grupos minoritarios de provocadores”, y calificó las medidas “sin razón y fundadas exclusivamente en los designios subversivos y golpistas de los agentes del caos” (Solicitada, 13/06/75). Ford despidió a 292 trabajadores.
Vale recordar que a fines del año 2018 dos exgerentes de la multinacional estadounidense fueron condenados por delitos de lesa humanidad contra sus trabajadores pero aún siguen libres. José Rodríguez murió impune a pesar de haber reconocido en los Juicios por la Verdad de La Plata (a fines de los 90) que el gremio entregó listas con los nombres de los delegados a los militares, como consta en el auto de elevación a juicio de la causa Ford y tal como declararon varios de los obreros sobrevivientes. Rodríguez murió impune sin siquiera haber sido investigado por el secuestro y la tortura de al menos 24 obreros de la automotriz, solo fue procesado por la estafa a la obra social de los mecánicos.
Uno de los casos más emblemáticos de colaboraciones entre genocidas y burócratas sindicales es el del titular de la Uocra, Gerardo Martínez, que entre los años 1976 y 1983 formó parte del Personal Civil de Inteligencia (PCI) del Batallón de Inteligencia nº 601, su tarea era reclutar información y remitirla a la Central de Reunión del 601. Con esa información se llevaría a cabo la represión ilegal, lo más indignante es que durante el período que el líder de la Uocra “dio servicios” en el batallón desaparecieron 105 obreros en todo el país, 60 de ellos en Capital Federal.
Barrionuevo es otro caso conocido, que volvió oficialmente al gremio gastronómico de la mano del interventor militar Carlos Manuel Valladares en 1979 como delegado normalizador de la Osuthgra.
Hoy, dos discípulos de Lorenzo Miguel, Antonio Caló sucesor directo y Abel Furlán que fue parte de su gestión durante años se disputaron la dirección del gremio metalúrgico que queda nuevamente en manos de los burócratas.
Peronismo y burocracia sindical: responsables de la derrota de los trabajadores en manos de la junta militar
Como explican Ruth Werner y Facundo Aguirre en La insurgencia obrera en el corazón de la industria: "La burocracia sindical y el peronismo tienen la responsabilidad histórica, en tanto dirección de masas, de la derrota de los trabajadores a manos de la Junta Militar. El peronismo que gobernó el país en los ‘70 fue primero ‘partido de la contención’ y de desvío del proceso revolucionario abierto con el Cordobazo entre 1969 y 1973; posteriormente, ‘partido del orden’ y de las Tres A contra la vanguardia militante obrera, juvenil y popular; y luego ‘partido del ajuste’ con el Plan Rodrigo”.
Werner y Aguirre agregan que “luego de las jornadas revolucionarias de 1975, la burocracia sindical peronista sostuvo a un gobierno quebrado, criminal y antiobrero condenando al movimiento obrero al fracaso.
El 24 de marzo de 1976, 200 fábricas pararon contra el golpe. Las comisiones internas y los cuerpos de delegados de las coordinadoras y otras fábricas combativas del país realizaban su último gesto heroico contra los golpistas.
La burocracia sindical ha demostrado a lo largo de su historia qué pese a decir defender los intereses de los trabajadores y trabajadoras están con las patronales y los distintos gobiernos que abogan los intereses del capital. En la actualidad, toda la dirigencia sindical dio su apoyo a la entrega al FMI y deja correr el ajuste contra el pueblo trabajador.
La lucha actual contra la impunidad y por recuperar los sindicatos
Si bien al retorno de las elecciones en 1983, muchos de esos dirigentes intentaron presentarse como democráticos, hacia el interior de sus gremios eran y siguen siendo todo lo contrario. Muchos de ellos permanecen en sus cargos, como Gerardo Martínez, comprobado “personal civil” integrante del Batallón 601 del Ejército en plena dictadura y uno de los dirigentes más “oficialistas” desde 1983 a la fecha, sobre todo con Menem y con el kirchnerismo.
Durante los años 80, 90 y 2000 los dirigentes sindicales que tuvieron destacada actuación en feroces represiones contra la vanguardia y responsables de secuestros en el genocidio de clase, fueron sostenidos por los partidos patronales como el radicalismo y el peronismo, como parte de la banca patronal de conjunto.
Eso llevó que, pese a las denuncias de sobrevivientes y familiares de víctimas, ninguno haya terminado procesado y mucho menos preso por colaborar directamente con la dictadura. Esos dirigentes eran esenciales para garantizar la continuidad del “plan” de los empresarios a la salida del genocidio, ahora con la ejecución “democrática” de los gobiernos constitucionales.
Ni hablar en los 90 con el despliegue neoliberal, con los milicos indultados y la burocracia cumpliendo su rol traidor. Incluso muchos de esos dirigentes durante el kirchnerismo supieron reciclarse tanto que terminaron casi “abrazando” a las madres y abuelas adquiriendo un discurso derechohumanista al tiempo que siguieron homenajeando a tipos como Rucci, Lorenzo Miguel y compañía.
Del discurso de los derechos humanos a la realidad
“No jodan con Perón”, decía un afiche distribuido en 2007 por Las 62 Organizaciones y distintos gremios peronistas, ante el pedido de captura de Isabel Martínez de Perón en el marco de la causa por los crímenes de la Triple A. Hace unas semanas Julio Piumato, secretario nada menos que de DDHH de la CGT, pidió que Isabel Perón sea sobreseída en una causa en las que está imputada por los crímenes de la Triple A. Como señala esta nota : “Es un agravio de la burocracia sindical hacía los familiares y las víctimas del terrorismo ultraderechista impulsado por los gobiernos peronistas de entonces”.
Es fundamental recuperar los sindicatos de las manos de los dirigentes traidores y responsables de los secuestros, torturas y asesinatos de nuestros compañeros de clase durante la represión estatal y paraestatal del gobierno de Isabel, y muchos de ellos cómplices de la dictadura genocida que continúan impunes gracias al aval de peronistas, radicales, todos los partidos patronales y del Poder Judicial.
Recuperándolos estaremos en mejores condiciones para pelear por una salida de fondo que termine de una buena vez con la explotación y la opresión de la gran mayoría de la población. Este 24 de Marzo es necesario que nos movilicemos en forma independiente de todos los partidos como el PJ, la UCR y los burócratas que fueron parte de la dictadura.
Este 24 de marzo volvemos a tomar las calles por el juicio y castigo en cárcel común para todos los genocidas. Pero también contra el acuerdo del Gobierno y el FMI. No a la guerra, ¡Fuera las tropas rusas de Ucrania!”, al mismo tiempo que decimos “¡Fuera la OTAN de Europa del Este!” y contra el rearme imperialista.
