La misma semana que las Fuerzas Armadas y los grandes grupos económicos daban el golpe, el FMI aprobaba un crédito que había negado al gobierno destituido. En medio de una cacería en fábricas y barrios, el Fondo muestra su apoyo al plan económico que se iba a poner en marcha.
27 de marzo. Todavía no había terminado la primera semana del golpe cívico militar. En barrios y fábricas las fuerzas armadas llevaban adelante una cacería. “Joe” Martínez de Hoz había empezado a operar semanas antes, por eso al segundo día de gestión ya tenía uno de sus primeros frutos: “Crédito del FMI” titula Clarín, que además anuncia el “Reconocimiento de EE.UU a la Junta”, la asunción de Videla y el partido que la selección de fútbol perdería esa tarde con Hungría.
Un día antes, el directorio del FMI había aprobado un retiro por 110 millones de DEGS (Derechos Espaciales de Giro). El mismo que le había negado unas semanas antes al gobierno de Isabel Perón. El memorándum de Jack D. Guenther, del departamento del Hemisferio Occidental, dejaba claras las simpatías políticas del Fondo: “Los militares, mientras tanto, están permitiendo que la situación se continúe deteriorando, sin embargo, hay rumores diarios de que actuarán pronto”. Lo cuenta Noemí Brenta en un interesante libro sobre la historia de Argentina y el organismo. [1]
Era el inicio de una relación “fructífera” que continuaría casi toda la dictadura.
Dos meses después, tras una serie de giras y cartas de Martínez de Hoz a los organismos de crédito, llegan visitas: “Llegan las misiones del FMI y del Banco Mundial”, titula Clarín ese 27 de mayo.
El encuentro era “auspicioso”, según entendían los enviados de Washington. Durante dos meses la dictadura hizo un trabajo de “shock” que permitía sentar las bases de un nuevo plan económico. En abril había liquidado grandes parte de los derechos sindicales, destrozado convenios y leyes laborales. El salario real había caído un 20% (¡!) en solo dos meses. Todo había sido, como sabemos, a sangre y fuego.
El sorprendente “trabajo sucio” facilitó un acuerdo contingente por 159,5 millones de DEGS, ampliando el crédito. El Banco Central lo promocionaba entonces como “el mayor acordado a un país latinoamericano”. Pero la clave no era tanto el monto, sino el significado político-económico que tenía. Por un lado significaban un apoyo al gobierno militar de parte de Estados Unidos y el capital financiero. Por otro implicaban la aceptación de una revisión constante por parte del FMI a los planes económicos. Todo eso buscaba además aceitar las relaciones con los grandes bancos internacionales que serían quienes otorgarían los principales préstamos multimillonarios al Estado y los grupos locales.
El 9 de agosto el directorio aprueba el acuerdo contingente por 260 millones de dólares. Como relata Brenta, “el memorándum que describía el programa económico lanzado el 2 de abril permitía vislumbrar el nuevo rumbo. Se trataba de un programa económico ortodoxo, inspirado en un liberalismo económico dogmático, conveniente a los intereses de los sectores agropecuario y financiero y a las multinacionales”.
Una de las medidas pactadas era el aumento de impuestos. Como la junta golpista no pensaba subírselos a sus amigos empresarios, el peso recaería sobre las clases medias y trabajadora. Los aumento de tarifas e impuestos impactarían en la inflación. [2]
En abril Martínez de Hoz había eliminado los controles de precios y congelado los salarios, que podían aumentar “por productividad”.
La liberación de precios y el control de salarios redujo la participación de los asalariados en el ingreso nacional en 20%. Solo en 1976, pasó del 51% al 31%, caída de la que nunca se recuperó.
En su carta abierta al cumplirse el primer año del Golpe, el periodista Rodolfo Walsh denuncia una inflación anual del 400% y asegura que “los resultados de esa política han sido fulminantes. En este primer año de gobierno el consumo de alimentos ha disminuido el 40%”.
Pero "Joe" y sus amigos siguen enviando "cartas de intención" para avanzar en nuevos acuerdos y préstamos.
El incumplimiento de las metas antinflacionarias llega a generar un debate en el propio directorio del Fondo. A pesar de la oposición de seis directores europeos, el representante del Tesoro estadounidense Sam Cross impone la aprobación del nuevo préstamo de 1977. Su argumento fue más político que monetario: “Nos agrada el considerable y continuado progreso que había logrado la economía argentina con la oportuna ayuda proporcionada por el FMI”.
Así fue como, desde la primera semana, el Fondo financió el golpe de clase. Fue, junto a Videla, Martínez de Hoz, Cavallo y compañía, el responsable de un salto gigantesco en la deuda externa, que pasó de US$ 7.000 millones en 1976 a US$ 42.000 millones en 1982. Mientras crecían las penurias populares, esos millones eran destinados a la fuga de capitales, la timba financiera, estafas con empresas del Estado, privatización de la deuda privada y un total de 470 ilícitos según determinó el juez Jorge Ballestero. En la investigación se marca explícitamente el rol del FMI en ese fraude (fojas 161 a 166).
Por estos días, vale recordar qué es el FMI. Fue quien se encargó de financiar y darle aval político al programa económico de un gobierno genocida. Como hizo en otras etapas de nuestra historia, esa deuda fraudulenta e ilegítima se cargó a la cuenta del pueblo. Por eso hay que rechazar la estafa y sus responsables. Es un homenaje a los 30 mil compañeros y compañeras desparecidos, pero también para que las futuras generaciones se saquen esa pesada y odiosa mochila de su futuro.
