En Florida, Estados Unidos, legisladores del Partido Republicano lograron aprobar en ambas cámaras un proyecto de ley para los establecimientos educativos que fue llamado “Don’t say gay” (no digas gay) por quienes se oponen. Ahora solo falta la firma del gobernador Ron DeSantis, quien previamente mostró apoyo al proyecto.
La propuesta generó un fuerte rechazo y debate, es parte de las iniciativas que los sectores ultraconservadores desarrollan en Estados Unidos para atacar los derechos de las personas LGBTIQ+. El nombre original del proyecto es “Derechos de los padres en la educación” y está acusado de tener una redacción lo suficienemente amplia al punto de permitir que se prohíba en establecimientos educativos (jardin, primario y secundario) hablar sobre géneros y sexualidades por fuera de la norma heterosexual y biologicista:
“La instrucción en el aula por parte del personal escolar o terceros sobre orientación sexual o identidad de género no puede ocurrir desde el jardín de infantes hasta el tercer grado o de una manera que no sea apropiada para la edad o el desarrollo de los estudiantes de acuerdo con los estándares estatales”.
Una normativa que abre la puerta a cercenar cualquier tipo de debate o mención sobre los derechos y problemáticas que atraviesan las personas LGBTIQ+, llegando a poder modificar las currículas para sacar cualquier contenido relacionado. Pensamiento nada lejano al de la ley antipropaganda gay de Putin o la más recientemente aprobada en Hungría. Pero tampoco se detiene ahí, también establece que los padres tendrán derecho a excluir a sus hijos de servicios de asesoramiento y salud, y la posibilidad de demandar a las escuelas que violen dicha ley.
Por esa razón el rechazo no se hizo esperar. Organizaciones y activistas de la diversidad sexual vienen enfrentando el avance de esta normativa y todo tipo de obstáculos. A lo largo del país hay escuelas que prohíben a les jóvenes trans de participar en deportes. En estados como Tennessee, Alabama y Arizona se ha debatido la prohibición de brindar atención médica para menores que se consideren trans, incluyendo multas para los proveedores de salud que lo hagan.
El reclamo llegó nada más ni nada menos que a la mega corporación del entretenimiento Disney y varias pertenecientes a su emporio como Pixar y Lucasfilm. Sucede que, según publicó el periódico Orlando Sentinel, la compañía aporta financieramente a todos los legisladores conservadores que impulsaron la iniciativa. Al volverse público, Bob Chapek, CEO de Disney, declaró que temporariamente se dejaría de donarles fondos. Mientras, también prometieron 5 millones de dólares para la organización Human Rights Campaign (Campaña por los Derechos Humanos), que se negó a aceptar el dinero debido a la postura ambigua de la empresa.
Esta serie de hechos llevaron a que el martes pasado trabajadores, que hicieron pública su postura a través de la cuenta de twitter DisneyWalkout, impulsaran huelgas contra la negativa de la empresa a condenar el proyecto y dejar de financiar a los políticos del Partido Republicano (entre los que se encuentra el mismo gobernador Ron DeSantis). El llamado a la acción provocó que en sus cuentas de redes sociales las distintas compañías de Disney publiquen un mensaje de apoyo a los derechos de la diversidad sexual. A esa altura, todo muy poco creíble.
La iniciativa de les trabajadores fue apoyada por el elenco de Ravens Home que publicó un video participando de la huelga encabezado por la propia Raven-Symoné. Y también por reconocidos actores y actrices como Mark Ruffalo, Kerry Washington (Scandal) y Oscar Issac (Star Wars / Dune).
Esta situación expuso la relación profunda de Disney con el Estado de Florida, según el Orlando Sentinel: “Disney abonaría las cuentas de campaña de los políticos con dinero en efectivo - además de habitaciones de hotel gratis y pases para parques - y luego los políticos harían lo que Disney quisiera. Disney obtuvo exenciones fiscales, incentivos, publicidad financiada por los contribuyentes, incluso una ley que garantizaba que las empresas nunca tendrían que ofrecer a los empleados días de enfermedad pagados si no querían. Básicamente, las dos partes eran amigotes políticos que intercambiaban favores por dinero en efectivo”.
La postal muestra, por un lado, el doble discurso de las grandes empresas alrededor de la “inclusión” y la diversidad sexual. Un intento de lavarse la cara, fortalecer su imagen, ser vistos como “inclusivos”, en tanto y en cuanto eso beneficie su negocio. Cuando se interfiere con las ganancias, tan garantizadas por los Estados, cada derecho elemental que reclaman los sectores oprimidos queda expuesto como una simple pieza de cambio. Y por el otro, la potencialidad de les trabajadores para alzar la voz, organizarse y defenderse ante los ataques de los sectores reaccionarios. Un camino alternativo ante el constante llamado a desmovilizarse y contentarse con enfrentar esas políticas en las urnas, como el que propone el Partido Demócrata. | 
