Los partidos del govern catalán y el gobierno “progresista” han acordado hoy el fin del modelo de inmersión lingüística de la educación pública catalana. Una claudicación histórica que asume los mandatos de la Judicatura españolista. Lo hacen solo un día después de la huelga de toda la comunidad educativa contra la sentencia del TSJC y solo un día antes de que finalice el plazo que TSJC dio a la Generalitat para implantar el 25% de clases en castellano en todos los centros educativos.
El acuerdo resuelve la modificación del artículo 21 de la Ley de Política Lingüística de 1998 para adaptarla a los “cambios en los contextos jurídicos, sociales, educativos y tecnológicos”. Un eufemismo para decir que es para adaptarla a la voluntad de la casta judicial que quiere decidir en qué idioma se educa y se aprende en Catalunya.
A partir de ahora el catalán pierde su condición de lengua vehicular única para pasar a ser la “la lengua normalmente empleada como lengua vehicular”. El castellano pasaría así a ser otra lengua en la que se podrían impartir el resto de asignaturas diferentes a la de lengua castellana.
El nuevo articulado, si bien no fija ningún porcentaje, deja en manos de “los proyectos lingüísticos de cada centro” como se repartirán las horas. Entre los criterios que se sugieren está atender al “perfil sociolingüístico del alumnado” y los “recursos de aprendizaje” de los que se disponga.
Sobre esto último, el nuevo artículo 21 suprime el punto 20 en el que se obligaba a que “el alumnado que se incorpore tardíamente al sistema educativo de Catalunya tienen que recibir un apoyo especial y adicional a la enseñanza del catalán”.
Precisamente las “aulas de acollida”, horas y profesionales que en los centros educativos se dedicaban a este refuerzo en el aprendizaje de la lengua catalana, vienen sufriendo recortes y cierres en el marco de la larga década de recortes a manos de los gobiernos autonómicos convergentes y de ERC. Ahora directamente su existencia dejará de estar recogida en la ley.
El acuerdo abre así la puerta al modelo de segregación por centros y clases sociales contra el que las organizaciones obreras pelearon en la Transición y los primeros años de la democracia.
La inmersión lingüística fue una conquista de las familias y docentes de barrios y localidades obreras, como Santa Coloma de Gramanet donde comenzó a aplicarse, para tratar de garantizar que los hijos e hijas de entornos castellanoparlantes lograran un buen dominio de ambas lenguas.
Dada la hegemonía social del castellano, que todos los estudios sobre la lengua reconocen sin ninguna duda, una escuela en catalán era y se ha demostrado durante décadas como el mejor instrumento para lograr este objetivo.
De hecho, el retroceso del catalán en las aulas en los últimos años y la retirada de recursos de refuerzo para su aprendizaje ha perjudicado en el aprendizaje de ambas lenguas especialmente a sectores de la clase trabajadora, en particular, a los hijos e hijas de familias migrantes. El acuerdo de ERC, JxCat, PSC y Comunes esa la vez una claudicación a la Judicatura españolista y un ataque directo a la escuela pública y el alumnado de familias más humildes.
Estos grupos suman 106 de los 135 diputados del Parlament de Catalunya. La modificación pretenden aprobarla de manera urgente por el procedimiento de lectura única, que no permite enmienda alguna. Previsiblemente, se hará en el próximo pleno del 5 de abril.
Solamente la CUP ha defendido en el debate de este jueves el modelo de inmersión lingüística. Lo ha hecho presentando una proposición de ley para la modificación de la Ley de Educación de Catalunya para introducir un artículo que blindara el catalán como “la única lengua vehicular” y denunciando lo acordado como una “sentencia de muerte contra un modelo de cohesión social de 40 años”.
La semana que viene las y los docentes de la escuela pública volverán a protagonizar dos jornadas de huelga, el 29 y 30 de marzo. En su plataforma reivindicativa junto a todas las demandas para revertir una década de recortes y precarización de sus condiciones, figura la defensa del modelo de inmersión lingüístico amenazado por la Judicatura, la derecha españolista y, ahora claramente también, el govern de la Generalitat y los partidos del gobierno “progresista” de Moncloa.
Que esas dos jornadas vuelvan a ser históricas, como lo fueron las tres primeras de hace una semana, es una necesidad urgente para ponerle freno a un retorno al autonomismo en clave neoliberal que pretende no dejar piedra sobre piedra de la escuela pública catalana.
Hasta ahora, la principal organización estudiantil de la izquierda independentista, el SEPC, se había negado a llamar a la huelga estudiantil en estas cinco jornadas. La política de no querer molestar demasiado al Govern por entender que era un aliado en la defensa del catalán se ha demostrado hoy como un absoluto fracaso.
Tanto las AFAs como los sindicatos estudiantiles deberían sumarse a esta nueva convocatoria, tal y como han planteado desde la agrupación juvenil Contracorrent. Solo desde las familias, los y las docentes y el estudiantado de secundaria y universidad se podrá, como en los años 80, volver a imponer el modelo de inmersión contra el de segregación que se está abriendo paso un ritmo vertiginoso. | 
