La entrada principal a la Casa Rosada está ubicada en su fachada norte, sobre la avenida Rivadavia. Por allí solo ingresan el Presidente de la Nación, los ministros y algunos invitados especiales. Lo primero que se encuentran es el "Hall de Honor", también conocido como "Galería de los Bustos Presidenciales".
El “creador” del espacio fue Julio Argentino Roca. Lo hizo en medio de la genocida campaña del desierto, como una forma de destacar a los “forjadores” del Estado nacional. Fue sufriendo transformaciones a lo largo del tiempo. Hoy consta de las esculturas de 28 hombres que ejercieron la presidencia. Desde 2016 están “formados” en orden cronológico, y fueron quitados los bustos de Uriburu y otros militares, por lo que quedaron solo los presidentes constitucionales.
No todos. Si tomamos al pie de la letra el decreto de Néstor Kirchner de 2006, tendrían que estar allí quienes ejercieron el cargo constitucionalmente “luego de transcurrido el plazo de dos períodos de gobierno contado desde la finalización del mandato respectivo". O sea que faltan, formalmente, Carlos Menem, Fernando De la Rúa, Eduardo Duhalde, Cristina Fernández de Kirchner y otra mujer del peronismo: María Estela Martínez de Perón.
Este último hecho suscitó un debate las últimas semanas. Y lo abrió la CGT. Como si no hubiera peleas para dar, como la inflación por dar uno solo ejemplo. La central obrera, que venía con algunos problemillas internos, mostró su unidad en un reclamo al presidente Alberto Fernández. Le envió una carta donde pidió que coloque el busto de María Estela Martínez de Perón en el «Hall de Honor» de la Casa Rosada. “Se trata de un acto de estricta justicia” aseguran. Además insisten en que es una cuestión de “verdad y justicia de quien ha sido y continúa siendo objeto de oprobio, indiferencia y mutismo”. Llegan a plantear que sería “una señal clara hacia el pueblo peronista, el movimiento obrero y las mujeres que luchan por un reconocimiento pleno con perspectiva de género”.
El pedido forma parte de un documento firmado por el triunvirato de la CGT (Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano), el secretario de Derechos Humanos de la CGT Julio Piumato (Judiciales) y otros dirigentes del sindicalismo peronista.
Pero los dirigentes cegetistas van más allá en sus definiciones. “Isabel Perón fue la primera mujer en el mundo en ocupar la presidencia, es una paria en su propia tierra, en tanto pesa sobre ella la iniquidad de la proscripción -maquillada de causa judicial- que la obliga al exilio. Debemos tener el valor de efectivizar un acto de Justicia por Isabel Perón en el atardecer de su vida”.
El momento elegido por la cúpula cegetista para su reclamo no es casual. Fue horas después del 46 aniversario del golpe militar de 1976, donde el tema del terrorismo de Estado estuvo en el centro de la escena.
Es cierto que el golpe del 24 de marzo desplazó del gobierno a Isabel para instalar una dictadura cívico militar genocida. Eso es lo que repudiaron miles la semana pasada. Pero eso no quita el rol que jugó Isabel en la represión al ascenso obrero de esos años, ni en el empoderamiento de las Fuerzas Armadas que darían el golpe.
Como analizó Facundo Aguirre estos días aquí, Perón volvió al país para intentar desviar ese proceso de radicalización, y “encabezó la derechización combinando dos políticas: un acuerdo con la burguesía y la burocracia sindical con el Pacto Social y promulgando una serie de leyes represivas, llamando a liquidar la “infiltración” con las bandas de ultraderecha de la Triple A. La orden era sostener el Pacto Social a los tiros”. Tras la muerte de Perón, la propia Isabel, junto a López Rega y la mayoría de la CGT, se encargaron de esa sangrienta tarea.
Continuaron con la represión estatal y paraestatal contra las luchadoras y luchadores obreros, estudiantiles y de la izquierda, con masacres brutales. También emitieron leyes represivas y le dieron más poder de fuego e impunidad a las Fuerzas Armadas que preparaban el golpe, empezando por los tres decretos que dictó su gobierno para habilitar a los militares a "aniquilar la subversión".
Isabel sigue gozando el pacto de impunidad, defendido por los continuadores de Lorenzo Miguel pero también por el resto del peronismo. El único gesto de “verdad y justicia” sería que pague por los crímenes que se cometieron durante su gobierno. Ese es el verdadero punto, más allá de a quienes decidan incluir entre sus “homenajeados” y “homenajeadas” los dueños del país y quienes ocupan episódicamente la Casa de Gobierno. |