Los sitios de memoria son lugares en los que funcionaron Centros Clandestinos de Detención Tortura y Exterminio (CCDTyE) y donde sucedieron hechos criminales del terrorismo de Estado, constituyen pruebas fundamentales para los juicios de lesa humanidad. Sobre estos predios en cuestión, a saber, ubicados en Alto Padilla, hay prueba documental y testimonial fehaciente que, antes y durante el terrorismo de Estado se utilizó para el enterramiento clandestino de víctimas, confirma el parte de prensa lanzado por organismos de DDHH de la provincia.
Concerniente a la “autorización”, el parte denuncia que el juez Esteban Hansen, habilita al Gobierno Provincial, en el Expediente que se tramita en el Juzgado Federal N°1 “ 4450/2021: “PROVINCIA DE JUJUY C/ ESTADO NACIONAL S/EXPROPIACIÓN/ RETROCESIÓN” a avanzar con las obras de la, paradójicamente nombrada “Ciudad Judicial”, con maquinaria pesada que destruiría el sitio.
Todo esto llevado adelante, sin informar previamente a la Secretaria de DDHH del Juzgado N°2, secretaria que pertenece al juzgado que él mismo juez subroga y expediente del que él mismo forma parte, dónde se tramita la investigación del destino final de las víctimas del Terrorismo de Estado en nuestra provincia, poniendo en peligro la investigación que se lleva adelante en el Expediente N° 14393/2016: N.N. S/AVERIGUACIÓN DE DELITO. DENUNCIANTE: VÍCTIMAS DE JUJUY”
Estos son mis principios. Si no le gustan, tengo otros
Sobre la doble moral del juez Esteban Hansen, en clara representación del sistema judicial, el parte de prensa informa que fue designado Juez Titular, en el Juzgado Federal nº1 y como subrogante en el Juzgado Federal nº 2, por ende, conoce las causas federales que se tramitan en la provincia, así como decide sobre los Organismo de DDHH de Jujuy.
Siendo así que, “en uno de los juzgados reconoce los sitios de memoria, pero los ignora en el otro juzgado, que él mismo encabeza, siendo un manejo malicioso que pondría en peligro la preservación de esos sitios y la posibilidad de llevar adelante los trabajos correspondiente para recuperar restos de nuestros y nuestras familiares detenidas desaparecidas, por lo que le solicitamos a las autoridades correspondientes arbitren las medidas necesarias para garantizar se perseveren esos sitios” denuncia la misiva.
Una demostración más de que, los negocios millonarios predominan y mandan sobre los pedidos de memoria, verdad y justicia, ya sea a nivel provincial como nacional.
Como puede inferirse en los precedentes ocurridos el año pasado en el Sitio de Memoria “Ex Comando Radioeléctrico” donde el Gobierno Provincial los destruyó para llevar a cabo proyectos inmobiliarios.
Y recientemente, la querella de la secretaría de Derechos Humanos de la Nación llegó a la misma conclusión, que el informe médico del Cuerpo Médico Forense, donde rectifican que Carlos Pedro Blaquier, dueño del emporio Ledesma, no está en condiciones cognitivas de afrontar un proceso; garantizando la impunidad de un empresario que otorgó listas negras a la dictadura militar para secuestrar a obreros de su fábrica y ayudó con camionetas en “La Noche del Apagón”.
Si bien Blaquier ha sido beneficiado por todos los gobiernos de turno, hasta convertirse en uno de los hombres más ricos del país. El estado y sus instituciones también le han permitido no solo ganar tiempo sino dejar en evidencia la clara impunidad con la que puede actuar la clase empresarial por sobre el cuerpo de los trabajadores. Por ejemplo, los obreros rurales despedidos por denunciar accidentes laborales, del mismo modo accionan impunemente, sobre los delitos de lesa humanidad.
Por ello, es imprescindible redoblar el compromiso con la lucha independiente del Estado y de los partidos tradicionales, en defensa de los derechos humanos y contra la impunidad de los genocidas. La cárcel a Blaquier y a todos los de su clase solo podrá venir de la mano de la justicia obrera y popular. | 
