El presidente y su ministro hablaron en el Consejo Federal de Seguridad Interior. “Hay un crimen permanente en las calles”, dijo Fernández. Exhortó a los gobernadores a trabajar juntos en la “severidad” contra el pequeño delito, aseguró que una de las causas es “la desigualdad” (que su Gobierno garantiza) y ocultó la violencia que el Estado descarga contra la población pobre. “Un guiño a la clase media”, tituló el diario La Nación.
El presidente Alberto Fernández encabezó este miércoles la apertura de la primera reunión del año del denominado Consejo Federal de Seguridad Interior, conformado por la Casa Rosada y las 24 gobernaciones. El encuentro se realizó en el Centro Cultural Kirchner de la Ciudad de Buenos Aires.
Fernández estuvo acompañado por el jefe de Gabinete Juan Manzur, el ministro de Seguridad Aníbal Fernández y los gobernadores de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof, de Catamarca Raúl Jalil, de Chaco Jorge Capitanich, de Formosa Gildo Insfrán, de La Rioja Ricardo Quintela, de Misiones Oscar Herrera Ahuad, de Santa Cruz Alicia Kirchner, de Santa Fe Omar Perotti, de Santiago del Estero Gerardo Zamora y de Tucumán Osvaldo Jaldo. También funcionarios nacionales y los ministros de “seguridad” de todas las provincias.
Vale recordar que prácticamente todos los presentes en la reunión llevan décadas de gestión pública a nivel nacional o provincial. Es decir que son parte protagónica de las políticas económicas y sociales que generaron los altísimos niveles de pobreza e indigencia que afectan a millones de trabajadoras y trabajadores. Población sobre la que esos mismos gobiernos aplican día a día las llamadas “políticas de seguridad” basadas en el control social, la represión y la criminalización.
Alberto y Aníbal contra los fantasmas
En el encuentro primero habló Aníbal Fernández, quien aclaró que la reunión se hizo cumpliendo lo estipulado por la Ley 24.059 de Seguridad Interior. Y agradeció la presencia de todas las gobernaciones, lo que según él muestra una preocupación “federal y transversal” por la “seguridad de todos y cada uno de los habitantes de nuestro país”.
El exsecretario general de la presidencia de Eduardo Duhalde dijo, entre varias generalidades que dicta el sentido común, que los objetivos en materia de seguridad deben cumplirse con “una articulación intergubernamental”. Y agregó, sin ruborizarse, que “las fuerzas policiales y de seguridad están a la altura de los desafíos por su capacidad, por su actitud, por su eficacia y por su compromiso”.
Parece chiste, pero no. Habla de las mismas fuerzas, federales y provinciales, hundidas desde hace décadas hasta el tuétano en infinidad de crímenes y en todos y cada uno de los eslabones del gran delito (como parte del problema, no de la solución, claro).
Aníbal enumeró la serie de participaciones del gobierno argentino en foros internacionales de “combate del delito” y mencionó como “amenazas prioritarias” a nivel transnacional “el narcotráfico, la trata de personas, el lavado de dinero y el tráfico de armas”. En ese sentido pidió una “coordinación y articulación intergubernamental” entre la Casa Rosada y las gobernaciones, donde sean partícipes “quienes más saben del tema”.
Por último, como si buscara provocar a las mentes “progresistas” de Frente de Todos (casi ninguna presente en la reunión) el ministro valoró como ejemplos muy positivos la “colaboración” con el gobierno argentino de instituciones represivas estadounidenses como la DEA y el FBI, a las que curiosamente bautizó como “agencias internacionales” (¿inconsciente reconocimiento al imperialismo yanqui como amo incuestionable del mundo?). También destacó que se buscan colaboraciones similares con “agencias europeas”.
¿Un derecho humano?
Luego de Aníbal habló Alberto. Fiel a su estilo, bromeó de entrada: “le decía a Aníbal qué quiere que diga si él ya dijo todo”. Pero nadie se rio. Enseguida celebró la reunión porque “Argentina tiene un serio problema en cuestión de seguridad que no podemos obviar”.
El mandatario habló de las “distintas causalidades” del delito, entre las que mencionó primero a “la desigualdad”, destacando que en las sociedades más “igualitarias” el delito “no prospera o prospera menos”. Y agregó que el aumento de penas y la baja de la edad de imputabilidad son “caminos fáciles” que “atacan los resultados pero no las causas”.
En ese sentido dijo que el “ataque de las causas” es un “factor central”, ya que “en el Siglo XXI la seguridad es un derecho humano. Todo ciudadano tiene derecho a poder transitar seguro por las calles y nosotros debemos garantizarle a todos los ciudadanos y a todas las ciudadanas ese derecho a no sentir miedo al salir de su casa”.
Casi apropiándose de conceptos de la derecha mediática, Fernández aseguró que “en Argentina está claro que el pequeño delito es el más recurrente” y puso como ejemplo al narcomenudeo, “el delito más perseguido y más verificado”. Pero él sabe que, mientras el narcotráfico sigue su marcha sin complicaciones, las cárceles y comisarías están llenas de hombres y mujeres pobres que fueron detenidos portando un porro o con un par de plantas en sus patios. Lo sabe y lo calla. Hay que mantener el doble discurso.
De todos modos, aclaró que “lo que la gente más padece es ese problema de estar esperando el colectivo y que alguien venga y le arrebate su cartera, su celular, le robe las zapatillas; que le roben la moto o que alguien pierda la vida tratando de entrar a su casa porque alguien le pega un tiro y se lleva su auto”, agregó el Presidente. Nada que envidiarle a los panelistas de la sección “policiales” de cualquier gran medio masivo.
Y reforzó la idea al decir que “hay un crimen cotidiano y permanente en las calles, que es ese delito menor que no es tan menor, que muchas veces se lleva vidas, se lleva bienes y, fundamentalmente, le resta tranquilidad a la vida de la gente”. A ese delito, dijo, “tenemos que atenderlo con mucha severidad”.
Violencia es mentir
Después Fernández habló del “crimen organizado, que no es una cosa simple” (frente a la obviedad hubo quienes sonrieron, aunque esta vez no bromeaba). Agregó que “con el correr del tiempo el delito se perfeccionó” y para poder funcionar “corrompe profundamente” a las instituciones del Estado, comprando jueces, fiscales, políticos y comisarios. La frase no le gustó mucho a Aníbal, que minutos antes había defendido a toda la familia policial.
En otro comentario que no debe haberle agradado a su ministro amigo, el mandatario dijo que hay que evitar que el crimen organizado se desarrolle mucho más y termine causando muchos más daños, como en “el caso de Colombia. El modelo de solución que buscaron en Colombia hoy el mundo no lo recomienda”. ¿Pero quién diseñó el Plan Colombia, Alberto? Estados Unidos, a través de sus fuerzas armadas y de agencias como la DEA y el FBI.
Desde otro costado de la cuestión, Fernández dijo que desde el Estado “hay que empatizar con las víctimas, pero no una empatía hipócrita. No hay que solidarizarse con las víctimas, hay que evitar que haya víctimas, que son dos cosas distintas”. Y llamó a trabajar conjuntamente entre nación y provincias para actuar integralmente, en especial en “el problema del narcotráfico”.
Si bien mencionó el término “derechos humanos”, no lo hizo en referencia a los múltiples crímenes cometidos por el aparato represivo estatal contra la población trabajadora y pobre. En ningún momento habló de las víctimas del gatillo fácil, de la desaparición forzada, de los falsos suicidios en celdas de penales y comisarías, de las causas armadas contra inocentes para ocultar criminales con poder, de las torturas y demás ataques de las fuerzas uniformadas a los pibes de las barriadas populares. Y si no hay víctimas, no hay que tener empatía con sus familiares. En eso sí que es coherente.
Finalmente culpó al Poder Judicial por no ser “corresponsable de la solución” junto al Poder Ejecutivo. “No actúa del modo que tiene que actuar”, dijo, explicando que eso lleva a que “el delincuente se vea mucho más liberado y la sociedad sufra mucho más”. Otro capítulo de su pelea palaciega con jueces y fiscales, excusa perfecta del gobierno peronista para encubrir sus propios chanchullos y justificar sus políticas.
Ajuste y represión
Fernández puede dar todo un discurso con las mejores palabras, hablando de derechos humanos y dando vueltas alrededor de la idea de que es posible, en una situación dramática como la de la Argentina que él gobierna, lograr una “tranquilidad” social donde nadie sufra violencia ni pérdidas materiales. Pero una cosa es el discurso y otra la realidad.
Si Fernández es quien día a día firma resoluciones y decretos que derivan en reducciones presupuestarias para áreas como salud, educación o vivienda; si al Presidente lo desvela cómo hacer para congraciarse con el FMI y los buitres trasnacionales, pero no lo conmueve cómo se están muriendo en la peor indigencia cientos de miles de parias en el mismo conurbano que, sacando breves interrupciones, gobierna el peronismo desde hace casi cuatro décadas; si todo eso es así, ¿quién puede creerle que busca combatir la desigualdad?
Por el contrario, ya ha quedado muy claro que para el Presidente la “tranquilidad” de “la gente” no es incompatible con el ejercicio permanente de la violencia sobre la población más precarizada. Fue él quien, decreto de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) mediante, en 2020 terminó habilitando a las fuerzas federales y de todas las provincias a controlar, perseguir, verduguear, detener, torturar, matar y hasta hacer desaparecer a personas que eran consideradas poco menos que "terroristas sanitarias". Y nunca se hizo cargo.
Jamás pidió perdón públicamente (ni siquiera a través de sus funcionarios de derechos humanos) por las muchas muertes y las profundas heridas ocasionadas por las balas y la brutalidad estatales. Al contrario, siempre le sobran palabras de aliento a esas bandas criminales, incluso cuando la Bonaerense rodeó la quinta de Olivos y lo obligó a darle $ 37.000 millones a Kicillof para aumentarles sueldos y prebendas.
Haciendo una crónica de la reunión del Consejo Federal de Seguridad Interior, el periodista Jaime Rosemberg escribió este miércoles en La Nación que el pedido del Presidente de combatir “los delitos comunes” se trata en rigor de “un guiño a la clase media”, cuya representación asume el diario mitrista. Allí pueden leerse dos cosas. Una, que para La Nación los Fernández han dado un nuevo giro a la derecha. Otra, que pese a ese giro, todavía las políticas securitarias no pasan de ser un guiño. Habrá que darles tiempo.
