La publicación del Tercer Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en el que consta la participación directa de la Secretaría de Marina en el montaje de la "Verdad Histórica" en el caso Ayotzinapa no sólo ha puesto en la mira a funcionarios en cargos públicos de aquél entonces como el mismo Enrique Peña Nieto.
Así lo destacó Animal Político en un artículo publicado este 29 de marzo, en donde señalan que en el curriculum de Rafael Ojeda Durán, actual secretario de Marina y miembro del gabinete presidencial, consta que en 2014 ocupaba un cargo de administración en la zona de Guerrero en donde se fabricó la farsa. La mañana de este 30 de marzo, AMLO deslindó al almirante durante su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, adjudicando su mención en el asunto a un intento de la oposición por "dejar mal" a su gobierno.
La publicación de este material y del Tercer Informe del GIEI ha generado gran escándalo, toda vez que los videos muestran la magnitud de la manipulación de la presunta escena del crimen por parte de elementos de la Secretaría de Marina, en colaboración con fuerzas de la PGR y la policía local. En esta intervención del basurero de Cocula inclusive se provocó un incendio y se trasladaron bultos de "contenido desconocido" antes de la realización de los peritajes.
Aunque funcionarios e investigadores del GIEI han rehusado lanzar señalamientos sobre funcionarios responsables de los operativos y se sostiene una línea de confianza en el desarrollo de las investigaciones —la cual depende, como ya hemos visto, del arbitrio de distintas instancias que aún rehúsan entregar sus archivos o que los han falseado como la PGR—, el escándalo ha vuelto a poner el foco sobre las Fuerzas Armadas y su rol en el entramado que desató y sostiene hoy en día la violencia en nuestro país.
La infiltración de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa por parte de las Fuerzas Armadas, de la cual también dio cuenta este Tercer Informe del GIEI, pone a descubierto el carácter de estas corporaciones y el uso de los millonarios recursos que año con año se le asignan en detrimento de la salud, la educación y otros tantos rubros que el gobierno de la 4T no duda en precarizar en pos de la militarización del país.
Las violaciones a los DDHH protagonizadas por las Fuerzas Armadas en este y otros tantos casos por todo el país permanecen impunes a pesar de los discursos de la "Cuarta Transformación" contra la corrupción y a favor de los derechos humanos. La exigencia de Verdad y Justicia para Ayotzinapa es una con la exigencia de desmilitarización inmediata del país, así como el desfinanciamiento de corporaciones militarizadas como la Guardia Nacional.
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