El sábado pasado, 75 ingenieros militares que formaron parte de las obras del Aeropuerto Felipe Ángeles partieron de Santa Lucía rumbo a Tulum, Quinta Roo, para integrarse a los trabajos de construcción del Tren Maya en los tramos 5 y 6.
Se trasladaron en 36 vehículos en los que también se transportaron 12 unidades de maquinaria pesada, 6 camiones de volteo y 9 oficinas móviles. Según la Secretaría de la Defensa Nacional, los militares se redistribuirán a la largo de la ruta del Tren Maya.
Dicho movimiento había sido anunciado por López Obrador el lunes de la semana pasada, luego de la inauguración del aeropuerto de Santa Lucía, aunque en ese momento se contemplaba el traslado de 98 ingenieros militares “con la tropa de apoyo”, para construir los tramos 5, 6 y 7, así como la instalación de 10 campamentos a lo largo de los 500 kilómetros entre Escárcega y Tulum.
AMLO también informó ese día que la Secretaría de Marina estará a cargo de “todo el sistema de trenes de Palenque-Coatzacoalcos, Coatzacoalcos-Salina Cruz, del istmo hasta la frontera con Guatemala, Ciudad Hidalgo, Tapachula, los puertos”, así como de la modernización de “todo el tren del istmo y hacia Guatemala y hacia Palenque para vincularlo con el Tren Maya”.
A esto se sumó la salida de otros 80 ingenieros militares rumbo a Quintana Roo, este miércoles, para integrarse a la obra ferroviaria. El personal militar que se está enviando a la Península de Yucatán también estará a cargo de la construcción del Aeropuerto Internacional de Tulum.
La participación del Ejército en la construcción de megaproyectos, acompañada de la asignación de otras tareas de orden civil a los militares, se da como parte de la política gubernamental que busca limpiar su imagen ante la población, luego de las nefastas consecuencias de la militarización del país en los sexenios previos. Pero también en el marco del despliegue de las Fuerzas Armadas –Ejército, Marina, Guardia Nacional- en el territorio nacional, como estrategia ante el poder y la creciente violencia del narco (aunque evitando enfrentamientos directos). Todo lo cual da continuidad y profundiza la militarización del país, cuyas consecuencias ya se han visto, por ejemplo, en la represión ejercida por la Guardia Nacional contra los migrantes y sectores que han salido a luchar, como los normalistas de Ayotzinapa.
Los intereses en juego
No puede pasarse por alto, además, que el envío de militares al Tren Maya se produce cuando se ha reactivado el movimiento de rechazo contra ese megaproyecto, por el ecocidio que implica y particularmente por el peligro que representa la construcción del tramo 5, que pasará por encima del sistema de cenotes y ríos subterráneos más grande del mundo (sin contar con estudios de impacto ambiental), lo que pone en riesgo la reserva de agua dulce más importante de la Península de Yucatán.
En este contexto, la presencia de militares en el megaproyecto del sureste cumple un rol disuasorio frente a los sectores que se oponen a la continuación de las obras, en donde no sólo están en juego los intereses políticos del gobierno de López Obrador, sino las ganancias empresariales de Grupo México, a cargo de la construcción del Tren Maya. Lo anterior, cuando México ya es el segundo país más peligroso para las y los defensores ambientales.
Para frenar ésta y otras políticas ecocidas y de despojo implicadas en los megaproyectos de la 4T, es vital que las y los trabajadores, con nuestras organizaciones, tomemos en nuestras manos la lucha en defensa del ambiente, en alianza con las comunidades indígenas, científicos y ambientalistas, en la perspectiva de que la transformación de la naturaleza para beneficio de la población pueda realizarse de manera ecológica, exigiendo al mismo tiempo la desmilitarización del país.
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