Este martes funcionará la comisión de la Cámara de Diputados para tratar las propuestas del Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Ambos ponen sobre la mesa beneficios para los propietarios y no ofrecen una salida para las millones de familias que no pueden acceder a una vivienda digna.
Los bloques de la Cámara de Diputados del Frente de Todos y Juntos por el Cambio alcanzaron un acuerdo para constituir la Comisión de Legislación General e iniciar el tratamiento de la ley de alquileres a partir de este martes y por un plazo de 30 días hábiles. La normativa vigente fracasó en evitar que el aumento en la oferta de los alquileres se encuentre por encima de la inflación, siendo uno de los más graves ataques a los ingresos para quienes no tienen una casa propia.
Los diputados del oficialismo, José Luis Gioja y Gisela Marziotta, presentaron proyectos que permitirían a los propietarios disminuir sus pagos de ingresos brutos y bienes personales. Desde Juntos por el Cambio proponen que las deducciones se apliquen al impuesto a las ganancias. El objetivo sería aumentar la oferta de alquileres, pero este tipo de medidas por sí mismas no tendrían por qué llevar a una baja de los precios.
Las modificaciones planteadas por el Frente de Todos incluyen también la creación de un leve impuesto a la vivienda ociosa y un tope al aumento de los alquileres de hasta un 20 % por encima de la inflación. La moderación no evitó la respuesta de más de 30 cámaras y colegios inmobiliarios de todo el país con un documento oponiéndose a estos cambios. A las grandes empresas no las pésimas condiciones de vivienda que enfrentan los sectores de menores ingresos, sólo sus ganancias.
Según un informe elaborado por el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO), en la Ciudad de Buenos Aires los alquileres registraron sólo en febrero aumentos promedio entre el 8 % y el 12%. En doce meses los alquileres de tres ambientes subieron un 75%. Con estas cifras es inevitable que cada vez más familias se vean empujadas a vivir hacinadas o terminar en la calle.
Mientras, la política del ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, son líneas de créditos como el Procrear, que permiten que solo un sector de la clase trabajadora con condiciones más estables, pueda acceder a una casa. No hay ningún tipo de política para los sectores más precarios que enfrentan el déficit habitacional, que no sean los desalojos y la represión a las luchas por tierra para vivir. Recién el 17 de marzo, el ministro afirmó haber entregado la vivienda número 40 mil bajo la presidencia de Alberto Fernández, en promedio son menos de 18 mil viviendas por año de gestión, a ese ritmo la crisis habitacional sólo puede profundizarse.
Según los últimos datos del Indec, si bien hubo rebote económico y el desempleo bajó, el 37,3 % de la población sigue sumergida en la pobreza. El número de personas con necesidades básicas insatisfechas pasó de 11,3 millones en 2017 a 17,4 millones en 2021. Acceder a una vivienda digna para estas personas es imposible y debería ser un derecho garantizado por el Estado.
La Asociación de Inquilinos plantea como un primer paso poner un tope a los alquileres del 2 % del valor fiscal de la vivienda y un impuesto del 5 % sobre el valor fiscal de las viviendas vacías por más de dos meses y de propietarios con más de tres casas. Ambas medidas son rechazadas por el sector inmobiliario que exige contratos de dos años y actualizaciones semestrales.
Tanto para Juntos por el Cambio, como para el Frente de Todos está fuera de las posibilidades realizar medidas elementales para enfrentar la crisis habitacional como un inventario nacional de vivienda ociosa, identificando las que pertenezcan a los grupos empresarios inmobiliarios o desarrolladoras millonarias y obligarlos a ceder al Estado las propiedades en esa condición. Menos aún poner en pie un plan de obras públicas controlado por trabajadores y trabajadoras, para que se pueda dar salida al problema de la falta de empleo y de un techo digno para vivir, en un ambiente sano. La prioridad para el Gobierno está en pagar la deuda al FMI y deja aquellos sin casa propia librados a su suerte.
