Después de presentar 12 puntos para modificar la propuesta de Reforma Eléctrica presentada por el bloque Juntos Hacemos Historia en el Congreso (Morena, Partido del Trabajo y Verde Ecologista de México), la oposición conservadora (conformada por el Partido Revolucionario Institucional, el de Acción Nacional y el de la Revolución Democrática), fue informada informalmente de que el bloque oficialista ha aceptado tres de dichos 12 puntos para modificar el dictamen de la Reforma.
Legisladores del PRI denunciaron que no se les ha informado por escrito de cuáles son esos puntos. Por su parte, los coordinadores de los partidos de la coalición oficialista, adelantaron que se integrarán 6 más de los puntos presentados, aunque no detallaron cuales, para dar un total de 9 puntos aprobados.
La propuesta presentada por la oposición conservadora, va encaminada a favorecer a pequeños negocios mediante el autoabastecimiento, el uso de energías renovables, bajas tarifas y mediante declarar el litio como propiedad estatal. Los tres puntos no aceptados por el oficialismo, abordan la regulación del mercado, la rectoría estatal en el sector energético y sobre el otorgamiento de permisos.
A pocos días de la discusión en el Congreso, siete meses después de haber presentado el presidente la iniciativa, el oficialismo se muestra confiado en que el dictamen será aprobado y con éste la Reforma.
Para aprobarse, la mayoría necesitaría 57 votos favorables. Es evidente la necesidad del Morena de que legisladores del bloque opositor aprueben esta iniciativa; sin ceder a la oposición, integrando algunas de sus propuestas, sería imposible la aprobación de la Reforma.
Ya anteriormente López Obrador había adelantado la posibilidad de pactar con la oposición para obtener dicha mayoría. Lo que está detrás de los puntos presentados por la oposición, son los intereses de los grandes empresarios y el imperialismo, que presionan para preservar sus intereses y garantizar que no serán afectados.
La reforma ha generado una amplia expectativa en la población en tanto que se propone echar atrás la reforma del gobierno de Peña Nieto; sin embargo, aunque busca una mayor participación estatal en el sector, no da pasos sustanciales para la nacionalización de la industria eléctrica, ni para cortar con la expoliación de recursos por parte del imperialismo.
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