En las últimas semanas, el Tren Maya ha sido tema de conversación entre políticos y activistas. Se trata de un proyecto impulsado por el gobierno de López Obrador hacia la zona de la península de Yucatán; integrando los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán, se pretenden construir más de 1500 kilómetros de vías férreas y 21 estaciones.
¿Qué pretende el gobierno?
La urbanización e industrialización del sureste del país no es una propuesta nueva de la 4T; tanto Calderón (PAN; 2006-2012), como Peña Nieto (PRI; 2012-2018) propusieron proyectos similares en su administración bajo la lógica extractivista de los "polos de desarrollo", con la cual se buscaba impulsar la llegada de capitales nacionales y trasnacionales para la imposición de proyectos no sólo turísticos, sino también agroindustriales, como la siembra de soja y mega-granjas porcícolas y avícolas.
En realidad, el Tren Maya en sí mismo no es ninguna novedad. Originalmente había sido propuesto por el gobierno del derechista y represor Enrique Peña Nieto y presentado como "tren transpeninsular". De hecho, como lo muestra esta nota del periódico Excélsior, y a juzgar por las fechas, fue anunciado en los primeros días después de haber asumido la presidencia (1° de diciembre de 2012) y con un costo de 11 mil millones de pesos (548,848,789.66 dólares).
El proyecto de Peña Nieto pretendía transportar turistas por el día y carga de mercancías por la noche y estaba puesto para iniciar las obras en 2014, aunque es probable que haya sido pospuesto debido al estallido de la crisis por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, si bien en su momento el gobierno alegó, en enero de 2015, que se cancelaba debido a recortes presupuestales. Al anunciarse el proyecto, contaba con el respaldo de los capitalistas mexicanos agrupados en el Consejo Coordinador Empresarial de Yucatán y festejando que "nos esperan tiempos mejores".
Sin embargo, una vez electo, López Obrador anunció que el programa regresaría bajo el nombre de Tren Maya, incrementando su costo por más de diez veces (150,000 millones de pesos, o 7,489,918,570 dólares) y uniendo muchas más localidades. El plan original de Peña Nieto era unir Mérida (en Yucatán) y la zona de la riviera Maya (en Quintana Roo), mientras que el de López Obrador es unir Mérida con Cancún, Tulum, Campeche, Escárcega, Candelaria y Palenque.
Según datos oficiales del gobierno mexicano, el proyecto se divide en siete "tramos", de los cuales el Tramo 1 se le asignó la concesión a las empresas Mota-Engil México SAPI de C.V. en convenio con China Communications Construction Company LTD, Grupo Cosh S.A. de C.,V Eyasa y Gavil Ingeniería S.A.; el Tramo 2 fue asignado a las empresas Operadora CICSA S.A. de C.V. en convenio de asociación con FCC Construcción S.A.; el Tramo 3 fue asignado a las empresas Construcciones Urales, S.A. de C.V en convenio de asociación con GAMI Ingeniería e Instalaciones, S.A. de C.V y AZVI, S.A.U.; el Tramo 4 fue asignada a Grupo ICA, responsable de la construcción de la deficiente Línea 12 que colapsó el año pasado y que arrebató varias vidas trabajadoras; el Tramo 5 sur fue asignado a México Compañía Constructora, mientras que los Tramos 5 norte, 6 y 7 fueron asignados a la Secretaría de la Defensa Nacional, es decir, al ejército mexicano.
Las objeciones desde abajo y a la izquierda
Como se puede observar, la obra cuenta con participación de importantes empresas y conglomerados privados de México y otros países. Por otro lado, también significa un incremento en la militarización del país, no sólo por la participación del ejército en la construcción de secciones del megaproyecto, sino también por el blindaje que brindan al mismo y por el hecho de que en todas las secciones el gobierno ha ordenado el despliegue de elementos de la Guardia Nacional para su resguardo.
La Guardia Nacional es una nueva rama de las fuerzas represivas del Estado que ha promovido el gobierno de López Obrador para presuntamente asistir al ejército y la policía en materias de seguridad, pero que en los hechos se ha utilizado para frenar las caravanas de migrantes centroamericanos. Para el Tren Maya y otros megaproyectos del gobierno, sus elementos son enviados para cuidar las instalaciones y el equipo. En otro de los megaproyectos impulsados por el gobierno, el de la refinería de Dos Bocas, los trabajadores declararon un paro contra las condiciones laborales precarias y fueron reprimidos por la policía y la Guardia Nacional y acusados por el gobierno y por López Obrador de ser un "conflicto entre sindicatos".
La presencia de la Guardia Nacional en el resguardo de los megaproyectos se debe a que la oposición de sectores ambientalistas y comunidades originarias no es exclusivo de esta obra, sino que es una constante. Ateniéndonos al Tren Maya, las objeciones que se han lanzado es, en primer lugar, el excesivo presupuesto que el gobierno ha desviado hacia aquél a pesar de que era mucho más prioritario atender la pandemia, como señalaron comunidades indígenas.
En segundo, están los riesgos ecológicos, geológicos y arqueológicos. La extensión del megaproyecto, como señaló la Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar, pone en riesgo a este ejemplar de los grandes felinos endémico de la selva mesoamericana.
Por supuesto que tampoco podían faltar los efectos de ecocidio directo; recientemente se volvió viral una fotografía en la que un tramo entero de la selva había sido exterminado para dar paso al tren. Esta hazaña fue cortesía de Grupo México y Germán Larrea —el segundo hombre más rico de México por detrás de Carlos Slim—, quienes quizás los recuerden por otros "éxitos" (como diría el ficticio actor Troy McLure de los Simpson) como los derrames de ácido en el Río Sonora o en el Mar de Cortés.
En materia geológica, el área es bastante especial. Muchos recordaremos que en la escuela nos ensañaron que los dinosaurios se extinguieron por efectos de un asteroide. Dicho asteroide impactó hace más de 40 millones de años la península de Yucatán, cerca de Chicxulub, en Yucatán, y cuyos fragmentos perforaron la superficie y generaron los múltiples cenotes (pozos) que los mayas hace unos siglos, antes de la conquista, consideraban sagrados y ofrecían sacrificios de artefactos, piezas y en algunos casos personas.
Este terreno no es óptimo para soportar el peso de miles de toneladas del tren, que además podría dañar las estructuras cavernosas subterráneas que han tardado millones de años en formarse y que preservan depósitos de agua dulce. Muchos, como es el caso de la asociación civil Centinelas del Agua, han señalado que el riesgo de colapso es altísimo y que afectaría negativamente la zona.
Finalmente, está el hecho de que el paso del tren también pone en riesgo vestigios arqueológicos. Si algo ha dejado claro la administración de López Obrador es que prefiere recortar diversos programas sociales y también aquellos relacionados con el Instituto Nacional de Antropología e Historia —la institución encargada de la preservación y restauración del patrimonio cultural mexicano— para financiar sus megaproyectos. De ejemplo podemos mencionar el colapso del techo de la zona arqueológica del Templo Mayor, que se encuentra literalmente al lado del Palacio Nacional donde reside López Obrador. En Yucatán existen diversas zonas aún sin explorar pero que por falta de financiamiento no se han podido siquiera terminar de excavar.
Pero ante estos cuestionamientos, el gobierno de López Obrador ha llamado cínicamente a quienes se oponen al Tren Maya como "pseudoambientalistas", llegando incluso a hacerlo a través de una infografía publicada en la página oficial de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales luego de una marcha convocada como #HuelgaPorElClima. Esta operación ideológica pretende criminalizar a quienes cuestionen por izquierda al gobierno y asociarlos falsamente con la derecha conservadora, incluyendo al EZLN, a quienes acusó de estar siendo respaldados por sectores del PRI ligados al expresidente Carlos Salinas de Gortari; dichas calumnias las la ha repetido también con sectores del feminismo.
¿Qué respuesta dar?
Como ya se ha visto, el megaproyecto del Tren Maya deja en claro la alianza entre capitalistas y políticos con el objetivo de fomentar una obra que va en función de sus ganancias (esto por la posición que tienen Cancún, Tulum y la zona de la riviera maya en el turismo mundial) y en detrimento del medio ambiente. Por mucho que afirme López Obrador que él y su partido —el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena)— son "antineoliberales" y de "izquierda", la realidad es que siguen beneficiando a los mismos empresarios que el PRI y el PAN; de hecho, de los 15 multimillonarios que aparecen en la lista de Forbes, la mayoría adhieren al proyecto de la "Cuarta Transformación" que impulsa el Morena.
Lejos del discurso oficial de beneficiar a la región sureste, con esta obra se está beneficiando al sector empresarial, tanto extranjero como nacional; tal es el caso de Grupo México, perteneciente al ya mencionado Germán Larrea, quien fue beneficiado y obtuvo privilegios de todo tipo durante sexenios pasados, tanto con Calderón como con Peña Nieto.
La 4T viene continuando el modelo extractivista, heredado de hace más de 30 años, donde no sólo se despoja a las comunidades originarias, sino también la depredación del medio ambiente. Para frenar de tajo estas políticas, es vital que las y los trabajadores tomen en sus manos la lucha por el medio ambiente y el territorio, en alianza con los pueblos indígenas, científicos y ambientalistas, quienes son los que pueden decidir qué proyectos aplicar de acuerdo con las necesidades de la población sin destruir a los ecosistemas.
Ante ello, es necesario forjar una alianza entre los trabajadores de las distintas empresas que laboran allí y que sufren la explotación capitalista que ha enriquecido a las patronales con la juventud que toma las calles contra el deterioro ambiental, las comunidades originarias que residen en las zonas afectadas por el tren y que se oponen a éste y la supuesta "derrama económica" que pretende instalar megagranjas porcinas y avícolas que contaminan con toneladas de heces las fluviales de agua potable de la región.
Una alianza así pondría en primer lugar las necesidades de la población y del medio ambiente con un plan que no contraponga el desarrollo tecnológico con la conservación de la naturaleza, y en el cual todo plan de infraestructura sea previamente discutido y definido por las propias comunidades pobladoras y trabajandores y no en función de las necesidades de gran capital y los empresarios que sólo buscan ganancia. Pero esta perspectiva solamente puede hacerse con independencia tanto de la derecha neoliberal que respaldó el proyecto de Peña Nieto, como también del gobierno de López Obrador. |
