Este viernes por la noche fueron detenidos Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola, dirigentes del sindicato de Camioneros en San Nicolás. La detención es parte de un ataque al derecho a la protesta, ya que ambos fueron ordenados por la juez María Eugenia Maiztegui, en el marco de una causa donde se los acusa de “turbación de la posesión, extorsión, extorsión en grado de tentativa y coacción”.
Se trata de un claro ataque antisindical dado que esas acusaciones judiciales surgen contra una medida de lucha que constituyó un bloque en una empresa. El hecho se inscribe en un escenario político signado por el crecimiento de la estigmatización política hacia quienes salen a reclamar. Una estigmatización que se ejerce desde los grandes medios de comunicación, la derecha política y sectores del mismo Frente de Todos.
Un dato que no debería pasar desapercibido es que la abogada de la empresa denunciante es Florencia Arietto, quien asesoró a Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad durante la gestión macrista. Arietto es, además, una vocera permanente de la mano dura y la represión contra las movilizaciones y la protesta social.
La decisión de la juez llega luego de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal desestimara este mismo viernes el pedido de eximición de prisión que había sido realizado por la defensa de Cabaleyro y Espíndola. De esta forma dejaba firme la resolución judicial que había dispuesto su arresto.
La medida es un grave precedente contra toda medida de lucha de este tipo, más allá de qué sector del movimiento obrero la lleve a cabo. El día de mañana puede ser utilizada para atacar judicialmente a cualquier sector combativo o antiburocrático que salga a pelear. Es urgente rechazar este ataque. | 
