El Gobierno Regional, junto a la Superintendencia de Servicios Sanitarios, la ONEMI y Aguas Andinas, dieron a conocer el protocolo para el racionamiento de agua en Santiago, plan que consta de cuatro etapas, que dependen del caudal con que se cuente para entregar el suministro de agua potable. Sin embargo, las afectaciones al caudal no responden al cambio climático como factor principal, sino a la intervención directa por parte de la megaminería en los glaciares que alimentan los afluentes, principalmente el Río Mapocho.

Santiago cuenta con dos ríos principales para abastecerse de agua potable, el Río Maipo y el Mapocho, siendo este último afectado en su caudal producto de la intervención que la empresa minera canadiense Anglo American ha realizado en los glaciares que lo alimentan. Tanto el Glaciar el Plomo como la Paloma han sido utilizados para la obtención de cobre en la zona cordillerana de la capital, cavando túneles que socavan las bases de estos hielos eternos, los cuales terminan reduciendo críticamente su densidad debido a la explotación del agua que se utiliza para el proceso productivo de este mineral.

En este sentido, las campañas comunicaciones que apuntan a la responsabilidad del ciudadano común sobre el cuidado del agua (ducharse en 5 minutos, no regar en exceso, reutilizar el agua, entre otros), no hacen más que cambiar el foco de los daños que se han realizado por la sistemática explotación de los hielos eternos en la codillera. Intentar traspasar la culpa a las personas responde a una manipulación de la información que esconde el trasfondo real, que es que la empresa Anglo American ha estado exenta de fiscalizaciones y por tanto de sanciones por los impactos que han desarrollado todos estos años en el ecosistema cordillerano.

Además de la explotación de glaciares, la minera ha copado el Río Mapocho de relave (material altamente tóxico extraído del proceso de producción para separar los minerales de la roca), el cual es liberado en el caudal para luego ser escondido con agua y barro tras la apertura de compuertas para que siga fluyendo el rio a la altura del Puente Ñilhue, en la comuna de Lo Barnechea. El color azul verdoso que se ve en las fotos corresponde al relave, que luego se mimetiza y es escondido con el agua y barro soltado para no dejar rastros.

Ahora bien, como toda empresa que se encuentra bajo escrutinio público, Anglo American ha desplegado todo tipo de justificaciones “técnicas” para legitimar su actuar y blanquear su imagen, a fin de aparentar un impacto cercano a nulo por parte de sus instalaciones en más de 150 años de operaciones. Todo en su página oficial responde a una campaña comunicacional que se ajusta a los requerimientos legales, al SEIA, a las fiscalizaciones y hasta a la participación ciudadana, todos aspectos desmentidos en la práctica por aquellos actores afectados por las operaciones de esta empresa en el lugar.

A modo de ejemplo, recientemente, el 10 de octubre de 2019, el medio digital www.interferencia.cl, publicó: “El impacto de la mina subterránea podría ser catastrófico para Chile, país anfitrión de la COP 25 en diciembre. Según una investigación realizada por el medio de investigación británico DeSmog -y que INTERFERENCIA reproduce en exclusiva para Chile- la multinacional ha evadido el escrutinio público al financiar a grupos medioambientales locales y a la municipalidad de Lo Barnechea.” Más adelante agrega: “Yerba Loca pertenece a la comuna de Lo Barnechea. El alcalde, Felipe Guevara (RN), ha recibido US$ 4,1 millones en donaciones municipales provenientes de Anglo American durante los 10 años que ha encabezado la comuna. El equipo de prensa de Guevara aseguró que no reciben fondos de Anglo American desde 2016, y que la empresa ha sido el principal auspiciador de Outlife, a través de pagos directos, para las recientes remodelaciones del área silvestre de Yerba Loca.”

Que Santiago se encuentre con razonamiento del agua potable es en alto porcentaje responsabilidad de la empres Anglo American, que dice cumplir con estándares internacionales, pero que opera con mecanismos ilegales con total impunidad, debido a la nula voluntad política por fiscalizar y detener una operación que produce más de 5 mil puestos laborales, pero que afecta con su producción a más de 7 millones de personas que viven en la gran ciudad. Ante esto, tienen que ser las agrupaciones ambientales, los sindicatos de trabajadores, expertos y la población de conjunto los que den cuenta y expongan la contaminación e impacto que la megaminería lleva a cabo en el Río Mapocho y la zona de la alta cordillera.