El Indec informó, este miércoles, que el índice de precios al consumidor (IPC) de marzo fue del 6,7 %, siendo el mayor incremento mensual en 20 años, incluso superando al 6,5 % de septiembre del 2018 cuando la inflación pegó un salto ante la fuerte devaluación del dólar. En lo que va del año lleva acumulado 16,1 % (algo inédito en 30 años), pero con un aumento aún más grande en el sensible rubro alimentos, que escalaron un 20,9 % en el mismo periodo. Esto genera una fuerte caída en la capacidad de compra de los sectores de menos ingresos que ya se encontraban en una situación muy grave, con más de 17 millones de personas bajo el nivel de la línea de pobreza a fin del 2021.
Anticipándose a lo que sin dudas iba a ser una muy mala noticia, este lunes el ministro Martín Guzmán en C5N se había desligado de su responsabilidad al marcar como causa principal de la suba la falta de apoyo político al programa económico dentro del Frente de Todos. El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, había apuntado contra Guzmán al declarar que la situación “se va poner fea” y reiterar que no puede hacer milagros.
En las últimas semanas, el presidente también viene mostrando su falta de respuestas en relación a la inflación, con declaraciones poco afortunadas. Sus menciones respecto a la “guerra contra la inflación” o la afirmación sobre “la inflación autoconstruida que está en la cabeza de la gente”, para después anunciar medidas impotentes de muy tímidas intervenciones estatales que no solucionan nada de fondo, solo generan cada vez más pérdida de credibilidad del mandatario y del Gobierno.
El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) realizado por el Banco Central había estimado una inflación 4,2 puntos porcentuales más alta que hace un mes para el 2022, al ubicarla en el 59,2 %, un número no visto desde 1991 cuando el país salía de la hiperinflación. La suba de los precios en estos niveles, licua los ingresos de las grandes mayorías y favorece las ganancias de los grandes empresarios.
Asimismo, tanto desde el oficialismo, con las declaraciones del ministro de Desarrollo Social Juan Zabaleta, como desde la derecha del PRO y de Javier Mieli, vienen haciendo declaraciones diarias contra los movimientos sociales opositores que marchan en pedido por la ampliación de los planes sociales que el Gobierno decidió cerrar en una crítica situación social. La alta inflación favorece la caída de lo destinado por el Estado en jubilaciones, salarios y ayudas sociales. La criminalización a los que se manifiestan pidiendo trabajo, un aumento para los programas de asistencia y la ampliación de los mismos, es la respuesta elegida por el Gobierno para sostener el ajuste.
Es imposible que un acuerdo por la vía de negociaciones paritarias cordiales con las asociaciones empresarias permitan lograr recuperar lo perdido en cuatro años consecutivos de caída de los salarios. Para evitar que la inflación siga haciendo estragos en las condiciones de vida la grandes mayorías es necesario luchar por un aumento emergencia de los salarios y las jubilaciones del 20 %, que el salario mínimo vital y móvil y la jubilación mínima cubran el valor de la canasta familiar y que todos se actualicen mes a mes según la suba de los precios.
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