La activista Betty Barrón, indicó en entrevista para The México New que dichas concesiones del sector agrícola y pecuario se han obtenido gracias a la intervención de familias con vínculos políticos.
Entre los dueños de estas concesiones se encuentran gobernadores y exgobernadores como Benjamín Clariond Reyes-Retana, Fernando Canales Clariond, Sócrates Rizzo, el dirigente ganadero Arturo Bonifacio de la Garza o la senadora Olga Sánchez Cordero; quienes en conjunto consumen cerca de 2 millones de metros cúbicos de agua al año sin pagar por ella.
Por otro lado, se encuentran 15 empresas que acaparan los mayores volúmenes de agua teniendo una concesión para la extracción anual del vital líquido; en total, consumen 43.22 veces más litros que la población entera de Nuevo León, quienes utilizan unos 240 metros cúbicos anuales por familia.
Entre estas empresas se encuentran Ternium México, Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, Coca Cola, y otras tantas que puedes consultar aquí.
ONG’s protestan por la repartición desigual del agua
Ante el panorama tan crítico de desigualdad en el acceso al vital líquido y frente a la sequía que enfrenta el segundo centro poblacional más grande del país luego de CDMX, 21 organizaciones no gubernamentales exigieron a la Conagua no otorgar, renovar o extender concesiones para la extracción en zonas urbanizadas o urbanizables de Nuevo León.
Fue el 4 de abril que agrupaciones como el Observatorio Ciudadano de Calidad del Aire, Unidos por El Huajuco, Plan San Pedro, Nuevo León Resurge, Evolución Mexicana, entre otras; así como ciudadanía de diferentes estratos económicos; acudieron a la delegación de la Conagua para entregar un pliego petitorio de 10 puntos y fueron atendidas por Gabriel Riestra, director de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento, mismo que les pidió regresar el 11 de abril, un día después de las votaciones para la revocación del mandato presidencial.
En el pliego petitorio, las 21 organizaciones pidieron a la Conagua, que de ser necesario, considere la expropiación forzosa de los mantos acuíferos que concesionó, por ser causa de utilidad e interés público y social, así como transparentar la información sobre las concesiones que actualmente otorgan el beneficio de acceso ilimitado al agua para fines particulares y de lucro en Nuevo León.
También solicitaron a las autoridades programar acciones e inversiones necesarias para resolver el abastecimiento de agua, así como la gestión integral del líquido de forma transdisciplinaria para conocer y establecer los límites del uso del vital recurso en la región.
¿Es válido que las mismas autoridades que otorgan concesiones a particulares, participen en la gestión y organización del agua?
Las concesiones a particulares y la falta de regularización que les permite la explotación anárquica y favorable a los empresarios de los mantos freáticos, es parte del problema de la sequía y la escasez de agua que padece la población neoleonesa.
Hace una semana el gobernador Samuel García pidió a la población de la entidad no ducharse más que una vez al día frente a los problemas del agua, cuando ya unas semanas antes, el Servicio de Agua y Drenaje de Monterrey (SAyDM) había anunciado el incremento del 10 % en la tarifa de cobro mensual para usuarios que sobrepasan los 10 metros cúbicos de consumo, esto es la mitad de lo que las familias suelen utilizar y es una medida que no afecta al sector industrial por tratarse de pozos privados concesionados por Conagua.
En cuanto la sequía empeoró, la salida del gobierno fueron los cortes de agua contra 16 municipios que tuvieron que resolver la situación a través del pago de pipas con el negocio clandestino que esto significa, mostrando el desprecio de las autoridades por el grueso de la población trabajadora de la entidad.
Luego del descontento mostrado por las ONG’s y el llamado del presidente López Obrador para los industriales que están en la mira de la población, este sector respondió que cederá 20 millones de metros cúbicos de agua de manera temporal, cantidad que representa el 23% de su consumo y por la que no pagan absolutamente nada además de tener acceso gratuito a las reservas subterráneas de agua, según expresó la activista Betty Barrón en la entrevista antes mencionada.
Al respecto de la supuesta condonación, Rodrigo Fernández Martínez, presidente de la Cámara de la Industria de Transformación en el estado (Caintra) y director general de Sigma Alimentos, mencionó que tienen “mapeados 20 millones de metros cúbicos de agua y seguimos levantando todas las piedras, así como seguimos buscando agua por todas partes y conforme vayamos encontrando la iremos poniendo sobre la mesa”, es decir, que buscarán fuentes de agua que no perjudiquen su producción y ganancia para seguir sobreexplotando los mantos acuíferos a su conveniencia.
También mencionó que la industria de Nuevo León usará más agua tratada en sus procesos, porque desde hace varios años ha bajado en promedio más de 600 milímetros la precipitación anual de agua y que, actualmente, más de 3 de cada 10 litros se van en fugas.
La búsqueda de nuevas fuentes de agua que no han sido explotadas será “apoyada” por las autoridades gubernamentales con la ayuda en la exploración y acondicionamiento de fosas profundas, es decir, a través del uso de los impuestos que se cobran a la población para el mantenimiento de la infraestructura hídrica.
En conclusión
Las empresas no están dispuestas a perder un sólo centavo para garantizar el derecho humano al agua de millones de personas en Nuevo León, tampoco para salvaguardar el vital recurso que debería ser destinado para el consumo humano.
Lejos de las afirmaciones de Jesús Heriberto Montes, gerente de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), de que “la escasez de agua en Monterrey no es grave ni catastrófica”, vemos que va de la mano con el incremento de incendios, producto del calentamiento global.
Por si esto fuera poco, la madrugada del martes 12 de abril, nuevamente se reportó fuera de control el incendio en la sierra de Santiago, Nuevo León, sumándose a los más de 2 mil incendios forestales que han consumido 50 mil hectáreas del territorio mexicano en lo que va de 2022.
La defensa del agua que hoy es encabezada por la Caravana por la Vida y el Agua, y que, denuncia el despojo capitalista en los Estados de Morelos, Oaxaca, Puebla y Veracruz, debe extenderse a lo largo y ancho del territorio mexicano. Es urgente que esta demanda sea incorporada por las organizaciones sociales, estudiantiles, feministas y sindicales, en la lucha por recuperar los recursos naturales, hídricos y energéticos en garras de las empresas trasnacionales y sus gobiernos afines.
¡El agua no se vende, el agua se defiende! |