El anuncio de esta medida que quiere implementar enseguida recibió el repudio de Amnistía Internacional y de varios organismos de derechos humanos por tratarse de una política profundamente xenófoba.
El plan consiste en trasladar a Ruanda a los solicitantes de asilo que crucen el Canal de la Mancha, este mismo jueves la ministra de Interior, Priti Patel, firmó un pre acuerdo con las autoridades ruandesas en Kigali (capital de ese país).
La excusa de Johnson es tomar medidas para combatir a los "viles traficantes de personas, que convierten las aguas del Canal de la Mancha en un cementerio". Pero para eso planea cerrarle las puertas a los migrantes, que llegan desesperados en busca de la esperanza de una vida aunque más no sea un poco mejor que la que dejan atrás en sus países. No solo eso, sino que en los hechos estarían retenidos por el Reino Unido y obligados a ir a Ruanda.
Ese país africano es miembro de la llamada "Mancomunidad Británica de Naciones" -la Commonwealth-, un conjunto de ex colonias que en su gran mayoría conservan fuertes lazos de dependencia con el viejo pirata imperialista.
La idea del gobierno británico, contemplado en ese pre acuerdo es otorgar unos 125 millones de libras (150 millones de euros) durante un periodo que sería de prueba para que Ruanda ponga en pie centros que procesen los pedidos de asilo. Los primeros permisos solo serían otorgados a hombres solteros. Es decir: el doble objetivo de esta iniciativa reaccionaria es conseguir mano de obra barata sin tener que lidiar con cuestiones de asistencia social para niñas, niños y las madres.
Para llevar adelante esta política pondrá vigilancia aérea, personal militar, helicópteros y drones. Como la pandemia recrudeció en muchos de los países más pobres las crisis sociales y económicas, en 2021 fueron 28.526 que cruzaron el Canal en pequeños botes y solicitaron asilo, 8.404 más que en el 2020. Y estas cifras solo se refieren a quienes lograron cruzar, no fueron deportados y pudieron iniciar trámites para obtener visas de permanencia.
La idea de Boris Johnson es incluir este plan en el proyecto de ley sobre Nacionalidad y Fronteras que se tramita actualmente en el Parlamento, que plantea la creación de centros para procesar trámites de inmigración fuera de las fronteras británicas.
El director de derechos de los refugiados de Amnistía Internacional, Steve Valdez-Symonds, alertó además sobre las violaciones de derechos elementales en Ruanda: "enviar personas a otro país, y más a uno con un historial de derechos humanos tan pésimo, para el ’procesamiento’ de asilo es el colmo de la irresponsabilidad". Se refiere a que en Ruanda, 28 años después del genocidio sobre la población de origen tutsi por parte de la etnia hutu -en el poder por aquel entonces- donde fueron exterminados aproximadamente ochocientas mil personas, continúan las desapariciones forzadas, torturas a los presos, y los opositores al gobierno de Paul Kagame, el presidente, son constantemente censurados.
Por su parte Refugee Action, también criticó el plan. Su director, Tim Naor Hilton puso como ejemplo a Australia cuando envió refugiados a miles de kilómetros de distancia, a campamentos donde afrontaron abusos: "el gobierno debería acordarse del horrible experimento de Australia".
En momentos en que la reaccionaria guerra en Ucrania y la respuesta de Estados Unidos y países centrales europeos con sus sanciones a Rusia, está provocando alzas en los precios de materias primas lo que ocasiona que millones tengan dificultades para acceder a alimentos básicos como el pan (se están observando fuertes y multitudinarias protestas en algunos países de Asia, África y Medio Oriente por lo inaccesible que se está volviendo el costo de los alimentos o de la energía). Distintos gobiernos imperialistas intentan reforzar el carácter reaccionario de sus Estados, sobre todo en materia de migrantes. | 
