Según consultoras, marzo registró 800 cortes de calle. Una cifra que podría convertirse en un récord. El informe marcha la confluencia de reclamos sociales con protesta contra el FMI. A pesar del rol de la cúpulas sindicales, en los sectores más castigados el descontento se empieza a mostrar. El gobierno, los grandes medios y la criminalización de la protesta.
El hambre, la pobreza y algunos reclamos laborales vienen alimentando la protesta social en los últimos meses. Aunque las conducciones sindicales han logrado contener la conflictividad más específicamente gremial, las organizaciones de trabajadores de desocupados han ganado protagonismo en lo que se ha convertido en un conflicto entre el Gobierno nacional y muchos gobiernos provinciales, y las organizaciones sociales.
Según la consultora Diagnóstico Político, que registra desde 2009 la cantidad de cortes de calle que se desarrollan en el país, marzo de 2022 alcanzó una cifra récord. Si enero tuvo unos 400 piquetes a nivel nacional, en febrero fueron 460 y en marzo treparon a 800. Los directores dela Consultora, preocupados, aseguran que “si se mantiene la tendencia, vamos a un año récord”.
Según sus estadísticas, el año pasado se produjeron más de 6.600. Fue la cifra más alta desde el 2014, cuando hubo 6.805 en el último tramo del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Durante el gobierno de Macri el año con más movilizaciones fue el 2016, con 6.490.
Según Roberto Chiti, director de la consultora, “la fuerte crecida en la interrupción de la libre circulación coincide con el reciente acuerdo entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI), muy resistido por movimientos de izquierda y agrupaciones que dependen de las asignaciones sociales del Estado”. Recordemos que en los últimos meses, desde diciembre al menos, se vienen produciendo distintas movilizaciones. Unas claramente políticas, como las que se realizaron el 11 de diciembre, 8 de febrero y el mismo 10 de marzo, que eran jornadas de protesta contra el acuerdo con el FMI.
Al mismo tiempo el ajuste del Gobierno a los trabajadores y trabajadoras desocupadas que cobran el Potenciar Trabajo ha aumentado las marchas que reclaman el aumento de la cantidad de programas y sus montos, hoy valuados en 16.500 pesos.
La combinación entre ambas protestas ha preocupado al gobierno, como dicen los analistas. La movilización contra el ajuste, pero ligado a la denuncia al FMI y a la propia gestión del Frente de Todos, es lo que quiere evitar.
Si bien por el rol de las cúpulas sindicales, es menor la cantidad de huelgas (que el estudio no mide) pero también de cortes, en las últimas semanas hemos visto distintas protestas de trabajadores ocupados. Entre ellas los conflictos de LATAM, citrus de Tucumán, municipales de Berazategui y de Patagones, así como marchas docentes en Río Negro y Córdoba, salud de Tucumán, RA Intertrading (textiles), docentes del Programa ATR, entre otros.
Los datos son utilizados por los grandes medios para alentar al Gobierno y a la oposición a un discurso más duro contra los reclamos. La criminalización de la protesta social está al orden del día. Ministros que acusan a desocupados de extorsionadores y derechistas que piden que les saquen los planes a quienes cortan calles.
El piquete, así como la huelga, es un método histórico de la clase trabajadora para pelear por sus demandas más sentidas. Los datos muestran que a pesar del rol de las conducciones sindicales y los movimientos sociales oficialistas, hay una malestar que logra expresarse, sobre todo si es canalizado por las organizaciones combativas.
También muestra la preocupación patronal: si esas protestas siguen creciendo, y si a los cortes se le suman las acciones de quienes controlan la producción, el ajuste sería “ingobernable”, palabra que les gusta usar a los medios amigos del poder.
